Ricardo Medina Fierro

Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
297/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Medina Fierro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., de su índice. Ahora bien, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, previa en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El quejoso Ricardo Medina Fierro, promovió demanda de amparo contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en esta ciudad, donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, y se le impuso una multa por el equivalente a tres meses de salario mínimo general vigente para el Estado de Baja California. Luego, de la copia certificada que adjuntó la Sala responsable, al oficio de cuenta, relativa al auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, mismas que fueron valoradas en los párrafos que anteceden, se aprecia en lo que interesa lo siguiente: Ahora bien, tomando en consideración que los medios de apremio establecidos en el artículo 36 de la ley que rige a este Tribunal, tienen la finalidad de hacer cumplir las determinaciones que se dicten en los juicios contenciosos administrativos; por tanto, atendiendo a que en autos ya se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada dentro del presente juicio, el suscrito considera pertinente dejar sin efectos las multas impuestas tanto al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California como a los integrantes del Cabildo de manera personal mediante autos de fechas catorce de febrero y diez de mayo, ambos de de (sic) dos mil diecisiete, al haberse conseguido el fin que perseguían dichas sanciones. Gírese el oficio correspondiente al Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California, a efecto de que, en caso de haber iniciado el procedimiento administrativo de ejecución respectivo, lo deje sin efecto. Así también, atento a los diversos juicios de amparo promovidos por los integrantes del Cabildo en contra del auto donde se les impuso la multa, infórmese al Juzgado Octavo de Distrito la determinación contenida en el presente proveído, dado que han cesado los efectos del acto reclamado y pudiera actualizarse alguna causal de sobreserimiento (sic)." En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados en este juicio de garantías, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que se se dejó sin efectos la multa impuesta en proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, tanto al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, como a los integrantes del cabildo en lo personal, y al ser el aquí quejoso Ricardo Medina Fierro, integrante del cabildo y en contra de quien se impuso la multa reclamada, es claro que lo ordenado en dicho acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, por la Sala responsable le beneficia; de ahí que hayan cesado los actos aquí reclamados. Además de que también la Sala responsable informó que en el juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., se ordenó girar oficio al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en caso de haber iniciado el procedimiento administrativo de ejecución respectivo, lo dejará sin efectos. Por lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no haya anexado al oficio de cuenta, el diverso que refiere giró al Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, pues ésta última, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, lo que deriva que no se ha iniciado la ejecución de la multa y por ende acto que dejar sin efecto. En apoyo a lo anterior, se cita Conforme a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la autoridad responsable, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

  4. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 297/2017-VII-B, promovido por Ricardo Medina Fierro, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en Ensenada. 2. Recaudador de Rentas del Estado, en el Municipio de Ensenada, Baja California. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se integra por duplicado el presente incidente de suspensión del acto reclamado y se procede a su trámite y estudio, tomando en consideración la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. SOLICITUD DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, las cuales deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para el efecto se les remite copia de la demanda de garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las diez horas del catorce de junio de dos mil diecisiete. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Se concede la suspensión provisional solicitada, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en la ejecución de la multa impuesta al aquí quejoso, dentro del juicio contencioso administrativo 14/2016 T.S., del índice de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Lo anterior, por reunirse los requisitos del artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, que exige para la concesión de la suspensión lo siguiente: 1. Solicitarlo el agraviado; 2. No se siga perjuicio al interés social; y, 3. No se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte y por estar demostrado indiciariamente el interés suspensional de la parte quejosa. En cuanto al segundo y tercer requisito, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, primero por razón que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis que desglosa el artículo 129 de la norma multicitada, ni se puede catalogar como alguno similar en sus consecuencias. Aunado a que, de no concederse la suspensión, habría mayor afectación al quejoso, que a la misma sociedad, en razón que este puede ser afectado en su patrimonio. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se lleven a cabo en contra de la parte quejosa, actos tendentes a la ejecución y cobro de la multa impuesta y ordenada por el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del juicio contencioso administrativo número 014/2016 T.S, al aquí quejoso, mediante auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. FIJACIÓN DE GARANTÍA Sin lugar a fijar cantidad alguna para el efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, toda vez que el acto reclamado consiste en la imposición de una multa al impetrante de amparo, por lo que este acto no puede ocasionar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio de algún tercero, sino solo a los derechos del peticionario de amparo y por ende, las consecuencias de dicha medida no trascienden en la esfera jurídica de terceras personas, para estimar que deba fijarse monto por concepto de garantía, dado que únicamente existe relación entre la autoridad que impone la multa y el gobernado en contra de quien se impone. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Pípila, número 197-2, fraccionamiento Bahía Sur, en esta ciudad; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia a J. Jesús Orozco Robles, José Ángel García Alcaraz y Francisco Castro Franco, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. ESPECIFICACIONES VARIAS El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo en forma expresa señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se expide copia certificada por duplicado de esta determinación, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega.

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