Ricardo Macedo Naime

Expediente 13/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
13/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Macedo Naime
  • Auditoría Superior de la Federación

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Juzgado remite exhorto diligenciado Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 132/2020, con orden 217/2020, del índice de este juzgado, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Anotaciones En consecuencia, se ordena dar de baja dicha comunicación oficial y realizar las anotaciones en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, vistas las constancias que adjunta la exhortada, se evidencia que el quejoso Ricardo Macedo Naime, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México, dentro del término de tres días concedido en proveído de once de diciembre de dos mil veinte; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, se ordena practicar las notificaciones correspondientes en este asunto, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Estado procesal Por otra parte, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se advierte que el seis de octubre de dos mil veinte, se ordenó librar un exhorto a fin de notificar al quejoso ********************del contenido de ese acuerdo; sin embargo, no se envió dicha comunicación oficial******************** Sin que sea necesario dar de baja en el libro de gobierno ni en el Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, en virtud de que no se realizó anotación alguna******************** Notificación por exhorto al quejoso******************** En ese contexto a fin de evitar dilaciones procesales y tomando en consideración que el quejoso ********************tiene su domicilio en ********************, esto es fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional; por ende, con apoyo en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por única ocasión a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1) Notifique al quejoso ********************el proveído de seis de octubre de dos mil veinte y el presente acuerdo, en el domicilio ubicado en ****************************************2) Lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que ese surta efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo se le harán por medio de lista que se fija en el local de este juzgado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos********************Así, previo escaneo de las constancias conducentes, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes******************** Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE)********************De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada.

