Ricardo Márquez Hernández
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2022
Partes del expediente
- Ricardo Márquez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por *********************, en virtud del cual desahoga la prevención de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual señala como actos reclamados, los siguientes: "a) Se reclama de quien fungió como Director del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Lic. Pedro Alberto Aguilar Cueto la elaboración y emisión de los documentos memorándum CESPVN/STJN/0537/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 y el oficio CESPVN/DIR/017/2022 de fecha 10 de enero y notificado a mi persona el 25 de enero de 2022. b) Se reclama del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la elaboración del oficio SCG/OICSS/729/2022 de fecha 28 de marzo notificado a mi persona el 5 de abril de la presente anualidad, y también por tener íntima relación con el primero señalado los oficios SCG/OICSS/252/2022, SCG/OICSS/253/2022 ambos emitidos el 2 de febrero de 2022, y el SCG/OICSS/448/2022 de fecha 22 de febrero. [.]" Ahora bien, debe traerse a colación el sentido de la prevención de dieciséis de mayo del año en curso, en la cual expresamente se requirió lo siguiente: "En tales circunstancias, deberá aclarar lo anterior y puntualmente señalar lo siguiente: Si pretende reclamar el memorándum CESPVN/TJN/0537/2019 de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Precisar claramente los diversos oficios, memorandos y demás actos que, en su caso, pretenda reclamar. Al respecto, deberá proporcionar las fechas de cada uno de los actos que señale, así como las fechas de notificación respectivas, adjuntando las constancias que sustenten su dicho." Énfasis añadido Sentido de la determinación. Primeramente, resulta clara la omisión por parte del quejoso de desahogar la prevención en los términos precisados para tal efecto, esto es, es omiso en proporcionar las fechas de notificación del memorándum CESPVN/STJN/0537/2019 y de los oficios SCG/OICSS/252/2022, SCG/OICSS/253/2022 y SCG/OICSS/448/2022, razón por la cual resulta imposible para este juzgado analizar la procedencia o no de dichos actos que pretende reclamar. En segundo lugar, la parte quejosa refiere que, respecto de los diversos oficios CESPVN/DIR/017/2022 de diez de enero de dos mil veintidós y SCG/OICSS/729/2022 de veintiocho de marzo del mismo año, los mismos fueron notificados los días veinticinco de enero y cinco de abril del año en curso, respectivamente, lo que se traduce en que la demanda de amparo que nos ocupa, respecto del primer oficio de los referidos, resulta extemporánea, en términos del artículo 61, fracción XIV y en relación con el diverso 17, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) --- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . En esa misma línea, por lo que hace al oficio SCG/OICSS/729/2022 de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, del cual el quejoso aduce haber sido notificado el cinco de abril del mismo año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, vinculado con sus supuestos previstos en la Ley de la materia, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías. En ese sentido, el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Aunado a que las causales de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos del promovente. Con el fin de demostrar lo anterior, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: . En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable señalar que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.1 Empero, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, siempre y cuando dicha violaciones superen lo meramente adjetivo, es decir, cuando los actos sean de imposible reparación, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Bajo esa tesitura, respecto a los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: . el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que nonecesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". En ese contexto, se puede concluir que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal -siempre y cuando no rebasen lo puramente procedimental-, toda vez que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable o una sentencia acorde a sus pretensiones, al agotar los medios de impugnación ordinarios a su alcance. Razones de la improcedencia. Del análisis que ahora se realiza, se tiene que el quejoso reclama lo siguiente: "b) Se reclama del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la elaboración del oficio SCG/OICSS/729/2022 de fecha 28 de marzo notificado a mi persona el 5 de abril de la presente anualidad ." En ese sentido, es importante señalar que en dicho acto, el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente informa al quejoso la ausencia de alguna irregularidad detectada con motivo del ejercicio del servicio público del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en relación a las diversas manifestaciones hechas valer por el hoy quejoso dentro del expediente CI/SSP/G/023/2022, radicado ante el Órgano Interno de Control de la autoridad en cita; acto que debe entenderse como intraprocesal, el cual solo afecta derechos adjetivos y no sustantivos. De ahí que, puede estimarse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado es de carácter intraprocesal, pues no pone fin a una instancia administrativa y no rebasa lo puramente procedimental, por lo que no puede considerarse que no tenga reparación alguna para hacer procedente el juicio de garantías; lo anterior es así, ya que no afecta los derechos protegidos a través de las garantías individuales, que deban ser analizados mediante el juicio constitucional. De ahí que el oficio SCG/OICSSC/729/2022 de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, derivado del expediente administrativo CI/SSP/G/023/2022, no es una actuación que le cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional. Así, debe considerarse que respecto del acto bajo análisis se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.2 Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta.3 En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) es advertible con claridad de los antecedentes narrados; (ii) hay pruebas documentales [anexos de la demanda que contienen el acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado (lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos); (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Conclusión Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la misma legislación, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ********, contra actos del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Agréguese a los autos el escrito firmado por ******************, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita la práctica de notificaciones derivadas del asunto en cuestión, vía electrónica. Como lo solicita, se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario ******************* que corresponde al promovente. