Ricardo López López

Expediente 175/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
175/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Ricardo López López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. REMITASE COPIA AUTORIZADA Agréguese para que obre en los presentes autos, el oficio signado por el Titular de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad responsable; en atención a su contenido, remítase copia autorizada del acuerdo de treinta de noviembre del dos mil veintiuno, a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente asunto, lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en autos, para que manifestara lo que a sus intereses convenga, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el quince de octubre de dos mil quince y confirmada mediante ejecutoria con engrose de cinco de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se concedió la protección constitucional a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, para los siguientes efectos: "1.- Respeten, hagan efectivo y fiscalicen el derecho humano a la salud, que le asiste a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, como residente de Zinapécuaro, Michoacán, para lo cual deberán: a).- Proveer y tomar las medidas necesarias para que al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, le sea suministrado el equipo médico, hospitalario y medicamentos indispensables, de acuerdo a los cánones nacionales e internacionales que rigen sobre el particular para brindar la atención médica básica y la posibilidad de alcanzar los servicios de salud que cuenten con un esquema completo de atención primaria de salud, en especial para atender el padecimiento del hoy inconforme (nefropatía). b).- Fomenten la creación de políticas públicas para la donación de órganos, así como fiscalicen y controlen de la lista de espera para los enfermos que requieren trasplante de órganos. c).- Fiscalicen y se le proporcione al hoy quejoso la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional necesaria, cuando el hoy inconforme acuda a alguno de los hospitales y centro de salud responsables. Dada la naturaleza de las obligaciones que se imponen, las autoridades encargadas de dar cumplimiento a cada uno de los mismos, contarán con el plazo de treinta días, después de que cause ejecutoria la presente resolución, para acreditar el cumplimiento respectivo. En cambio dicha concesión no abarca el punto reclamado por el quejoso consistente en que: LA REPARACIÓN, RESTITUCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA TRANSGRESIÓN A SUS DERECHOS AL DISFRUTE AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL Y A SU VIDA. [.]" Trámites para cumplir con el fallo protector En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Po auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, se dejó expedito el derecho del quejoso para que el quejoso gestionara ante la autoridad competente, su ingreso al Registro Nacional de Trasplantes y pudiera cumplir los trámites o estudios necesarios, para que se le incluya en dicho registro; ya que no resultaba procedente que este juzgado -vía cumplimiento-, iniciara ante el Consejo de Trasplantes del Estado de Michoacán, el trámite de registro del quejoso en el Registro Nacional de Trasplantes, pues ello implicaría un exceso de la sentencia en perjuicio del quejoso, ya que no correspondía a este juzgado instar por esta vía su registro, ya que sería sustituir la voluntad del quejoso en torno al inicio de tan importante y personalísima gestión, pues implicaría proporcionar el nombre e información médica del quejoso, lo que pudiera ser considerada como reservada ante la autoridad administrativa-sanitaria competente, en términos de los artículos 314 Bis 1, y 338 de la Ley General de Salud, aunado a que se podría someter al quejoso a estudios médicos o análisis para acreditar su calidad como receptor de órganos, lo cual, se insiste sólo podía gestionar el quejoso ante la autoridad sanitaria correspondiente. En auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, con base en la información proporcionada por el apoderado jurídico del Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán (éste por sí y en cuanto superior jerárquico del Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipiod e Hidalgo, Michoacán, Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Director del Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, en el sentido de que los servicios de salud que brindan las instituciones que representa, privilegian (en atención a las modalidades que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a la población abierta que no cuenta con el beneficio de seguridad social, es decir, que no sea derechohabiente de ninguna institución de servicios de salud, motivo por el cual, solicitó que se requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de conocer si el quejoso recibía los servicios de ese instituto; lo que así se realizó. Posteriormente, citado apoderado de la Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, entre otras cuestiones, señaló en torno al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, que cuenta con la capacidad para brindar una óptima y completa atención médica del primer nivel de atención, existiendo la imposibilidad de proporcionar