RICARDO MARTIN ROJO DOMINGUEZ y Otros.

Expediente 951/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
951/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • RICARDO MARTIN ROJO DOMINGUEZ y Otros.
  • Roberto Álvarez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VII CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII (citatorio) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito de cuenta signado por el representante común de la parte quejosa *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de diez de diciembre anterior, la cual subsistió en acuerdos de veintidós de febrero y nueve de marzo, del año en curso. En consecuencia, téngase por cumplido los requerimientos formulados y déjese sin efectos los apercibimientos respectivos. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, del escrito de demanda y escritos aclaratorios se obtiene que la parte quejosa reclama en esencia: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veintisiete, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México; y su ejecución, atribuido al Presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. El escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se solicitó la reubicación de los Tribunales Laborales a la ciudad de Toluca, atribuido al Director de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado de México. Sin que se tenga como acto destacado la instalación de los Juzgados o Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial del Estado de México, en el municipio de Xonacatlán, pues se considera que propiamente constituye un concepto de violación. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. Sin que se tengan como acto reclamado la respuesta del Director de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado de México, al escrito de solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, pues a consideración del suscrito constituye un concepto de violación. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado antes citado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Para abordar el estudio respectivo, es importante invocar las normas generales citadas: "Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, la parte quejosa comparece al juicio, alegando tener un interés legítimo para combatir el acuerdo del Pleno de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veinte, publicado el cuatro de junio anterior, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México y el escrito de veinticinco de noviembre de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través del cual solicitaron la reubicación de los Tribunales Labores a la ciudad de Toluca. Al respecto, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como notas distintivas del interés legítimo las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de actos reclamados que derivan de una relación laboral, donde las autoridades señaladas como responsables no tienen dicho carácter para los efectos del juicio de amparo. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las anteriores consideraciones derivan de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Correlativo a ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo (antes transcritos), establecen dos reglas para acudir al juicio de amparo: a) El referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho [interés jurídico]; y, otra que, b) Se refiera a un interés legítimo individual o colectivo. Respecto al tema que nos ocupa, del interés jurídico o legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que ambos suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple, que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Además, que el interés legítimo no necesita de la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí requiere que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo, ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Lo anterior, deriva de tesis 2a.XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De la anterior tesis se puede advertir, como elemento para acreditar el interés legítimo, que se cause una afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, lo cual supone que corresponde a las personas que por su situación particular y en correlación con el poder público en cumplimiento de la ley, tienen interés en conservar un beneficio o evitar un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales, de modo que pretenden una actuación legal del poder público; además, se vislumbra que para que se configure el interés legítimo es necesario que, de concederse el amparo, se produzca un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Por otra parte, destaca que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo anterior quedo plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, es necesario destacar que la parte quejosa como se indicó, reclama el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veintisiete, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México; y su ejecución, así como el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se peticiónó la reubicación de los Tribunales Laborales a la ciudad de Toluca; por lo que se advierte que los promoventes carecen de interés legítimo para controvertirlo y por tanto, el juicio de amparo es improcedente, ya que su pretensión se basa en una expectativa que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados, pues el aludido acuerdo combatido, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México, deriva del ejercicio de la facultad del Comité Interno de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, sin que tal decisión deba ser aprobada o sometida a la consideración, aprobación o ratificación de los ciudadanos. En ese contexto, no se advierte que los actos reclamados cause una afectación al interés legítimo individual de la parte impetrante, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, la parte quejosa guarda una situación genérica no especial frente a la decisión adoptada por la autoridad señalada como responsable; es decir, no se afecta su interés legítimo, en tanto no le genera un agravio diferenciado al resto de los demás habitantes de la entidad, y que tal agravio sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que