Ricardo Lobaina García
Expediente 687/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Ricardo Lobaina García
- Ricardo Lobaina García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VIII. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que el tres de octubre del presente año se dictó sentencia constitucional que sobreseyó el asunto que nos ocupa, misma que causó ejecutoria el veintidós siguiente (fojas 92 a 97, 101 y 102); ahora bien, cabe precisar que mediante acuerdo de ocho de agosto del año en curso, se concedió la suspensión de plano a los quejosos Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, para el efecto de que las autoridades responsables instruyeran su inmediata libertad, en términos de lo dispuesto en el artículos 15 y 126, párrafo primero, en relación con el numeral 164 de la Ley de Amparo. Así las cosas, es de advertirse que los agraviados de mérito no incurrieron en alguna de los hipótesis legales para que les fuera revocado el derecho de la libertad otorgado por este juzgado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 147 y 166, fracción II, de la ley en cita, aplicados en sentido contrario, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, los impetrantes quedarán a disposición de la potestad de las autoridades responsables con motivo del procedimiento de resolución del trámite de regularización de situación migratoria y, con motivo de ello, se les releva de la obligación de seguir compareciendo ante este tribunal a estampar su firma con motivo de la suspensión de plano que les fue concedida. En virtud de lo acordado, se ordena al Secretario adscrito y encargado del libro auxiliar de quienes se encuentran obligados a presentarse periódicamente a estampar su firma ante este tribunal, que proceda a realizar la certificación correspondiente. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
...Se decretó el sobreseimiento en el presente asunto.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el Juicio de amparo 687/2019-VIII, promovido por Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, contra actos de la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito recibido el ocho de agosto de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado, con sede en esta ciudad (fojas 1 a 17), los agraviados de mérito solicitaron el amparo y protección de la justicia federal de los actos reclamados a las autoridades que señaló con el carácter de responsables, siendo los siguientes: Autoridades responsables: 1. Secretaria de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 3. Titular de la Estación Migratoria - Agujas- del Instituto Nacional de Migración. 4. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 5. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10. 6. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala "k", Planta Alta Salidas Internacionales 10. Todas con residencia en Ciudad de México. 7. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 8. Encargada de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, con asentamiento en esta ciudad. Acto reclamado: "LA ORDEN Y EJCUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAIS Y LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL RETENCIÓN Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS. A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 1. El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos." Asimismo, manifestaron bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. Segundo. Mediante proveído de dieciocho de agosto del presente año, se admitió a trámite el presente juicio de garantías, registrándolo bajo el número 687/2019-VIII (fojas 18 a 24), se solicitaron los informes relativos a la suspensión de plano y justificados a las responsables (fojas 25 a 28), se le dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 29); fijándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La orden de deportación, así como la retención de sus personas como consecuencia de dicho mandato. Tercero. En relación a la orden de deportación y la retención de los impetrantes, las autoridades responsables denominadas Secretaría de Gobernación y Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Ciudad de México; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y la encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en este municipio, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les reclamó. Los quejosos Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, no desvirtuaron las negativas a que se ha hecho referencia; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando la encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en este municipio, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que los dolientes Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, al momento de en que presentaron la demanda se encontraban alojados en ese lugar por instrucciones de dicha responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fueron puestos en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo. Entonces, si los citados dolientes fueron puestos en libertad y, posteriormente, y además, no se tiene noticia de que se encuentren internos en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado a la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con sede en esta localidad. Sexto. Finalmente, no se hace pronunciamiento alguno de las diversas autoridades denominadas por la agraviada como Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Delegado Local del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal "1", puerta "10" y al Delegado Local del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal "2", sala "K", planta alta, salidas internacionales "10", todos con residencia en la Ciudad de México, toda vez que al principio de esta resolución se tuvieron por inexistentes las mismas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ricardo Lobaina García y Ariel Labori González, por los motivos expuestos en los considerandos tercero a quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.
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