Ricardo López Luis
Expediente 333/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo López Luis
- RICARDO LÓPEZ LUIS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en este juicio. Notifíquese
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinte de abril del año en curso, se agregó el oficio por el que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, informó que por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************/2010, de su índice, requirió a los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que en el término de tres días exhibieran ante la oficialía de partes de esa Junta la condena pendiente de pago a favor del aquí quejoso ******************** o ********************, esto es, la cantidad de $******************** (******************** 01/100 M.N) o bien, elaboraran un programa de pagos con el que dieran cumplimiento total al laudo, sin que hasta esta data haya informado si dicho ayuntamiento cumplió con lo requerido. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a este último por conducto de su representante legal, ********************, Síndica Municipal, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que reciban el comunicado respectivo, informen si el citado Ayuntamiento ya acreditó las modificaciones que se encuentra realizando a su presupuesto de egresos de 2023; debiendo remitir dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones adoptadas o, en su caso, cumplan el pago de la condena pendiente de cubrir al peticionario del amparo (ya que por lo que se refiere a la reinstalación del quejoso a la que se condenó al Ayuntamiento demandado, la autoridad responsable en proveído de diecinueve de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral de origen, hizo efectivo el apercibimiento decretado y dio por terminada la relación de trabajo del actor con el Ayuntamiento Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca -foja 312 del tomo I-); lo anterior, en virtud de que los efectos de la concesión del amparo, lo fueron para: I. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado: Decrete las medidas necesarias para lograr el puntual cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil once, dictado en el expediente laboral ********************/2010, esto es, para que el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, reinstale al quejoso en el empleo que desempeñaba en su servicio hasta antes de su despido injustificado y le otorgue un nombramiento como empleado de base en la categoría de ayudante del camión recolector de basura, adscrito a la regiduría de limpia de dicho ayuntamiento, declare la ineficacia y nulidad de contrato o cualquier estipulación por la que pretenda imputar su relación de trabajo como de tiempo determinado, eventual o de confianza; y, Efectúe los requerimientos necesarios a efecto de que el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, en uso de la facultad que le confieren los artículos 43, fracción LXV, y 127, último párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, incluya en el presupuesto de egresos correspondiente al año dos mil quince, el importe de las condenas económicas decretadas en el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil once, a fin de que sea aprobado y remitido al congreso del Estado de Oaxaca, a través de la Auditoría Superior para su conocimiento y fiscalización. II. Ayuntamiento, Presidente y Tesorero Municipal de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, para lo siguiente: Cumplan el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil once, dictado en el expediente laboral ********************/2010, esto es, reinstalen al quejoso en el empleo que desempeñaba en su servicio hasta antes de su despido injustificado y le otorguen un nombramiento como empleado de base en la categoría de ayudante del camión recolector de basura, adscrito a la regiduría de limpia del citado ayuntamiento, declare la ineficacia y nulidad de contrato o cualquier estipulación por la que pretenda imputar su relación de trabajo como de tiempo determinado, eventual o de confianza; y Con relación al pago de los salarios caídos, retenidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extraordinarias, a que fue condenado el citado Ayuntamiento en el laudo en comento, incluyan en el presupuesto de egresos correspondiente al año dos mil quince, el importe de las referidas condenas económicas, a fin de que sea aprobado y remitido al congreso del Estado de Oaxaca, a través de la Auditoría Superior para su conocimiento y fiscalización, en términos de lo dispuesto por el artículo 127, tercer párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Apercibidos que de no cumplir sin causa justificada (informen el impedimento legal o material que tengan para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, que es la cantidad equivalente a diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme con a lo establecido los artículos 258 y 238 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." De igual manera, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al ser un organismo investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior, con capacidad económica propia y con la libre administración de su hacienda, como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a él. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para su conocimiento. Prueba de la autoridad responsable Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del acuse del oficio ********************de nueve de marzo de dos mil veintitrés, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional, con la cual se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. Requerimiento a la parte quejosa Ahora, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó en esencia, de la mencionada autoridad responsable, la omisión de dar respuesta a su solicitud de trámite catastral veintitrés de junio de dos mil veintidós. En esa tesitura, toda vez que la autoridad responsable en su informe de cuenta, señala que mediante oficio ********************de nueve de marzo de dos mil veintitrés, atendió la solicitud de la parte quejosa, misma que fue notificada el diecisiete de abril del año en curso, a través de su autorizado ********************, como se advierte del acuse que acompaña a su informe de cuenta. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, por el plazo de quince días siguiente a la notificación de este acuerdo, dese vista a la parte quejosa, con copia simple del informe justificado y anexo que remite la autoridad responsable, a efecto de que por escrito manifieste si amplía su demanda de amparo respecto a la respuesta que le dio la responsable a su petición, mediante oficio ********************de nueve de marzo de dos mil veintitrés, de ser así, cumpla además con los requisitos que establece el artículo 108 de la invocada Ley, apercibido que de no acatarlo, se resolverá este asunto únicamente por lo que hace al acto señalado en el escrito inicial de la demanda de amparo. Domicilio En otro orden, con apoyo en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Número telefónico y correo electrónico Respecto al número telefónico y correo electrónico que señala en la parte inferior del informe de cuenta, toda vez que dicha autoridad no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Invoca causales de sobreseimiento e improcedencia Respecto a la causal de sobreseimiento e improcedencia, que indica la autoridad responsable, hágasele saber que de conformidad con el artículo 62 de la ley en cita, se analizará en el momento procesal oportuno. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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