impugna ante una eventual concesión de amparo, le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierto. Aunado a que en el tema que nos ocupa, entre el quejoso y las autoridades responsables no existe una relación de supra a subordinación, ni siquiera de coordinación, pues se insiste en que no se advierte que sea el destinatario del decreto reclamado. Por tanto, no bastaría aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual y que se alegue que los actos reclamados violan los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en términos de su numeral 1°, como lo pretende el recurrente, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico, lo que no aconteció en la especie. En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés jurídico de los quejosos, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." De igual forma, se cita por mayoría de razón la jurisprudencia 2a./J. 24/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VII DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito de cuenta signado por el representante común de la parte quejosa *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de diez de diciembre anterior, la cual subsistió en acuerdos de veintidós de febrero y nueve de marzo, del año en curso. En consecuencia, téngase por cumplido los requerimientos formulados y déjese sin efectos los apercibimientos respectivos. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, del escrito de demanda y escritos aclaratorios se obtiene que la parte quejosa reclama en esencia: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veintisiete, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México; y su ejecución, atribuido al Presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. El escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se solicitó la reubicación de los Tribunales Laborales a la ciudad de Toluca, atribuido al Director de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado de México. Sin que se tenga como acto destacado la instalación de los Juzgados o Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial del Estado de México, en el municipio de Xonacatlán, pues se considera que propiamente constituye un concepto de violación. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. Sin que se tengan como acto reclamado la respuesta del Director de Atención Ciudadana del Poder Judicial del Estado de México, al escrito de solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, pues a consideración del suscrito constituye un concepto de violación. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado antes citado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última en relación con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Para abordar el estudio respectivo, es importante invocar las normas generales citadas: "Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (.) En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso concreto, la parte quejosa comparece al juicio, alegando tener un interés legítimo para combatir el acuerdo del Pleno de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veinte, publicado el cuatro de junio anterior, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México y el escrito de veinticinco de noviembre de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través del cual solicitaron la reubicación de los Tribunales Labores a la ciudad de Toluca. Al respecto, conviene precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como notas distintivas del interés legítimo las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de actos reclamados que derivan de una relación laboral, donde las autoridades señaladas como responsables no tienen dicho carácter para los efectos del juicio de amparo. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las anteriores consideraciones derivan de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Correlativo a ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo (antes transcritos), establecen dos reglas para acudir al juicio de amparo: a) El referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho [interés jurídico]; y, otra que, b) Se refiera a un interés legítimo individual o colectivo. Respecto al tema que nos ocupa, del interés jurídico o legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que ambos suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple, que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Además, que el interés legítimo no necesita de la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí requiere que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo, ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Lo anterior, deriva de tesis 2a.XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De la anterior tesis se puede advertir, como elemento para acreditar el interés legítimo, que se cause una afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, lo cual supone que corresponde a las personas que por su situación particular y en correlación con el poder público en cumplimiento de la ley, tienen interés en conservar un beneficio o evitar un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales, de modo que pretenden una actuación legal del poder público; además, se vislumbra que para que se configure el interés legítimo es necesario que, de concederse el amparo, se produzca un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Por otra parte, destaca que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo anterior quedo plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, es necesario destacar que la parte quejosa como se indicó, reclama el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de veintisiete de mayo de dos mil veintisiete, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México; y su ejecución, así como el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaído a su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se peticiónó la reubicación de los Tribunales Laborales a la ciudad de Toluca; por lo que se advierte que los promoventes carecen de interés legítimo para controvertirlo y por tanto, el juicio de amparo es improcedente, ya que su pretensión se basa en una expectativa que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados, pues