Ricardo Meléndez Rodríguez
Expediente 289/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Ricardo Meléndez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Como se advierte de la certificación de cuenta, transcurrió el plazo de diez días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, a fin de que recogiera el documento que allegó al sumario en que se actúa, sin que así lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto, por lo que se ordena su destrucción junto con el expediente.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejos, el acuerdo autorizado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual, Como se advierte de la certificación que antecede transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de dos de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho, en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. I. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. II. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. III. Orden de destrucción. Por lo que ve al presente sumario, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento a la parte quejosa. Por otro lado, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este órgano jurisdiccional el documento allegado por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda dentro del plazo de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito a recogerlo. VII. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por este dentro del plazo otorgado, será destruido junto con el expediente.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de dos de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho, en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Orden de destrucción. Por lo que ve al presente sumario, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento a la parte quejosa. Por otro lado, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este órgano jurisdiccional el documento allegado por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, requiérasele en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dos de abril de dos mil dieciocho. Autoridad responsable rinde informe justificado. Téngase por recibido el oficio 2206/2018 signado por el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexa un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogado dada su propia y especial naturaleza. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, así como el contenido del informe justificado rendido por la citada autoridad y el legajo certificado que allegó, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de dictar la sentencia interlocutoria dentro de los autos del juicio civil 129/2010, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que acreditó haber emitido la resolución correspondiente el veintisiete de marzo del año en curso. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda, fue subsanada con el dictado de la resolución de que se trata por parte del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintinueve minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Mónica Alejandra Vargas Domínguez, secretaria que autoriza y da fe.
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