Ricardo Martínez Corona

Expediente 863/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
863/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Martínez Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE MEDIANTE OFICIO 6034, SE HIZO DEL CONOCIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUE SE TUVO POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO, TRANSCURRIÓ SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y REMITASE COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN LA CAUSA PENAL 42/2015, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, P0RECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. A sus autos el oficio del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 4349/2018, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 534/2018-IV, promovido por Ricardo Martínez Corona; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Así las cosas, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada en resolución de catorce de mayo del año en curso, mediante la cual el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Corona, dado que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, en la causa penal 42/2015. Ahora bien, debe precisarse que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON "COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE "AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE "DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, "AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO "DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE "AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°., 34, "45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la "Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la "existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que "constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo "directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su "tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y "resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los "primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las "últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por "concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes "para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) "Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de "acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos "ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de "definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los "indicados presupuestos procesales permite afirmar que el "orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en "primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del "juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, "debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de "Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de "amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un "presupuesto procesal previo en su orden, impide que se "aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el "Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de "las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias "que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando "no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto "en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo "en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente "la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia "definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la "competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el "cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para "analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su "caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de "definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas "cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. "16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de "la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de "examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, "no son acordes en lo conducente con el contenido de las "disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que "serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de "Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto "transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que de la lectura de la demanda de amparo vista como un todo, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que seguida la causa penal en sus etapas procesales, el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, misma que el ahora quejoso señala como acto reclamado, junto con su aclaración de ocho de marzo de la presente anualidad. Inconforme con dichas determinaciones el quejoso promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que en contra de la sentencia que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de apelación, previsto por el artículo 337 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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