el aludido acuerdo combatido, por el que se aprueba el cambio de domicilio de diferentes juzgados con la finalidad de ejecutar la obra pública necesaria que albergue a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México, deriva del ejercicio de la facultad del Comité Interno de Obra Pública del Poder Judicial del Estado de México y del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, sin que tal decisión deba ser aprobada o sometida a la consideración, aprobación o ratificación de los ciudadanos. En ese contexto, no se advierte que los actos reclamados cause una afectación al interés legítimo individual de la parte impetrante, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, la parte quejosa guarda una situación genérica no especial frente a la decisión adoptada por la autoridad señalada como responsable; es decir, no se afecta su interés legítimo, en tanto no le genera un agravio diferenciado al resto de los demás habitantes de la entidad, y que tal agravio sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que impugna ante una eventual concesión de amparo, le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierto. Aunado a que en el tema que nos ocupa, entre el quejoso y las autoridades responsables no existe una relación de supra a subordinación, ni siquiera de coordinación, pues se insiste en que no se advierte que sea el destinatario del decreto reclamado. Por tanto, no bastaría aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual y que se alegue que los actos reclamados violan los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en términos de su numeral 1°, como lo pretende el recurrente, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico, lo que no aconteció en la especie. En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés jurídico de los quejosos, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." De igual forma, se cita por mayoría de razón la jurisprudencia 2a./J. 24/2020, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VII ESCRITO ACLARATORIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito de signado por el representante común de la parte quejosa *****, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de diez de diciembre de dos mil veinte y que subsistió en auto de veintidós de febrero del año en curso. Atento a su contenido, dígase al promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención de que fue objeto el diez de diciembre de dos mil veinte, por lo que hace al segundo punto, en el que se le previno para: "SEGUNDO. Aclarar los actos reclamados y precisar si la norma que tilda de inconstitucional, la reclama con motivo de su entrada en vigor, o con motivo de su aplicación, especificando cuál es el acto en el que se aplicaron; lo anterior, porque se estima que el ocurso inicial de demanda no es claro en cuanto a ese tópico.". Asimismo, en diverso acuerdo de veintidós de febrero de la presente anualidad, se hizo del conocimiento al quejoso que subsistía la prevención, ya que no estaba desahogando el aludido punto y que ha quedado transcrito, pues en su ocurso aclaratorio presentado el dieciocho de febrero último en la Oficialía de Partes Común, continuaba haciendo referencia a un acto de aplicación de la norma combatida (sin precisar cuál), lo que era indicativo de que pretendía instar con interés jurídico y por otro lado, aducía que acude al juicio de amparo con interés legítimo (esquema bajo el cual no hay acto de aplicación de la norma, sino una afectación indirecta). Ahora bien, en el escrito aclaratorio que se atiende y que fue presentado el cinco de los cursantes en la Oficialía de Partes Común, se advierte que el promovente señala: De lo anterior, se desprende que el ocursante se limita a señalar sólo los actos reclamados, sin especificar cuál es el acto de aplicación, como se le ha indicado en los acuerdos de diez de diciembre del año pasado y veintidós de febrero último. SUBSISTE PREVENCIÓN. En tal virtud, se determina que subsistente la prevención de que fue objeto. Se precisa a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de un día (término que le resta de los cuatro días señalados en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno- en el que quedó subsistente la prevención-), dado que fue notificado de dicho acuerdo de veintidós de febrero último, el uno de marzo del presente año por medio de lista, por lo que dicha notificación surtió efectos el dos siguiente y el término restante de cuatro días, empezó a correr el tres del mes y año que transcurren y fenecían el ocho de los actuales. Por tanto, si del sello de recepción del ocurso aclaratorio que se atiende, se evidencia que éste se presentó en la Oficialía de Partes Común, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, esto es, en el tercer día de los cuatro restantes, por tanto, le resta uno para el desahogo. Lo anterior, se ilustra de la siguiente manera: Notificación del auto de 10 de diciembre de 2020 Surte efectos Transcurre 1 día de los 5 concedidos Transcurren 2 días de los 5 concedidos Transcurren 3 días de los 5 concedidos Transcurren 4 días de los 5 concedidos Fenece día 5 del término concedido (5 días) 17 dic 2020 18 dic 2020 18 de feb 2021 (se reanudan plazos) Presentación escrito de desahogo en la Oficialía de Partes Común 19 feb 2021 LE RESTA PARA DESAHOGAR 1 22 feb 2021 LE RESTA PARA DESAHOGAR 2 23 feb 2021 LE RESTA PARA DESAHOGAR 3 24 feb 2021 LE RESTA PARA DESAHOGAR 4 Notificación del auto de 22 de febrero de 2020 Surte efectos 03 marzo 2021 04 marzo 2021 05 marzo 2021 08 marzo 2021 01 marzo 2021 02 marzo 2021 Transcurre 1 día de los 4 restantes señalados en auto de 22 feb 2021 Transcurren 2 días de los 4 restantes señalados en auto de 22 feb 2021 Transcurren 3 días de los 4 restantes señalados en auto de 22 feb 2021 DIA 4 DE LOS 4 RESTANTES (FENECIAN LOS 4 DIAS RESTANTES) LE RESTA 1 DÍA Presentación escrito de desahogo en la Oficialía de Partes Común Se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado y en el término señalado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención de diez de diciembre de dos mil veinte y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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