Ricardo Luna Parra
Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Luna Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Jefa del Centro de Atención al Público de Correos de México, con residencia en la ciudad de Oaxaca; visto su contenido, hágase de su conocimiento los acuses de recibo a que hace referencia ya obran en autos; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; visto su contenido, téngasele informando que en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, les solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ricardo Luna Parra, mediante el cual manifiesta que actualmente se encuentra gozando de todos sus derechos que tiene como interno en el penal al haber dejado sin efecto el acta administrativa de sanción disciplinaria impuesta. Ahora, tomando en consideración que por auto de fecha dos de marzo actual, este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y dada la conformidad del quejoso en su cumplimiento, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de febrero del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso RICARDO LUNA PARRA, para el efecto de que "la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS", Oaxaca, residentes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, deje insubsistente el acta administrativa de imposición de corrección disciplinaria de siete de enero de dos mil dieciséis, en la cual se impuso como corrección disciplinaria al quejoso Ricardo Luna Parra, setenta y seis días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia, y como consecuencia declare la nulidad del procedimiento administrativo de que se trata, incluyendo dicha corrección disciplinaria". En auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. La autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación no. 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante oficio no. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/02762/2017, de uno de febrero de dos mil diecisiete, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, acompañando copia certificada del acta que se levantó con motivo de la sesión ordinaria número 04/2017, celebrada por el Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la que se acordó "dejar sin efecto el acta administrativa de imposición de sanción disciplinaria de fecha siete de enero de dos mil dieciséis impuesta por el entonces Consejo Técnico Interdisciplinario, en la cual se le impuso como corrección disciplinaria a la persona privada de su libertad de nombre Ricardo Luna Parra, consistente en una sanción de 76 días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia y como consecuencia se declara nulo el citado procedimiento administrativo"; remitiendo las constancias respectivas. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CEFERESO NÚM. TRECE "CPS-OAXACA"
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