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Autorizada. Téngase como autorizada para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ******************. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintiocho de abril del año en curso. En ese sentido, es menester traer a colación que en la prevención en comento, se precisó lo siguiente: . como se aprecia, la parte quejosa señaló los actos que reclama de la autoridad a quien se los atribuye; sin embargo, del cuerpo del escrito de demanda de cuenta se advierte que hace alusión a diversas autoridades y actos . .siendo que esto debe ser precisado por la parte quejosa y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la Litis constitucional; .; en la inteligencia de que la parte promovente tiene la obligación no solo de señalar cuales son las autoridades que deberán ser emplazadas con el carácter de responsables, sino también, de atribuirles los actos reclamados de una manera directa y exacta." Énfasis añadido Así, del escrito de desahogo del promovente, se advierte que no señala con precisión, tal como le fue requerido, los actos que pretende reclamar, toda vez que, si bien en el capítulo de "acto reclamado" señala que lo es el "oficio SCG/OICSS/729/2022 de fecha 28 de marzo notificado a mi persona el 5 de abril de la presente anualidad [.] y también por tener íntima relación con el primero señalado los oficios SCG/OICSS/252/2022, SCG/OICSS/253/2022 ambos emitidos el 2 de febrero de 2022, y el SCG/OICSS/448/2022 de fecha 22 de febrero", lo cierto es que, dentro del contenido del escrito de desahogo que nos ocupa, hace alusión, de nueva cuenta, a diversos oficios y memorandos, así como a las autoridades que los emitieron; al respecto se citan algunas de dichas manifestaciones: "Y a pesar de que es evidente y tangible la violación de la que me considero agraviado, pues quedó establecida en los documentos memorándum CESPVN/STJN/0537/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 y el oficio CESPVN/DIR/017/2022 de fecha 10 de enero [.]" "Esto lo considero así, -precisando-, porque mediante escrito de fecha 3 de enero y recibido el 5 de enero de 2022 (anexo 1) le hice de conocimiento al órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que la emisión del memorándum CESPVN/STJN/0537/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 signado por el Servidor Público, Lic. *************************, Director del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte de la Ciudad de México (anexo 2), mediante el cual ORDENÓ MI CAMBIO DE FUNCIONES Y DE ÁREA DE TRABAJO ., VIOLENTA la Constitución Política Mexicana específicamente el artículo 14 por transgredir el principio de que 'la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite´." "Con su actuar el servidor público Lic. Pedro Alberto Aguilar Cueto VIOLA mi derecho consagrado en la Constitución Política Mexicana y las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del D.F. hoy Ciudad de México y diversos cuerpos legales, pues con el contenido implícito en el memorándum de referencia ATENTA contra su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos" "Debiendo precisar que la esencia de mi petición fue que dejara sin efectos su memorándum de fecha 31 de diciembre de 2019, por INJUSTO, ILEGAL Y VIOLATORIO DE MIS DERECHOS HUMANOS. Como Director del Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte y como superior jerárquico de la oficina de recursos humanos tuvo la facultad de solicitar a esta oficina mi número telefónico e incluso mi dirección particular, todo ello en el ánimo de cumplir con su obligación constitucional, empero nunca tuvo intención de dar respuesta a mi oficio. ." Por lo anterior, no es posible para este órgano advertir con claridad los actos que la parte quejosa pretende reclamar, así como las autoridades a quienes los atribuye, razón por la cual no es posible tener por atendida plenamente la referida prevención. Sentido de la determinación. Por lo anteriormente precisado, es dable prevenir de nueva cuenta a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículos 108, fracción IV y, 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 111, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión de los actos reclamados. Como ya se precisó, el quejoso no es claro en señalar los actos que pretende reclamar por la vía constitucional, siendo que esto debe ser precisado por la parte quejosa y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del numeral 108 de la ley de la materia. La circunstancia descrita genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional respecto al acto reclamado que se impugna en este juicio. En tales circunstancias, deberá aclarar lo anterior y puntualmente señalar lo siguiente: Si pretende reclamar el memorándum CESPVN/TJN/0537/2019 de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Precisar claramente los diversos oficios, memorandos y demás actos que, en su caso, pretenda reclamar. Al respecto, deberá proporcionar las fechas de cada uno de los actos que señale, así como las fechas de notificación respectivas, adjuntando las constancias que sustenten su dicho. Es aplicable al caso, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte 1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO" De igual forma, sustenta lo anterior, la tesis visible en la página 290, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro indica: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCIÓN." 2. Copias. Deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Lo anterior, siempre y cuando el desahogo de la presente prevención no se realice de manera electrónica. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". 1 Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con lo solicitado, dentro del plazo señalado, se proveerá lo conducente, únicamente respecto a los oficios SCG/OICSS/729/2022 de fecha veintiocho de marzo, SCG/OICSS/252/2022, SCG/OICSS/253/2022 de dos de febrero y SCG/OICSS/448/2022 de veintidós de febrero, todos del año en curso. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras. Para lo anterior, se le hace saber al promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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