Ricardo Manuel de Atocha Alpuche Moguel

Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
266/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Manuel de Atocha Alpuche Moguel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado en autos con el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; provéase únicamente respecto de la destrucción de dichos incidentes tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo.

  2. Principal

    Vistos el estado que guardan los presentes autos, y nuevamente el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente de las autoridades responsables, lo siguiente: La emisión El Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. ( La reforma contenida en el Decreto 344/2021, del párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. ( La ejecución de la referida norma por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En consecuencia, en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tanto que con las constancias existentes en autos no se acredita la existencia del acto concreto de aplicación de los actos legislativos reclamados. Ahora bien, antes de proseguir es dable entender que son las normas autoaplicativas y cuáles las heteroaplicativas, a fin de dilucidar la naturaleza de la norma impugnada en la presente vía de amparo. Para que una norma se considere autoaplicativa debe reunir las características necesarias conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo. Esto es, para actualizar el interés legítimo cuando el destinatario del mensaje (parte quejosa) impugne una norma por estimar que lo estigmatiza, deberán acreditarse los requisitos siguientes: a) Que se combata una norma de la cual se pueda extraer un mensaje perceptible objetivamente -que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, sin que sea requisito necesario exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas. b) Que se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos -origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas-. c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje. Ahora bien en cuanto a la norma heteroaplicativa para efectos del juicio de amparo, se requiere de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. Por lo anterior debe reiterarse que el presente juicio es improcedente, en virtud de que la citada porción normativa es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que la sola entrada en vigor del Decreto norma reclamada no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que la misma versa sobre la sujeción a las medidas de prevención sanitaria, así como la determinación de las faltas graves y su correspondiente imposición de sanciones, las cuales se actualizarán en la esfera de derechos de la parte quejosa, al momento en que la autoridad encargada de su ejecución, en el caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, imponga una multa, basándose en los numerales impugnados como inconstitucionales, es decir, es necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad, para afectar la esfera de derechos de los gobernados, ello, ya que la naturaleza de la norma, deriva de la actuación de éstos últimos frente al ordenamiento jurídico. Por lo anterior, debe decirse que en el presente caso, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para acudir al presente amparo, ya que como refiere en su escrito de demanda, acude a esta instancia constitucional, no en virtud de un acto de aplicación, sino en virtud de la entrada en vigor de la norma; por ende, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para profundizar en la actualización de la causa de improcedencia que se invocó, es menester señalar que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés jurídico, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto debe decirse que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]". De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Ahora bien, en el caso la parte quejosa no impugna la norma con motivo de un acto de aplicación, sino que la combate directamente, al considerar que se transgrede sus derechos protegidos por los artículos 1º, 11, 14, 16 21 29 y 133 constitucionales, consistentes a sus derechos de libertad personal, libertad de tránsito, derecho a la propiedad privada individual y derecho a la seguridad jurídica. Por tanto, resulta necesario determinar si este decreto reclamado reúne las características necesarias para ser autoaplicativo conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo, cuya afectación se hace valer en el presente caso. En el caso, se reitera, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin necesidad de algún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso de ser heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, y entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo del artículo en cita. Para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, es necesario acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección de la justicia Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, de terceros que actúan en su auxilio, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en el precepto impugnado por actualizarse sus supuestos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198200, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, se cita la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 148, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006963, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." En ese sentido, y precisado lo anterior, la parte quejosa reclama la emisión del Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, y la reforma contenida en el Decreto 344/2021, del párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, como es el establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. El cual aduce generarle afectación directa con la sola entrada en vigor de dicho precepto. Preceptos de los cuales se desprenden las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, implementadas por el Gobernador de la entidad, en el Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y que derivaron en establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, mismas tienen el objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. De lo anterior, se puede observar que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que para ello se requiere de una condición para que sus efectos pudieran materializarse en su perjuicio, esto es, era indispensable un acto de aplicación en concreto, mismo que no acontece. Se explica, para que la norma irrogue perjuicio al gobernado, es necesaria la actualización del supuesto jurídico que prevé, a saber, la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención del vehículo. Sin embargo, la parte quejosa no demostró ubicarse en la situación jurídica de hecho que prevé la norma, es decir, no acreditó ser merecedor de la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención de su vehículo, por no haber respetado las medidas de prevención sanitaria. Por tanto la parte quejosa debió demostrar que la norma impugnada afecta su esfera jurídica acreditando tal afectación a través de las probanzas respectivas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico. Lo anterior se sostiene con la jurisprudencia 2a./J. 12/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196641, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos.Ello es así, porque cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 267, Tomo I, Primera Parte-1, Enero- Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206527, que establece: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Tiene aplicación la tesis 2ª. LXVII/2014 (10ª.), con registro digital 2006986, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Libro 8, julio de 2014,Tomo l, página 403, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente." Así como la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, julio de 2002, página 64, con registro digital 186676, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad.