al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, toda una infraestructura médica, recurso humano, material, económico y médico, que permita atender en dicho nosocomio el padecimiento del quejoso, ya que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la atención de hemodiálisis, en su numeral 6. Establecimientos, refiere en el apartado 6.1 que el procedimiento de hemodiálisis se llevará a cabo en hospitales que tengan licencia sanitaria o en unidades dependientes o ligadas a un hospital, que hayan presentado aviso de funcionamiento y que cumplan con los requisitos establecidos en esa norma. No obstante, también señaló que el Hospital General "Dr. Miguel Silva" en Morelia, Michoacán, es un nosocomio de segundo nivel de atención, por lo que la atención médica de tratamiento de hemodiálisis que requiere el quejoso se le podía proporcionar y se le ha proporcionado en ese hospital general, pero que el quejoso no se había presentado en las unidades médicas dependientes de sus representadas a solicitar atención médica, y por ese motivo solicitó que se requiriera al quejoso para que manifestara si tenía alguna imposibilidad para trasladarse a la unidad médica en comento, y en caso de ser afirmativo, señalara la dirección, el día y la hora que mejor le acomode de acuerdo a sus ocupaciones, para que una ambulancia dependiente a esos Servicios de Salud, pasara por el quejoso y lo trasladara a esta ciudad capital a fin de que reciba el tratamiento correspondiente. En virtud a lo anterior, el quejoso desahogó ese requerimiento y manifestó su imposibilidad para trasladarse al Hospital General "Dr. Miguel Silva" a recibir atención médica, por no contar con el transporte especializado para ello y proporcionó su domicilio y horario para ser trasladado en un horario matutino los días lunes, miércoles y viernes partir de las cinco horas, facilitando además su número de teléfono celular; con la anterior manifestación, se requirió al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado, con sede en esta ciudad, para realizará las gestiones necesarias para que el quejoso fuera trasladado -sin costo- a esta ciudad a recibir la atención médica necesaria a su padecimiento y asimismo, se le retorne a su domicilio; se le hiciera la valoración médica para determinar la cantidad o frecuencia en que tuviera que recibir la hemodiálisis y se le proporcionara la atención médica y suministro de medicamento requerido, conforme al resultado de la valoración que se realizara. En auto de once de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al apoderado de las responsables, informando en torno al lineamiento de sentencia señalado en el inciso b), que la autoridad que representa ha formalizado diversos instrumentos jurídicos entre los que se encuentra un convenio de colaboración entre los Servicios de Salud Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad Michoacán; motivo por el cual, en ese propio auto se le requirió para que remitiera copia certificada del aludido convenio de colaboración, a fin de que sea tomado en cuenta al momento de que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Luego, en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades responsables, informando que el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se atendió en consulta médica al aquí quejoso, en el Hospital General "Dr. Miguel Silva" de esta ciudad, en donde se le valoró clínicamente y donde el quejoso informó que contaba con seguro social IMSS, y que su tratamiento de hemodiálisis lo estaba llevando en la clínica del IMSS ubicada en la avenida Camelinas de esta ciudad, que incluso, en dicho instituto se le realizaría el trasplante de órgano que requiere, pero que previamente, el día veintidós de enero de ese año, sería intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Alta Especialidad de Guadalajara, Jalisco, para trata un padecimiento cardiovascular que tiene; con lo anterior, se estimó necesario requerir al Delegado Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, para que informara si ante dicho instituto se encontraba afiliado el quejoso Ricardo López López; y en su caso si tenía registro de que se encontrara recibiendo atención médica en el mismo. En acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado de las responsables, informando que el quejoso gozaba del beneficio de la seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número 5310-87-1349, y que según el dicho de Ricardo López López fue referenciado a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser atendido en el área de cardiología por una enfermedad de múltiples válvulas y ser valorado por el cambio valvular. Asimismo, se exhibió copia certificada del convenio de colaboración de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, celebrado entre los servicios de Salud de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad de Michoacán. En diverso auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, remitiendo copias certificadas del expediente clínico del quejoso, donde consta la afiliación a ese Instituto y la atención y tratamiento médico recibido por el quejoso. Luego, por oficio presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el quejoso egresó por alta voluntaria con fecha veinticuatro de abril de ese año, por no aceptar el cambio de tratamiento. Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, al informarse que el quejoso continuaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, se estimó necesario requerir al Director del Centro Médico de Occidente (Jalisco) del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalajara, para que informara si el quejoso Ricardo López López, con NSS: 53108713491M1987OR, recibía atención médica en dicho centro hospitalario; y en su caso, si se encuentra contemplado para una operación de trasplante de órgano en dicho instituto. En desahogo de ese requerimiento, en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo al Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalajara, Jalisco, informando que el quejoso ingresó a esa unidad médica, del veintidós al veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a cargo del servicio de Cardiología, siendo dado de alta por mejoría el veintinueve de ese mismo mes y año, y que los diagnósticos, tratamiento e indicaciones se desprenden de la nota médica de veintiocho de marzo de ese año, señalando además que no contaban con antecedentes de protocolo de trasplante de riñón en esa unidad. Luego, en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente al Delegado Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, para que informara si el quejoso continuaba afiliado a ese instituto y si efectivamente se le subrogaba el tratamiento de hemodiálisis en clínica particular en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Así, previos requerimientos e informes, por oficio presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, solicitó que se tomara en cuenta el contenido del oficio sin número de cinco de febrero de ese año, suscrito por Roberto Iván Ramírez Pérez, apoderado de la clínica denominada "FRESENIUS MÉDICAL CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.", el cual se exhibió en original ante este juzgado el diez de febrero de ese año y en el cual, se acreditó que el dicha clínica brinda sesiones de Hemodiálisis al paciente LOPEZ LOPEZ RICARDO, en la clínica ubicada en la calle Juan Escutia, número 128, esquina Fernando Montes de Ocal, colonia Chapultepec Norte de esta ciudad y que ha recibido un total de 594 sesiones, en un periodo comprendido del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis al tres de febrero de dos mil veinte. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse respetado y fiscalizado el derecho humano a la salud del quejoso a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ; toda vez que de los antecedentes reseñados, se puede advertir que: I. Consta que al existir impedimento legal y material para dotar al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, del suministro de equipo médico, hospitalario y medicamentos indispensables, para atender el padecimiento del hoy inconforme (nefropatía), se le dio la facilidad por parte de las responsables para ser trasladado en ambulancia, desde su domicilio a esta ciudad, sin costo alguno, a fin de recibir el tratamiento de hemodiálisis, atención médica y suministro de medicamente que el quejoso necesitaba para su padecimiento. II. Se exhibió el convenio de colaboración de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, celebrado entre los servicios de Salud de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad de Michoacán; con lo cual, se pretende fomentar la creación de políticas públicas para la donación de órganos, así como fiscalización y control de la lista de espera para los enfermos que requieren trasplante de órganos. III. Consta también la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional que ha recibido el quejoso al acudir a alguno de los hospitales y centro de salud responsables; y, IV. No obstante que se acreditó que el quejoso inicialmente recibió la atención médica en los servicios de salud que brindan las instituciones sanitarias de la Secretaría de Salud de Estado, las cuales privilegian (en atención a las modalidades que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a la población abierta que no cuenta con el beneficio de seguridad social, es decir, que no sea derechohabiente de ninguna institución de servicios de salud; posteriormente al acreditarse que se encontraba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, este órgano jurisdiccional continúo vigilando que se llevará a cabo la atención médica y tratamiento del quejoso en dicho instituto. De donde se colige que, se le ha restituido y respetado a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas (derecho a la salud). En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento el Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán, Director del Hospital General Doctor Miguel Silva y Director del Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, por habérsele requerido información necesaria para la ejecución del presente juicio, se estima necesario notificar al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad; ello, sólo para su conocimiento y efectos legales procedentes. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en autos, para que manifestara lo que a sus intereses convenga, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el quince de octubre de dos mil quince y confirmada mediante ejecutoria con engrose de cinco de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se concedió la protección constitucional a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, para los siguientes efectos: "1.