Ricardo Martínez Hernández

Expediente 1863/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1863/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1863/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de mayo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 1863/2018-IV, promovido por RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, constante de cincuenta y cinco fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del quince y diez ambos de mayo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 1863/2018-IV, promovido por RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, constante de cincuenta y cinco fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe. ...V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 1863/2018, auxiliar 191/2019, promovido por RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en Cuernavaca, Morelos, RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia de la unión, en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades las siguientes: ORDENADORA: a).- SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, A.C. AUTORIDAD EJECUTORA: a).- PRESIDENTE DEL SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora la violación a mis derechos humanos, consagrados en Nuestra Constitución Federal, al quererme negarme el derecho al agua para consumo personal y doméstica en forma suficiente, saludable aceptable y asequible, en especial en el artículo 4 de Nuestra Constitución Federal, ya que sin razón alguna me Cortaron el Suministro de agua potable en mi domicilio ubicado en j. gonzalez ortega numero 404 DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE CUAUTLA MORELOS, Ya que a pesar de querer pagar mi consumo de gua potable, no me quieren recibir el pago hasta que no pague una cuota de doscientos pesos por toma de agua, a lo cual me he negado, ya que se roban el dinero y luego uno tiene que poner dinero que ellos se robaron, además desde hace mas de dos años nos tandean el agua, solo recibimos dos días el servicio de agua y por pocas horas y el pasado jueves sin previo aviso y aprovechando que el suscrito no estaba en mi domicilio se presentaron personas del sistema de agua potable y rompieron mi banqueta y me cortaron el suministro de agua potable de mi domicilio." En su escrito de demanda la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 4, de la Constitución federal; y expresó conceptos de violación. Segundo.- Por razón de turno, la demanda se recibió el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado segundo, y por auto de día veintiuno siguiente se admitió a tramite, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito; y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- Son ciertos los actos que se reclaman del Sistema de agua potable de la colonia Benito Juárez y su Presidente, pues así se desprende del informe justificado que rindieron. TERCERO.- Previo al estudio del fondo del asunto, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, sea que lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia que aparece visible a páginas 553 y 554 tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, fracción II de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Lo anterior es así, ya que en el caso el quejoso se duele del corte de suministro de agua potable en su domicilio ubicado en J. González Ortega, número 404 de la Colonia Benito Juárez de Cuautla, Morelos, por parte del Sistema local de agua potable de la Colonia Benito Juárez, A.C., sin embargo a ésta no le asiste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Sistema local de agua potable de la Colonia Benito Juárez, A.C., se advierte que en dieciséis de junio de dos mil ocho, se llevó a cabo una asamblea (foja 35 a 37), que en lo que interesa, se dice: ".estando presentes el C. José Guadalupe García Castillo en su carácter de presidente, Francisco F. Hidalgo López en su carácter de secretario y Juan Eduardo Deaquino Cervantes en su carácter de tesorero, así como los socios y/o usuarios del Sistema Local de Agua Potable de la colonia Benito Juárez, a fin de llevar a cabo una asamblea ordinaria con el siguiente orden del día: (.) 7) Se trató el tema referente a los deudores del Sistema Local de Agua Potable de la colonia Benito Juárez. (.) SOBRE EL PUNTO SIETE.- se expuso el tema de los deudores y que si existía una negativa de no cubrir el pago de su adeudo a partir de 4 meses o más de adeudo se procediera al corte inmediato de la toma de agua potable, mismo que se sometió a votación y todos los asistentes a la asamblea aprobaron que sea procedente el corte de toma de agua. (.)" De lo antes expuesto, se advierte, en principio la relación que existe entre los particulares Ricardo Martínez Hernández, aquí quejoso, y el referido Sistema local de agua potable de la Colonia Benito Juárez, A.C., donde su relación, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación derivada de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio en el caso concreto de agua potable, y el socio adquieren derechos y obligaciones, conforme al contenido del acta de asamblea transcrita, la cual es de observancia general para todos los socios y/o usuarios de la asociación civil citada, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los numerales 133, 142 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo cual no puede ser considerado un acto de autoridad ni equiparable para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, tal y como sucede en el presente caso; de ahí que se surta la causal de improcedencia invocada. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia de la novena época, registro 189353, emitida por la pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 2001, página 693, que dice: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Asimismo, tiene aplicación por las razones que la exponen, la tesis emitida por el cuarto Tribunal Colegiado de circuito del centro auxiliar de la tercera región, en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro VI, tomo 2, página 1074, marzo de dos mi doce, número de registro electrónico 2000317, de rubro y texto siguiente: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación de los servicios públicos municipales corresponde originariamente a los Ayuntamientos; sin embargo, en el Estado de Jalisco pueden auxiliarse para ello, por ejemplo, de una asociación civil de colonos, que mediante la aportación de cuotas de recuperación acordadas por sus miembros obtiene los recursos necesarios. Por su parte, en términos de los numerales 172, 181 y 182 del Código Civil de la citada entidad, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación al adquirir un bien en la zona que representa aquélla, y tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes, además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de cuotas para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos". En consecuencia, al ser improcedente el juicio de amparo, debe sobreseerse en el mismo, conforme lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy diez de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Fernando López de la O, Secretario que autoriza y da fe. LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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