  3. Principal

    Vistos el estado que guardan los presentes autos, y nuevamente el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente de las autoridades responsables, lo siguiente: La emisión El Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. ( La reforma contenida en el Decreto 344/2021, del párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. ( La ejecución de la referida norma por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En consecuencia, en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tanto que con las constancias existentes en autos no se acredita la existencia del acto concreto de aplicación de los actos legislativos reclamados. Ahora bien, antes de proseguir es dable entender que son las normas autoaplicativas y cuáles las heteroaplicativas, a fin de dilucidar la naturaleza de la norma impugnada en la presente vía de amparo. Para que una norma se considere autoaplicativa debe reunir las características necesarias conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo. Esto es, para actualizar el interés legítimo cuando el destinatario del mensaje (parte quejosa) impugne una norma por estimar que lo estigmatiza, deberán acreditarse los requisitos siguientes: a) Que se combata una norma de la cual se pueda extraer un mensaje perceptible objetivamente -que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, sin que sea requisito necesario exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas. b) Que se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos -origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas-. c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje. Ahora bien en cuanto a la norma heteroaplicativa para efectos del juicio de amparo, se requiere de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. Por lo anterior debe reiterarse que el presente juicio es improcedente, en virtud de que la citada porción normativa es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que la sola entrada en vigor del Decreto norma reclamada no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que la misma versa sobre la sujeción a las medidas de prevención sanitaria, así como la determinación de las faltas graves y su correspondiente imposición de sanciones, las cuales se actualizarán en la esfera de derechos de la parte quejosa, al momento en que la autoridad encargada de su ejecución, en el caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, imponga una multa, basándose en los numerales impugnados como inconstitucionales, es decir, es necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad, para afectar la esfera de derechos de los gobernados, ello, ya que la naturaleza de la norma, deriva de la actuación de éstos últimos frente al ordenamiento jurídico. Por lo anterior, debe decirse que en el presente caso, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para acudir al presente amparo, ya que como refiere en su escrito de demanda, acude a esta instancia constitucional, no en virtud de un acto de aplicación, sino en virtud de la entrada en vigor de la norma; por ende, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para profundizar en la actualización de la causa de improcedencia que se invocó, es menester señalar que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés jurídico, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto debe decirse que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]". De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Ahora bien, en el caso la parte quejosa no impugna la norma con motivo de un acto de aplicación, sino que la combate directamente, al considerar que se transgrede sus derechos protegidos por los artículos 1º, 11, 14, 16 21 29 y 133 constitucionales, consistentes a sus derechos de libertad personal, libertad de tránsito, derecho a la propiedad privada individual y derecho a la seguridad jurídica. Por tanto, resulta necesario determinar si este decreto reclamado reúne las características necesarias para ser autoaplicativo conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo, cuya afectación se hace valer en el presente caso. En el caso, se reitera, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin necesidad de algún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso de ser heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, y entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo del artículo en cita. Para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, es necesario acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección de la justicia Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, de terceros que actúan en su auxilio, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en el precepto impugnado por actualizarse sus supuestos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 198200, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, se cita la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 148, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006963, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." En ese sentido, y precisado lo anterior, la parte quejosa reclama la emisión del Decreto 344/2021, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, y la reforma contenida en el Decreto 344/2021, del párrafo primero del artículo 451; así como la adición del artículo 166 Bis al capítulo l del título noveno y la tabla de sanciones graves, Grupo 3-C, al anexo l, "Catalogo de Sanciones", del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, como es el establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, que tengan por objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. El cual aduce generarle afectación directa con la sola entrada en vigor de dicho precepto. Preceptos de los cuales se desprenden las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, implementadas por el Gobernador de la entidad, en el Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y que derivaron en establecer sanciones administrativas a los conductores de vehículos que no respeten las medidas de prevención sanitaria que disponga el titular del Ejecutivo o la autoridad sanitaria del Estado, mismas tienen el objeto limitar o restringir temporalmente, la circulación de vehículos, como resultado de una emergencia sanitaria. De lo anterior, se puede observar que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que para ello se requiere de una condición para que sus efectos pudieran materializarse en su perjuicio, esto es, era indispensable un acto de aplicación en concreto, mismo que no acontece. Se explica, para que la norma irrogue perjuicio al gobernado, es necesaria la actualización del supuesto jurídico que prevé, a saber, la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención del vehículo. Sin embargo, la parte quejosa no demostró ubicarse en la situación jurídica de hecho que prevé la norma, es decir, no acreditó ser merecedor de la imposición de una multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y/o la retención de su vehículo, por no haber respetado las medidas de prevención sanitaria. Por tanto la parte quejosa debió demostrar que la norma impugnada afecta su esfera jurídica acreditando tal afectación a través de las probanzas respectivas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico. Lo anterior se sostiene con la jurisprudencia 2a./J. 12/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196641, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos.Ello es así, porque cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 267, Tomo I, Primera Parte-1, Enero- Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206527, que establece: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Tiene aplicación la tesis 2ª. LXVII/2014 (10ª.), con registro digital 2006986, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Libro 8, julio de 2014,Tomo l, página 403, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente." Así como la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVI, julio de 2002, página 64, con registro digital 186676, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa.

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