Ricardo López Rojo
Expediente 689/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo López Rojo
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el artículo único del acuerdo general 37/2020 modificó el periodo de vigencia del diverso 21/2020; numeral en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el último acuerdo citado. Del mismo modo, de la segunda certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y la fracción II punto 13 de la diversa SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dio trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea y, fuera de los mencionados supuestos, no corrieron plazos ni términos procesales; por lo que a partir del dieciocho de febrero de esta anualidad se reanudaron los plazos y términos procesales, tal como lo establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por consiguiente, se procede a dictar el acuerdo correspondiente en los términos siguientes: Vista la tercera certificación que antecede, de la que se desprende que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiséis de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito HA QUEDADO FIRME. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este Juzgado. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se desechó la demanda de amparo. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: Del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil 1085/2016, seguido por el quejoso en contra de Oscar Candas Díaz, que ordena en lanzamiento forzoso del inmueble materia de la litis, en ejecución de la sentencia definitiva; y, De la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la omisión de notificar al juez responsable la promoción de su parte del juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el toca 178/2020, que confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de oposición a la ejecución de sentencia promovido por el propio quejoso. Este juzgado de Distrito estima que la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que el acto que reclama no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia y la omisión respectiva se relaciona con el trámite de un juicio de amparo. Ciertamente respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el párrafo segundo de la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo. 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando no se reclama la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la constituye: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que es evidente que el acto reclamado consiste en el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil 1085/2016, seguido por el quejoso en contra de Oscar Candas Díaz, que ordena en lanzamiento forzoso del inmueble materia de la litis, en ejecución de la sentencia definitiva. En efecto, el acto reclamado no constituye una resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, por el contrario se trata de un acto intermedio dictado en dicho procedimiento de ejecución; y por ende, no debe admitirse el amparo contra este tipo de actos. Ciertamente el quejoso es parte en el procedimiento del que derivan los actos reclamados; de ahí que para la procedencia de la vía constitucional bi-instancial, el acto reclamado tendría que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto señala la ley; ello obedece al interés de la sociedad en que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecución deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución de dicho procedimiento. Por tanto, en virtud de que en el juicio de origen en el que el quejoso tiene el carácter de ejecutado, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que el acto que se reclama no es la última resolución dictada en dicha etapa de ejecución; no procede el juicio de amparo indirecto en su contra, al no actualizarse las reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se citan los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa; sin embargo, en el presente caso no se está frente a ninguno de los supuestos indicados. Lo anterior es así, toda vez que no se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que tengan una ejecución de imposible reparación, sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada o desestimen excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución; de ahí que no procede el juicio de amparo indirecto en su contra, al no actualizarse como ya se dijo, las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. De igual modo, la presente demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión precisada en el inciso b), consistente en la omisión de notificar al juez responsable la promoción de su parte del juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el toca 178/2020, que confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de oposición a la ejecución de sentencia promovido por el propio quejoso. El artículo y fracción citados disponen: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. .IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". De la fracción transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra cualquier resolución, sea un auto de trámite, proveído, sentencia interlocutoria o definitiva, o una resolución de cualquier naturaleza dictada dentro de un juicio de amparo o en ejecución del mismo; básicamente, atendiendo a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que está en trámite o ha concluido. Partiendo de dicha premisa, es importante tener presente, que la omisión reclamada si bien se atribuye a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; también cierto es, que ello fue en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal, esto es, con motivo de la promoción del juicio de amparo directo en contra de la omisión de notificar al juez responsable la promoción de su parte del juicio de amparo en contra de la resolución dictada en el toca 178/2020, que confirmó la interlocutoria emitida en el incidente de oposición a la ejecución de sentencia promovido por el propio quejoso. Así, la referida omisión se presentó como parte del procedimiento del juicio de amparo directo, pues dicha omisión no se relaciona con la sala responsable como tribunal de proceso, sino en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal. En esas condiciones, a través del juicio de amparo indirecto, no puede analizarse la constitucionalidad de la omisión reclamada, porque éste (amparo indirecto) tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, por lo cual, no es dable estimar que las omisiones dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales; lo cual, no implica dejar sin defensa al gobernado, puesto que la parte quejosa cuenta con los recursos establecidos en la Ley de Amparo, a efecto de combatir la omisión referida. Es aplicable, por analogía, en cuanto a su contenido y alcance, la jurisprudencia 107/2015 (10a.), de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación con registro electrónico 2009870, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Autorización para obtener imágenes. Hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. En diverso aspecto, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten el presente asunto al esquema de actuación "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea; y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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