  3. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito signado por ********************, mediante el cual señala autorizados y solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Autorizados Con relación los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Copias certificadas Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena la expedición de copias certificadas que solicita, previa razón que por su recibo se deje en autos. En este sentido, se precisa que de no estar disponible el sistema de fotocopiado por la emergencia sanitaria, la copia autorizada deberá expedirse cuando se encuentre en funciones el centro de fotocopiado anexo a este órgano judicial.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el la Magistrada del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 13/2020, así como el testimonio de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido en el conflicto competencial CCA 3/2020; en la cual, se determinó declarar a este juzgado competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ricardo Macedo Naime. Acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, Ricardo Macedo Naime, promovió demanda de amparo contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Actos reclamados. La orden de bloqueo, aseguramiento, retención, congelamiento o cualquier acción similar de las cuenta y contratos, en la que el quejoso es titular, beneficiario o co firmante, correspondiente a las cuentas siguientes: - Cuenta de cheques 60-58818739-2, del Banco Santander (México) Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. - Cuenta de cheques 245-96384-001-5, del Banco Regional del Norte (Banregio), Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. - Cuenta de cheques 1074286280, del Banco Mercantil del Norte (Banorte), Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple. Autoridades responsables. Auditoria Superior de la Federación (ordenadora). 2) Titular del Sistema de Administración Tributaria SAT (ejecutora). 3) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV (ejecutora). Desechamiento Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por tanto, después de analizar la demanda de amparo en su integridad, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que sobre los actos que se tildan de inconstitucionales, no se cumplió con el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." A su vez, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión; [.]" Los artículos transcritos contienen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que tiene que ver con la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que solo procede respecto actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el supuesto de la fracción que se examina no es absoluta sino que admite algunas excepciones, a saber: a) Que no se obtenga la suspensión de los efectos de los actos. b) Cuando se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva. c) Cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como el derecho fundamental de audiencia. d) Cuando el acto carezca de fundamentación. En ese sentido, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 28, prevé la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y para su obtención no son necesarios requisitos superiores a los previstos por la Ley de Amparo. Criterio visible en la tesis de jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2004553, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, materia Común, página 1446, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Lo anterior, aunado a que del libelo de demanda, no se advierte que la parte quejosa reclame normas generales. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sus fracciones I, II, III, IV y V, establecen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.". De lo anteriormente trascrito se desprende que el citado artículo establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. También como las que causen un agravio en materia fiscal distinto a las anteriores; en ese sentido, el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, vinculado con la fracción II, del artículo 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establecen la competencia de dicho tribunal para conocer del mencionado juicio. Así pues, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. Debe concluirse que los actos dictados por autoridades fiscales federales en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley, así como las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación encuentra reparabilidad por ese medio. Incluso, de reclamarse la notificación de la resolución administrativa, ya sea que no fue notificado o que lo fue ilegalmente, conforme al artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es materia del juicio contencioso administrativo. En ese orden de ideas, resulta indiscutible, que el promovente de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió agotar en contra de los actos que señaló como reclamados, ese mecanismo defensivo ordinario, esto es, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la legislación secundaria, la Ley de Amparo y la jurisprudencia establezcan, actualizándose así la hipótesis prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que la existencia de dicho juicio deja plena certidumbre y convicción de la existencia de la causa de improcedencia que se invoca. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008807 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, materia(s): Administrativa, Común, página 783, cuyo rubro y texto son: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Asimismo, se cita, por las razones que la informa la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2004254, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, Materia(s): Común, página 1470, cuyo rubro y texto son: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Sin que sea el caso de considerar, que se esté en el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en que sólo se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Cierto, la parte quejosa no planteó únicamente violaciones directas a la Constitución, pues de la lectura de la demanda inicial de amparo, se advierte que si bien esbozó violación directa al derecho fundamental de audiencia, tutelado en el artículo 14 de la Constitución Federal. También, en los conceptos de violación, hizo valer cuestiones de legalidad previstas en el imperativo 16 Constitucional, traducidos en esencia que, el mandamiento de ejecución impugnado, no se informó a la aquí quejosa; argumento que puede ser atendido por el Tribunal Administrativo en el juicio correspondiente, en el que es posible ofrecer y desahogar las pruebas, así como formular los alegatos conducentes. Por lo que, las violaciones que aduce la parte quejosa no son únicamente de las llamadas directas, sino también indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen violaciones de legalidad a la normatividad ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Séptima Época, con registro: 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, tercera parte, materia Común, página 119, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por ello, en la especie, no se cumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues los actos que se reclaman, no tienen carácter de definitivo, ya que son susceptible de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación. Se insiste, la parte quejosa previo a ejercitar la acción constitucional de amparo contra el bloqueo, aseguramiento, retención o congelamiento de cuentas, debió acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a promover el juicio de nulidad al encuadrar en el supuesto del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción II, del artículo 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Sustenta lo expuesto, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008718 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo II, materias Común y Administrativa, página 1377, cuyo rubro y texto son: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento cierto de los actos reclamados, con motivo del trámite del presente juicio constitucional, toda vez que el artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, establece reglas específicas para cuando se alega, como en el presente caso, desconocer las notificaciones de los actos o resoluciones. En este supuesto, la autoridad al contestar la demanda, acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. Criterio visible en la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2014434, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, junio de 2017, tomo II, materia administrativa, página 1095, cuyo rubro y texto son: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE REQUERIRSE A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA Y DE SU NOTIFICACIÓN, CUANDO OMITA ANEXARLAS A SU CONTESTACIÓN. El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que si el actor manifiesta desconocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad demandada debe acompañar a su contestación constancia de la misma y de su notificación; sin embargo, nada dice respecto de los restantes documentos que deben anexarse en términos del artículo 21 del ordenamiento legal citado como son, entre otros, las copias de la contestación de la demanda y de los documentos anexos para correr traslado al actor y al tercero. En ese sentido, cuando la autoridad demandada cumpla oportunamente con su deber de contestar la demanda acompañando constancia de la resolución administrativa impugnada y de su notificación, pero omita anexar las copias de traslado respectivas, debe atenderse a los artículos 15, penúltimo párrafo y 21, penúltimo párrafo, de la ley indicada y requerírsele para que las exhiba dentro del plazo legal respectivo, habida cuenta que ello no implica que se le conceda una segunda oportunidad para producir su defensa ni significa reavivar un acto que resultaría inexistente si operara la preclusión probatoria por no acompañar a su contestación la constancia de la resolución impugnada y de su notificación, que es lo que se pretende evitar con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.117/2011 (*), en el sentido de que no es dable requerir a la autoridad a efecto de que exhiba las referidas documentales cuando omita anexarlas a la contestación de la demanda. Asimismo, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2010224, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 23, octubre de 2015, tomo II, materia administrativa, página 1840, cuyo rubro y texto son: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA DEMOSTRAR ASPECTOS QUE EL ACTOR DESCONOCÍA HASTA ESE ENTONCES, DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE UNA NUEVA AMPLIACIÓN. De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.) (*), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio contencioso administrativo federal, el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una formalidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto que aquél pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para combatir las razones y fundamentos de la resolución impugnada o de otros actos que desconocía al presentar su demanda inicial, en la inteligencia de que el ejercicio de ese derecho no está limitado, lo que se explica al tener en cuenta que los supuestos de ampliación de la demanda previstos en los artículos 16, fracción II y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pueden actualizarse sucesivamente en un mismo juicio, como acontece, por ejemplo, cuando en la demanda inicial el actor manifiesta desconocer la resolución que pretende impugnar y al contestar la ampliación de la demanda, la autoridad introduce cuestiones novedosas. En ese contexto, si al contestar la ampliación de la demanda la autoridad exhibe una documental con el fin de acreditar aspectos que el actor desconocía hasta ese entonces, debe concedérsele la oportunidad de ampliar de nueva cuenta su demanda para que pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar su validez, habida cuenta que ello no se puede realizar en la etapa de alegatos, pues el hecho de que en ésta puedan objetarse las pruebas ofrecidas por las autoridades en cuanto a su alcance y valor probatorio, no significa que se esté en posibilidad de formular conceptos de invalidez y ofrecer pruebas para impugnar los aspectos novedosos que introduce la autoridad al contestar la demanda o su ampliación." Por tanto, ante la actualización de las causales de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de que se trata por notoriamente improcedente. Notificación por exhorto al quejoso. Ahora, tomando en consideración que el quejoso Ricardo Macedo Naime, tiene su domicilio en Calle Milwaukee, número setenta (70), Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03840 de la Ciudad de México, esto es fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional; por ende, con apoyo en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por única ocasión a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: 1) Notifique al quejoso Ricardo Macedo Naime, el presente acuerdo, en el domicilio ubicado en Calle Milwaukee, número setenta (70), Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03840 de la Ciudad de México. 2) Lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que ese surta efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, con el apercibimiento que de no hacerlo se le harán por medio de lista que se fija en el local de este juzgado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Así, previo escaneo de las constancias conducentes, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano