Ricardo Martinez Ramirez
Expediente 1439/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Martinez Ramirez
- Ricardo Martinez Paulletti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Se notifica a la parte Tercero interesada Catalina Ramírez Bello y Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 138), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".deje sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emita una nueva purgando los vicios precisados en el presente fallo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante oficio 577, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, remitió copia certificada la resolución de veintitrés de febrero del presente año (fojas 120 a la 137 de los presentes autos), mediante el cual deja insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete y dictó una nueva purgando los vicios den fundamentación y motivación precisados en ejecutoria de amparo, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a la parte quejosa con la misma. De la ejecutoria de amparo, se advierte lo siguiente: ".Ciertamente, en la determinación que en esta instancia constitucional se analiza, la responsable no fundó ni motivo exhaustivamente la conclusión a la que se ha hecho referencia en acápites anteriores; y con ello la parte quejosa no quedara en estado de indefensión. En efecto, era obligación ineludible de la responsable, establecer a través de un proceso lógico jurídico pormenorizado de subsunción el fundamento y los motivos que le permitieron llegar a la conclusión alcanzada; lo anterior, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, al desconocer esos motivos que consideró la autoridad responsable para estimar que en el caso no se actualizaba la figura de usura, debido a que en la época de suscripción del contrato base de la acción la tasa de interés bancario oscilaba en el "7.32 por ciento a veintiocho días"; empero, sin indicar el motivo y el fundamento que tomó en consideración para llegar a esa conclusión, esto es, omitió señalar cuál fue la fuente que consultó o consideró para establecer ese porcentaje y el medio fue escrito o electrónico, así como también obvio mencionar el numeral que le permite tener en cuenta esa fuente. Así es, con la forma en que resolvió la responsable la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, no se permitió a la parte quejosa ser sabedor de lo antes plasmado; con lo que, se reitera, se le deja en estado de indefensión, al desconocer los motivos que llevaron a la responsable a concluir como lo hizo, así como de manera pormenorizada a través de un proceso lógico jurídico de subsunción entre los hechos, y el marco normativo correspondiente al razonamiento que le hizo llegar a la conclusión dogmática indicada en párrafos anteriores. En efecto, la responsable tiene la obligación de establecer cuáles fueron los motivos y fundamentos de manera pormenorizada, de porqué llegó a la conclusión indicada en párrafos precedentes; desde luego como se dijo, a través de un proceso lógico-jurídico, haciendo la respectiva correlación a la hipótesis normativa que aplicó; lo cual resulta necesario para que la parte quejosa no se encuentre en estado de indefensión; pues con la simple conclusión plasmada por la responsable, en forma dogmática, sin haber asentado los razonamientos correspondientes; violenta los derechos humanos de la amparista; pues como se adelantó, lo realizó de manera dogmática, sin invocar los razonamientos correspondientes, así como el o los numerales que la autorizan para llegar a esa determinación.." De lo anteriormente transcrito se advierte que en la resolución reclamada de diez de agosto de dos mil diecisiete la responsable resolvió de forma que no se permitió a la parte quejosa ser sabedor de los motivos que consideró la autoridad responsable para estimar que en el caso no se actualizaba la figura de usura; empero, sin indicar el motivo y el fundamento que tomó en consideración para llegar a esa conclusión, esto es, omitió señalar cuál fue la fuente que consultó o consideró para establecer ese porcentaje y el medio fue escrito o electrónico, así como también obvio mencionar el numeral que le permite tener en cuenta esa fuente.. Siendo por ello que no cumplió con la motivación y fundamentación requerida. Siendo así, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que dejara sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emitiera una nueva purgando los vicios precisados en el presente fallo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso, cierto es también que la autoridad responsable acredita, el cumplimiento a la ejecutoria mediante las constancias remitidas a este órgano jurisdiccional consistentes en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 120 de los presentes autos), documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2º. Lo anterior, es así ya que en la nueva determinación de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la autoridad responsable, se aprecia que se señala la fuente que consultó o consideró para establecer el porcentaje de la tasa de interés, así como el numeral que le permitió tener en cuenta dicha fuente, lo anterior es así ya que en su nueva determinación, fundamenta (fojas 120 a 137 de los presentes autos), motiva su actuar. En el entendido que el amparo se concedió para que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera una nueva determinación purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya aconteció. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, puesto que, dejó sin efectos la resolución reclamada y dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo, por lo tanto este Juzgado Federal Considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al valorar, explicar y fundamentar lo relativo a las acciones personales, precisándole al quejoso los motivos por los cuales la acción intentada en su contra es de aquellas consideradas personales. Una vez analizado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo. Siendo así, no se advierte que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en atención a que únicamente fundo y motivo su nueva determinación. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo y la parte actora, aquí quejosa tuvo conocimiento de lo anterior, mediante notificación que este Juzgado Federal le realizó. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III Y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva fueron concedidas. Como lo disponen los puntos Decimo, fracción I, Decimo Primero, Segundo Párrafo y Décimo Tercero y Vigésimo quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, hágase las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente y en los libros de gobierno; así mismo, de conformidad con el artículo 11, este expediente permanecerá en archivo durante un plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 21 y 22del acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados de la presente orden de archivo, el centro de Documentación y Análisis procederá a la depuración a las constancias que integran el presente expediente, de modo tal que solo se conserva la demanda y sentencia respetiva. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la protección de la Justica Federal, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Finalmente, infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 138), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".deje sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emita una nueva purgando los vicios precisados en el presente fallo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante oficio 577, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, remitió copia certificada la resolución de veintitrés de febrero del presente año (fojas 120 a la 137 de los presentes autos), mediante el cual deja insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete y dictó una nueva purgando los vicios den fundamentación y motivación precisados en ejecutoria de amparo, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que este Juzgado Federal, dio vista a la parte quejosa con la misma. De la ejecutoria de amparo, se advierte lo siguiente: ".Ciertamente, en la determinación que en esta instancia constitucional se analiza, la responsable no fundó ni motivo exhaustivamente la conclusión a la que se ha hecho referencia en acápites anteriores; y con ello la parte quejosa no quedara en estado de indefensión. En efecto, era obligación ineludible de la responsable, establecer a través de un proceso lógico jurídico pormenorizado de subsunción el fundamento y los motivos que le permitieron llegar a la conclusión alcanzada; lo anterior, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, al desconocer esos motivos que consideró la autoridad responsable para estimar que en el caso no se actualizaba la figura de usura, debido a que en la época de suscripción del contrato base de la acción la tasa de interés bancario oscilaba en el "7.32 por ciento a veintiocho días"; empero, sin indicar el motivo y el fundamento que tomó en consideración para llegar a esa conclusión, esto es, omitió señalar cuál fue la fuente que consultó o consideró para establecer ese porcentaje y el medio fue escrito o electrónico, así como también obvio mencionar el numeral que le permite tener en cuenta esa fuente. Así es, con la forma en que resolvió la responsable la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, no se permitió a la parte quejosa ser sabedor de lo antes plasmado; con lo que, se reitera, se le deja en estado de indefensión, al desconocer los motivos que llevaron a la responsable a concluir como lo hizo, así como de manera pormenorizada a través de un proceso lógico jurídico de subsunción entre los hechos, y el marco normativo correspondiente al razonamiento que le hizo llegar a la conclusión dogmática indicada en párrafos anteriores. En efecto, la responsable tiene la obligación de establecer cuáles fueron los motivos y fundamentos de manera pormenorizada, de porqué llegó a la conclusión indicada en párrafos precedentes; desde luego como se dijo, a través de un proceso lógico-jurídico, haciendo la respectiva correlación a la hipótesis normativa que aplicó; lo cual resulta necesario para que la parte quejosa no se encuentre en estado de indefensión; pues con la simple conclusión plasmada por la responsable, en forma dogmática, sin haber asentado los razonamientos correspondientes; violenta los derechos humanos de la amparista; pues como se adelantó, lo realizó de manera dogmática, sin invocar los razonamientos correspondientes, así como el o los numerales que la autorizan para llegar a esa determinación.." De lo anteriormente transcrito se advierte que en la resolución reclamada de diez de agosto de dos mil diecisiete la responsable resolvió de forma que no se permitió a la parte quejosa ser sabedor de los motivos que consideró la autoridad responsable para estimar que en el caso no se actualizaba la figura de usura; empero, sin indicar el motivo y el fundamento que tomó en consideración para llegar a esa conclusión, esto es, omitió señalar cuál fue la fuente que consultó o consideró para establecer ese porcentaje y el medio fue escrito o electrónico, así como también obvio mencionar el numeral que le permite tener en cuenta esa fuente.. Siendo por ello que no cumplió con la motivación y fundamentación requerida. Siendo así, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que dejara sin efectos la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, y en su lugar emitiera una nueva purgando los vicios precisados en el presente fallo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso, cierto es también que la autoridad responsable acredita, el cumplimiento a la ejecutoria mediante las constancias remitidas a este órgano jurisdiccional consistentes en la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (foja 120 de los presentes autos), documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2º. Lo anterior, es así ya que en la nueva determinación de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la autoridad responsable, se aprecia que se señala la fuente que consultó o consideró para establecer el porcentaje de la tasa de interés, así como el numeral que le permitió tener en cuenta dicha fuente, lo anterior es así ya que en su nueva determinación, fundamenta (fojas 120 a 137 de los presentes autos), motiva su actuar. En el entendido que el amparo se concedió para que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera una nueva determinación purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo, circunstancia que ya aconteció. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de su garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, puesto que, dejó sin efectos la resolución reclamada y dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo, por lo tanto este Juzgado Federal Considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al valorar, explicar y fundamentar lo relativo a las acciones personales, precisándole al quejoso los motivos por los cuales la acción intentada en su contra es de aquellas consideradas personales. Una vez analizado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo. Siendo así, no se advierte que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en atención a que únicamente fundo y motivo su nueva determinación. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción dictó otra el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, pero purgando los vicios precisados en la ejecutoria de amparo y la parte actora, aquí quejosa tuvo conocimiento de lo anterior, mediante notificación que este Juzgado Federal le realizó. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III Y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva fueron concedidas. Como lo disponen los puntos Decimo, fracción I, Decimo Primero, Segundo Párrafo y Décimo Tercero y Vigésimo quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, hágase las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente y en los libros de gobierno; así mismo, de conformidad con el artículo 11, este expediente permanecerá en archivo durante un plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 21 y 22del acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados de la presente orden de archivo, el centro de Documentación y Análisis procederá a la depuración a las constancias que integran el presente expediente, de modo tal que solo se conserva la demanda y sentencia respetiva. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la protección de la Justica Federal, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Finalmente, infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y a los Terceros interesados Catalina Ramírez Bello, Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Ricardo Martínez Paulette, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte Tercero interesada Catalina Ramírez Bello y Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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