- Respeten, hagan efectivo y fiscalicen el derecho humano a la salud, que le asiste a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ, como residente de Zinapécuaro, Michoacán, para lo cual deberán: a).- Proveer y tomar las medidas necesarias para que al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, le sea suministrado el equipo médico, hospitalario y medicamentos indispensables, de acuerdo a los cánones nacionales e internacionales que rigen sobre el particular para brindar la atención médica básica y la posibilidad de alcanzar los servicios de salud que cuenten con un esquema completo de atención primaria de salud, en especial para atender el padecimiento del hoy inconforme (nefropatía). b).- Fomenten la creación de políticas públicas para la donación de órganos, así como fiscalicen y controlen de la lista de espera para los enfermos que requieren trasplante de órganos. c).- Fiscalicen y se le proporcione al hoy quejoso la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional necesaria, cuando el hoy inconforme acuda a alguno de los hospitales y centro de salud responsables. Dada la naturaleza de las obligaciones que se imponen, las autoridades encargadas de dar cumplimiento a cada uno de los mismos, contarán con el plazo de treinta días, después de que cause ejecutoria la presente resolución, para acreditar el cumplimiento respectivo. En cambio dicha concesión no abarca el punto reclamado por el quejoso consistente en que: LA REPARACIÓN, RESTITUCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS CON MOTIVO DE LA TRANSGRESIÓN A SUS DERECHOS AL DISFRUTE AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL Y A SU VIDA. [.]" Trámites para cumplir con el fallo protector En fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Po auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, se dejó expedito el derecho del quejoso para que el quejoso gestionara ante la autoridad competente, su ingreso al Registro Nacional de Trasplantes y pudiera cumplir los trámites o estudios necesarios, para que se le incluya en dicho registro; ya que no resultaba procedente que este juzgado -vía cumplimiento-, iniciara ante el Consejo de Trasplantes del Estado de Michoacán, el trámite de registro del quejoso en el Registro Nacional de Trasplantes, pues ello implicaría un exceso de la sentencia en perjuicio del quejoso, ya que no correspondía a este juzgado instar por esta vía su registro, ya que sería sustituir la voluntad del quejoso en torno al inicio de tan importante y personalísima gestión, pues implicaría proporcionar el nombre e información médica del quejoso, lo que pudiera ser considerada como reservada ante la autoridad administrativa-sanitaria competente, en términos de los artículos 314 Bis 1, y 338 de la Ley General de Salud, aunado a que se podría someter al quejoso a estudios médicos o análisis para acreditar su calidad como receptor de órganos, lo cual, se insiste sólo podía gestionar el quejoso ante la autoridad sanitaria correspondiente. En auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, con base en la información proporcionada por el apoderado jurídico del Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán (éste por sí y en cuanto superior jerárquico del Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipiod e Hidalgo, Michoacán, Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Director del Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, en el sentido de que los servicios de salud que brindan las instituciones que representa, privilegian (en atención a las modalidades que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a la población abierta que no cuenta con el beneficio de seguridad social, es decir, que no sea derechohabiente de ninguna institución de servicios de salud, motivo por el cual, solicitó que se requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de conocer si el quejoso recibía los servicios de ese instituto; lo que así se realizó. Posteriormente, citado apoderado de la Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, entre otras cuestiones, señaló en torno al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, que cuenta con la capacidad para brindar una óptima y completa atención médica del primer nivel de atención, existiendo la imposibilidad de proporcionar al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, toda una infraestructura médica, recurso humano, material, económico y médico, que permita atender en dicho nosocomio el padecimiento del quejoso, ya que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la atención de hemodiálisis, en su numeral 6. Establecimientos, refiere en el apartado 6.1 que el procedimiento de hemodiálisis se llevará a cabo en hospitales que tengan licencia sanitaria o en unidades dependientes o ligadas a un hospital, que hayan presentado aviso de funcionamiento y que cumplan con los requisitos establecidos en esa norma. No obstante, también señaló que el Hospital General "Dr. Miguel Silva" en Morelia, Michoacán, es un nosocomio de segundo nivel de atención, por lo que la atención médica de tratamiento de hemodiálisis que requiere el quejoso se le podía proporcionar y se le ha proporcionado