RICARDO MELENDEZ ARREOLA y Otros.

Expediente 1108/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1108/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • RICARDO MELENDEZ ARREOLA y Otros.
  • Luz María Álvarez Montes
  • LUZ MARÍA ÁLVAREZ MONTES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de treinta de septiembre, se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se le desincorporaran de su esfera jurídica los artículos 22, fracción I, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, le devolviera las contribuciones erogadas por la parte quejosa en relación al pago de derechos por traspaso de giros. Luego, por oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veintinueve de septiembre de este año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el once de septiembre del presente año, hizo la entrega del cheque al quejoso, por la cantidad de doce mil setecientos sesenta y dos pesos con veintidós centavos, lo cual acreditó con la copia de entrega del cheque acompañado; asimismo, acompañó las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril de dos mil diecinueve, mientras que la responsable devolvió la cantidad respectiva el once de septiembre de dos mil veinte, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de agosto del año actual. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de agosto de este año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes agosto de dos mil veinte fue de 106.867 y para el mes de marzo del año anterior fue de 103.47, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.042. Ahora, dado que al monto de doce mil setecientos sesenta y dos pesos con veintidós centavos, al que se le descontó doscientos noventa pesos, quedando un total de doce mil doscientos cuarenta y dos pesos con setenta centavos por pago de derechos por traspaso de giros; luego, multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,756.89 (doce mil setecientos cincuenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $514.29 (quinientos catorce pesos con veintinueve centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad $12,756.89 (doce mil setecientos cincuenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional); luego, la autoridad le cubrió a la parte quejosa la cantidad de $12,762.89 (doce mil setecientos sesenta y dos pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional), resultando una diferencia de cinco pesos con treinta y tres centavos a favor de la parte quejosa, misma que resulta irrelevante para ordenar su devolución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. Notifíquese en los términos indicados y cúmplase.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por , en su carácter de Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable Recaudador de Rentas dependiente de la dependencia en cuestión, mediante el cual informa los actos tendentes para dar cumplimiento al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de mérito y anexo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el juicio de amparo 1108/2019, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de veinticuatro de julio del año actual (foja 92), remítase el sumario constitucional, en un tomo, así como el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto tal medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito, los dispositivos 84 y 89 de la legislación de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener, que la tramitación y resolución del recurso que se interpone en contra de la sentencia dictada en autos, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con domicilio en esta ciudad, toda vez que, los actos reclamados se hicieron consistir en: a) Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, en sus respectivas esferas de competencia, la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente el artículo 22, fracción I, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la citada ley. b) Del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la ejecución de los normativos reclamados, a través de la recaudación y cobro de derechos registrales, así como los impuestos para el fomento de la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con fundamento en el precepto 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento a las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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