Ricardo Madrid Gumeta

Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
230/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Madrid Gumeta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, quince de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del acto de veinticuatro de abril del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese...

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los oficios del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Titular de la Ponencia "E" de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las constancias relativas del expediente *****, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la falta de radicación de la demanda interpuesta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, así como la omisión de señalar fecha y hora para llevar acabo la audiencia conciliatoria. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda interpuesta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, así como de señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia conciliatoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de abril del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda interpuesta por el aquí quejoso, toda vez que mediante auto de catorce de marzo de la presente anualidad (foja 37), le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación proporcionara el domicilio correcto de la autoridad demandada Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, mismo que le fue notificado el cinco del mes y año en curso (foja 42), sin que en el término otorgado por la multicitada responsable, el quejoso diera cumplimiento a lo requerido. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de radicar la demanda interpuesta así como de señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia conciliatoria, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Titular de la Ponencia "E" de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del expediente *****, de su índice. Ahora bien, de las constancias que adjunta la responsable, se advierte que mediante acuerdo de catorce de marzo del año en curso le requirió al aquí quejoso para que en el termino de tres días proporcionara el domicilio correcto de la demandada Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural; el cual le fue notificado el cinco de abril de la presente anualidad, plazo que a la data ha transcurrido, sin que se tenga conocimiento de lo acordado respecto a la solicitud realizada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento dado al requerimiento de catorce de marzo del año en curso dentro del expediente ***** de su índice; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá en la audiencia respectiva, multa de cien unidades de medida y de actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en términos del ordinal 258 de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las actuaciones posteriores al dictado del auto de catorce de marzo del año en curso dentro del expediente **** de su índice; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá en la audiencia respectiva, multa de cien unidades de medida y de actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en términos del ordinal 258 de la ley de la materia. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE.

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