Ricardo Luna Velázquez

Expediente 1071/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1071/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Luna Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ..EJECUTORIA. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Luna Velázquez, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I

  2. Principal

    ..AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con un minuto del cinco de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1071/2020-I, promovido por Carlos Raúl Martínez Martínez, en representación de Ricardo Luna Velázquez, ante Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con la secretaria Lucía Flores Miranda, sin la asistencia personal de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; a fin no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia. Habida cuenta que el artículo 5, fracción III, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, establece que las audiencias constitucionales puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Por lo que, se declara abierta la audiencia. Relación de constancias y pruebas. Acto seguido, la secretaria hace una relación de las constancias destacadas de autos entre las que se encuentran el escrito de demanda e informes justificados. La suscrita acordó: ténganse por relacionadas las constancias de este juicio para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el período probatorio. Se tienen como pruebas de la autoridad responsable Jueza Calificadora del Segundo Turno, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo las documentales consistentes en copia certificada del parte informativo número SSPTYV/DPP/UAPR/141/2020, certificado médico a nombre del quejoso, constancia de lectura de derechos y acuerdo de barandilla de trece de diciembre de dos mil veinte, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Se cierra el período. Etapa de alegatos. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. La jueza cierra este periodo. Acto continuo, procede a dictar la siguiente: SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1071/2020-I, promovido por Carlos Raúl Martínez Martínez, en representación de Ricardo Luna Velázquez, contra actos del Secretario, Jueza Calificadora del Segundo Turno, y Elementos, todos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo. ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue ante el secretario de guardia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de trece de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERA. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, porque se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. A fin de efectuar tal precisión, conviene señalar que en el escrito inicial se señalaron como actos reclamados el arresto administrativo, la incomunicación y malos tratos. Sin embargo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que el quejoso fue puesto a disposición de la jueza calificadora responsable, con motivo de que esté fue detenido al incurrir en una falta administrativa (orinar en la vía pública); autoridad quien, en acuerdo de barandilla de trece de diciembre de dos mil veinte, le impuso una multa por la cantidad de $868.30 (ochocientos sesenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional), la cual podía ser permutada por trabajo a favor de la comunidad. Esto es, aunque se privó de la libertad al quejoso, ello no obedeció a una orden de arresto, sino que fue detenido por elementos de seguridad en virtud de la falta administrativa en que incurrió, y por la que se le impuso la multa antes referida. En ese tenor, se tienen como actos reclamados la privación de la libertad de Ricardo Luna Velázquez, la incomunicación y malos tratos. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Secretario, Jueza Calificadora del Segundo Turno, y Elementos, todos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, consistentes en la incomunicación y malos tratos pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Tampoco es cierto el acto de privación de la libertad atribuido Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, pues así lo manifestó al rendir su informe. En tales condiciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por tales actos. CUARTA. Existencia del acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Jueza Calificadora del Segundo Turno, y Elementos, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, pues así lo manifestaron al rendir su informe. Además, la existencia del acto se corrobora con la copia certificada del parte informativo número SSPTYV/DPP/UAPR/141/2020, certificado médico a nombre del quejoso, constancia de lectura de derechos y acuerdo de barandilla de trece de diciembre de dos mil veinte, que la jueza calificadora acompañó a su informe justificado, las cuales adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTA. Improcedencia. No habrá de analizarse la constitucionalidad de los actos ni los conceptos de violación, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, según sea el caso. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la paralización definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es la de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando el acto sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, como quedó asentado en líneas precedentes, Carlos Raúl Martínez Martínez, promovió juicio de amparo en representación de Ricardo Luna Velázquez, contra la privación de su libertad. La Jueza Calificadora del Segundo Turno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, Hidalgo, al rendir informe, manifestó que el quejoso había sido sancionado por la falta administrativa en que incurrió, en términos del artículo 21 constitucional, que Ricardo Luna Velázquez ingresó el trece de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas con veinte minutos, quedando en libertad a las veintiún horas con cuarenta y seis minutos de esa misma fecha. De la copia certificada del acuerdo de barandilla de trece de diciembre de dos mil veinte, se advierte que en virtud de la conducta desplegada por el aquí quejoso consistente en orinar, defecar o escupir en la vía pública o en lugar visible al público, se le impuso una multa por la cantidad de $868.30 (ochocientos sesenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional), la cual podía ser permutada por trabajo a favor de la comunidad. En ese sentido, de acuerdo con lo manifestado por la jueza calificadora, tenemos que el quejoso fue puesto a su disposición a las catorce horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veinte, con motivo de que esté fue detenido al incurrir en una falta administrativa (orinar en la vía pública). Además, la jueza responsable señaló que a fin de salvaguardar la integridad física del detenido y atendiendo a su edad (51 años), era procedente esperar a que disminuyera el grado de intoxicación por alcohol que presentaba. Luego, a las veintiún horas con cuarenta y seis minutos de esa misma fecha, fue puesto en libertad. De lo reseñado, se tiene que Ricardo Luna Velázquez fue puesto a disposición de la jueza de calificadora con motivo de una infracción administrativa; sin embargo, esa autoridad determinó imponerle una multa la cual podría ser permutada por trabajo en favor de la comunidad, que fue retenido para salvaguardar su integridad física, debido a que de ponerlo en inmediata libertad se pondría en riesgo atendiendo a su edad y el grado de intoxicación por alcohol que presentaba. Luego, la detención del quejoso cesó en sus efectos ya que fue puesto en libertad; es decir, fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que se considera que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, registro 193758, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de acuerdo con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Luna Velázquez, por los razonamientos expuestos en las consideraciones jurídicas tercera y quinta de esta determinación...M-I

  3. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de la reanudación de plazos y términos decretada mediante la Circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por el diverso Acuerdo General 37/2020, se señalan las nueve horas con un minuto del cinco de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional...M-I

  4. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, TERMINADA DE ENGROSAR EL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diana Breña Valencia apoderada de Adrián Hernández Islas, respecto de la autoridad y acto precisados en el antecedente primero y considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto de este fallo....M-III

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