Ricardo Macias Troncoso
Expediente 996/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2022
Partes del expediente
- Ricardo Macias Troncoso
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
Actuaciones
- Principal
Juicio de Amparo 996/2022 En esta fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste.Mexicali, Baja California, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de uno de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por (1) Ricardo Macías Troncoso; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional.Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se desprende que notificación realizada a la parte quejosa del proveído de desechamiento de demanda de uno de julio del año en curso, fue efectuada personalmente con un abogado autorizado, según el razonamiento actuarial obrante en autos; sin embargo, de la lectura de la demanda, no se advierte que hubiese sido autorizada a persona alguna para representar a la impetrante ni para oír y recibir notificaciones en este sumario constitucional, sino únicamente, fue señalado un domicilio para tal efecto, sin abogados autorizados, tal como incluso, quedó asentado en el propio auto de radicación y de desechamiento aludido, emitido por este Juzgado Federal. Se comisiona al actuario. Por tanto, instrúyase al Actuario de la Adscripción para que proceda a realizar la notificación a la parte quejosa del auto de uno de julio del año en curso, personalmente con esta última en el domicilio señalado para tal efecto, y en caso de no localizarla directamente, proceda conforme a derecho en términos de la Ley de Amparo; y una vez hecho lo anterior, integre la notificación respectiva, tanto al expediente electrónico como al impreso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR LUISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE *********** EL SIGUIENTE AUTO QUE REZA: EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, RACCION I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO: Mexicali, Baja California, a uno de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) ************, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 996/2022. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [...]" El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de estudio en otro juicio de amparo, esto en los términos de la fracción IX del propio numeral, la que prevé que el diverso juicio deberá estar promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Antes de continuar, resulta pertinente precisar que los asuntos que se tramitan ante este Juzgado constituyen hechos notorios; por tal razón, y en concordancia con lo expuesto por la misma parte quejosa se advierte que en este órgano de control constitucional también se tramitó el juicio constitucional 530/2019, básicamente contra el mismo acto que hoy se reclama, el cual fue igualmente promovido por (1) Ricardo Macías Troncoso, juicio que a la fecha actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo, al actualizarse la causal de improcedencia deducida del artículo 61, fracción XI, de la Ley de la Materia, según se explica enseguida. En efecto, de la demanda que dio origen a dicho asunto, se advierte que se reclamó básicamente lo siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con domicilio en (.). IV. ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha 14 de Junio de 2019, el cual me fue notificado el día 14 de junio de 2019. [.] VII. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a esta Autoridad que los siguientes hechos y abstenciones del Acto Reclamado son ciertos: 1. Que el suscrito promoví ante la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE juicio laboral, el día 30 de octubre de 2018, el cual fue radicado bajo el número de expediente 2218/2018 ante la junta especial número Uno. 2. Que en fecha 20 de marzo de 2019 tuvo verificativo la audiencia CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, la cual no se desahogó en virtud de no estar emplazados los demandados, luego entonces, se volvió a señalar fecha para su desahogo el día 14 de junio de 2019. 3. Que en fecha 14 de junio de 2019 tuvo verificativo la audiencia CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, la cual no se desahogó en virtud de no estar emplazados los demandados, luego entonces, se volvió a señalar fecha para su desahogo el día 11 de noviembre de 2019." Asimismo, conviene destacar que en la sentencia definitiva dictada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve en aquél contradictorio federal -530/2019-, la cual quedó firme por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, al no haberse promovido en su contra recurso de revisión alguno; los efectos para los cuáles fue otorgada la protección constitucional, abarcan toda la fase inicial, en tanto que así se advierte de la siguiente trascripción del apartado respectivo de dicha sentencia: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dentro del juicio laboral 2218/2018-1A, la junta responsable deberá dejar sin efectos la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para las ocho horas con treinta minutos del día 11 de noviembre de dos mil diecinueve y, en su lugar, deberá fijar una nueva fecha para su celebración respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en caso que ya hubiese iniciado la audiencia en cuestión o bien se encuentre próxima a su celebración, a efecto de no retardar más el procedimiento natural, deberá concluir la primera de las etapas de la audiencia, esto es la de conciliación, conforme a la ley de la materia. Finalmente, la junta responsable, deberá remitir a este juzgado de distrito, el emplazamiento de los diversos demandados Grupo de Inteligencia Armado Salud y Seguridad de Occidente, Sociedad Civil, y quien resulte responsable de la fuente de trabajo. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional, deben limitarse única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. En tal virtud, por tratarse ello de un hecho notorio para esta autoridad, con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se tiene a la vista para resolver el presente, sin necesidad de obtener copias certificadas para ser agregadas a los presentes autos. Pues bien, como se advierte de todo lo antes expuesto, el diverso juicio biinstancial 530/2019, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, fue promovido por el mismo quejoso, en relación a la misma autoridad responsable -Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali-, y esencialmente contra el propio acto de reclamo consistente en la expedición de la justicia lenta y retardada fuera de los términos que señala la Ley Federal del trabajo en Vigor en el numeral 883, en el juicio laboral radicado bajo el expediente 2218/2018 en la fase inicial en el presente juicio laboral; lo anterior, al igual que en el presente juicio de 996/2022, según se advierte claramente del escrito de demanda con que se dio cuenta; donde básicamente se reclama:Así, conviene resaltar que como se anticipó, de las constancias obtenidas del diverso sumario, se aprecia que aquél el juicio de amparo, fue otorgada la protección de la justicia federal a efecto de que se lograra el emplazamiento de la parte demandada y el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral burocrático 2218/2018; asunto que aún está en etapa de cumplimiento del fallo protector. Pues bien, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, estriba en que dicho acto reclamado ya fue materia de análisis constitucional por parte de este propio Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al resolver el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el juicio de amparo 530/2019, también promovido por el aquí quejoso contra la misma autoridad -Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali-, y se trata básicamente de los mismos actos, por las mismas violaciones constitucionales, en tanto que en ambos juicios se alega la falta de emplazamiento a las demandadas y la omisión de celebrar la audiencia trifásica en el juicio laboral de origen; por tanto, los actos reclamados en ambos asuntos consisten en el retardo en la impartición de justicia en la fase inicial en el mismo juicio laboral génesis. De tal forma que, en caso que la parte quejosa esté inconforme con el actuar de la autoridad responsable en relación al cumplimiento del diverso juicio de amparo 530/2019 -en el que por cierto, aún no se resuelve que el fallo protector está cabalmente cumplido-, tiene expedito su derecho para que, en caso de considerarlo pertinente, promueva los medios legales procedentes. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar de plano en el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en tanto como se evidenció, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar un acto de autoridad que es materia juzgada de un diverso juicio de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. No designó. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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