en ese hospital general, pero que el quejoso no se había presentado en las unidades médicas dependientes de sus representadas a solicitar atención médica, y por ese motivo solicitó que se requiriera al quejoso para que manifestara si tenía alguna imposibilidad para trasladarse a la unidad médica en comento, y en caso de ser afirmativo, señalara la dirección, el día y la hora que mejor le acomode de acuerdo a sus ocupaciones, para que una ambulancia dependiente a esos Servicios de Salud, pasara por el quejoso y lo trasladara a esta ciudad capital a fin de que reciba el tratamiento correspondiente. En virtud a lo anterior, el quejoso desahogó ese requerimiento y manifestó su imposibilidad para trasladarse al Hospital General "Dr. Miguel Silva" a recibir atención médica, por no contar con el transporte especializado para ello y proporcionó su domicilio y horario para ser trasladado en un horario matutino los días lunes, miércoles y viernes partir de las cinco horas, facilitando además su número de teléfono celular; con la anterior manifestación, se requirió al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado, con sede en esta ciudad, para realizará las gestiones necesarias para que el quejoso fuera trasladado -sin costo- a esta ciudad a recibir la atención médica necesaria a su padecimiento y asimismo, se le retorne a su domicilio; se le hiciera la valoración médica para determinar la cantidad o frecuencia en que tuviera que recibir la hemodiálisis y se le proporcionara la atención médica y suministro de medicamento requerido, conforme al resultado de la valoración que se realizara. En auto de once de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al apoderado de las responsables, informando en torno al lineamiento de sentencia señalado en el inciso b), que la autoridad que representa ha formalizado diversos instrumentos jurídicos entre los que se encuentra un convenio de colaboración entre los Servicios de Salud Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad Michoacán; motivo por el cual, en ese propio auto se le requirió para que remitiera copia certificada del aludido convenio de colaboración, a fin de que sea tomado en cuenta al momento de que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Luego, en auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades responsables, informando que el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se atendió en consulta médica al aquí quejoso, en el Hospital General "Dr. Miguel Silva" de esta ciudad, en donde se le valoró clínicamente y donde el quejoso informó que contaba con seguro social IMSS, y que su tratamiento de hemodiálisis lo estaba llevando en la clínica del IMSS ubicada en la avenida Camelinas de esta ciudad, que incluso, en dicho instituto se le realizaría el trasplante de órgano que requiere, pero que previamente, el día veintidós de enero de ese año, sería intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Alta Especialidad de Guadalajara, Jalisco, para trata un padecimiento cardiovascular que tiene; con lo anterior, se estimó necesario requerir al Delegado Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, para que informara si ante dicho instituto se encontraba afiliado el quejoso Ricardo López López; y en su caso si tenía registro de que se encontrara recibiendo atención médica en el mismo. En acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al apoderado de las responsables, informando que el quejoso gozaba del beneficio de la seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número 5310-87-1349, y que según el dicho de Ricardo López López fue referenciado a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser atendido en el área de cardiología por una enfermedad de múltiples válvulas y ser valorado por el cambio valvular. Asimismo, se exhibió copia certificada del convenio de colaboración de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, celebrado entre los servicios de Salud de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad de Michoacán. En diverso auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se tuvo al Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, remitiendo copias certificadas del expediente clínico del quejoso, donde consta la afiliación a ese Instituto y la atención y tratamiento médico recibido por el quejoso. Luego, por oficio presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el quejoso egresó por alta voluntaria con fecha veinticuatro de abril de ese año, por no aceptar el cambio de tratamiento. Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, al informarse que el quejoso continuaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, se estimó necesario requerir al Director del Centro Médico de Occidente (Jalisco) del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalajara, para que informara si el quejoso Ricardo López López, con NSS: 53108713491M1987OR, recibía atención médica en dicho centro hospitalario; y en su caso, si se encuentra contemplado para una operación de trasplante de órgano en dicho instituto. En desahogo de ese requerimiento, en auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo al Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Guadalajara, Jalisco, informando que el quejoso ingresó a esa unidad médica, del veintidós al veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a cargo del servicio de Cardiología, siendo dado de alta por mejoría el veintinueve de ese mismo mes y año, y que los diagnósticos, tratamiento e indicaciones se desprenden de la nota médica de veintiocho de marzo de ese año, señalando además que no contaban con antecedentes de protocolo de trasplante de riñón en esa unidad. Luego, en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente al Delegado Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, para que informara si el quejoso continuaba afiliado a ese instituto y si efectivamente se le subrogaba el tratamiento de hemodiálisis en clínica particular en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Así, previos requerimientos e informes, por oficio presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, solicitó que se tomara en cuenta el contenido del oficio sin número de cinco de febrero de ese año, suscrito por Roberto Iván Ramírez Pérez, apoderado de la clínica denominada "FRESENIUS MÉDICAL CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.", el cual se exhibió en original ante este juzgado el diez de febrero de ese año y en el cual, se acreditó que el dicha clínica brinda sesiones de Hemodiálisis al paciente LOPEZ LOPEZ RICARDO, en la clínica ubicada en la calle Juan Escutia, número 128, esquina Fernando Montes de Ocal, colonia Chapultepec Norte de esta ciudad y que ha recibido un total de 594 sesiones, en un periodo comprendido del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis al tres de febrero de dos mil veinte. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse respetado y fiscalizado el derecho humano a la salud del quejoso a RICARDO LÓPEZ LÓPEZ; toda vez que de los antecedentes reseñados, se puede advertir que: I. Consta que al existir impedimento legal y material para dotar al Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, del suministro de equipo médico, hospitalario y medicamentos indispensables, para atender el padecimiento del hoy inconforme (nefropatía), se le dio la facilidad por parte de las responsables para ser trasladado en ambulancia, desde su domicilio a esta ciudad, sin costo alguno, a fin de recibir el tratamiento de hemodiálisis, atención médica y suministro de medicamente que el quejoso necesitaba para su padecimiento. II. Se exhibió el convenio de colaboración de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, celebrado entre los servicios de Salud de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo es la procuración de órganos y crear una cultura de donación en la sociedad de Michoacán; con lo cual, se pretende fomentar la creación de políticas públicas para la donación de órganos, así como fiscalización y control de la lista de espera para los enfermos que requieren trasplante de órganos. III. Consta también la atención médica, psicológica, psiquiátrica y nutricional que ha recibido el quejoso al acudir a alguno de los hospitales y centro de salud responsables; y, IV. No obstante que se acreditó que el quejoso inicialmente recibió la atención médica en los servicios de salud que brindan las instituciones sanitarias de la Secretaría de Salud de Estado, las cuales privilegian (en atención a las modalidades que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a la población abierta que no cuenta con el beneficio de seguridad social, es decir, que no sea derechohabiente de ninguna institución de servicios de salud; posteriormente al acreditarse que se encontraba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, este órgano jurisdiccional continúo vigilando que se llevará a cabo la atención médica y tratamiento del quejoso en dicho instituto. De donde se colige que, se le ha restituido y respetado a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas (derecho a la salud). En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento el Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario de Salud, Consejo de Trasplantes, ambos del Estado de Michoacán, Director General del Hospital Regional de Especialidades Médicas de Segundo Nivel del Municipio de Hidalgo, Michoacán, Director del Hospital General Doctor Miguel Silva y Director del Centro de Salud de Zinapécuaro, Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, por habérsele requerido información necesaria para la ejecución del presente juicio, se estima necesario notificar al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad; ello, sólo para su conocimiento y efectos legales procedentes. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. AUTORIDAD INFORMA. Visto el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, y al respecto, remite el diverso oficio suscrito por el Director Médico del Hospital General Regional Número Uno, con sede en Charo, Michoacán, por el que se le informó que el aquí quejoso Ricardo López López, a la fecha ha recibido el tratamiento de hemodiálisis en la clínica denominada "Fresenius Médica Care" de esta ciudad, y que una vez que se cuente con las documentales que acrediten tal circunstancia, a la brevedad le serán enviadas. Atento a ello, se le requiere para que una vez que le sean enviadas las constancias respectivas, de inmediato la remita a este órgano de control constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-

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