Ricardo Lira Serrano
Expediente 1350/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2016
Partes del expediente
- Ricardo Lira Serrano
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, la certificación del Secretario y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto Recurso de Queja contra el auto de veinticinco de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Ricardo Lira Serrano, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como los diversos aclaratorios en los siguientes términos: Primeramente debe resaltarse que en el escrito aclaratorio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso señala como único acto reclamado lo siguiente: "SOLICITO LA PROTECCIÓN DE LA LEY ANTE LOS ACTOS DEL JUEZ DECIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN DONDE DESEO PRECISAR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD, SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL DILlGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DISTRITO (sic) MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA [.]" 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la citada ley. Es menester precisar que de acuerdo a las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y aclaratorios recibidos el ocho, dieciséis y veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, los antecedentes del juicio del que emana el acto reclamado consisten en: 1.- El veintisiete de mayo dos mil dieciséis, el hoy quejoso recibió notificación de una demanda interpuesta en su contra promovida por Juan Manuel González Alvarado. 2.- El tres de junio de dos mil dieciséis, presentó ante el juez responsable un escrito a través del cual solicitó la correcta notificación respecto de la demanda instaurada en su contra, así como una ampliación del plazo para dar contestación a la misma; y mediante auto de ocho de junio de la anualidad que transcurre, el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de Puebla, Puebla, negó lo pretendido por el quejoso. 3.- Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciséis, Ricardo Lira Serrano, interpuso incidente de nulidad de actuaciones; el cual se desechó mediante resolución de quince de junio del mismo año. 4 El cuatro de julio del año en curso, el quejoso dio contestación a la demanda instaurada en su contra, misma que no le fue acordada favorablemente a través del proveído de seis del mismo mes y año. 5.- En auto de diez de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable ordenó pasar al periodo de alegatos dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen. 6.- Finalmente, el quince de agosto de la anualidad que transcurre, el quejoso presentó alegatos ante el Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil de Puebla, Puebla, los cuales se tuvieron por formulados mediante auto de diecisiete de agosto siguiente. Resulta importante destacar que los anteriores antecedentes, los cuales narró el hoy quejoso, bajo protesta de decir verdad, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Una vez visto lo anterior, se desprende que desde el tres de junio de dos mil dieciséis, el quejoso se hizo sabedor de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 426/2016, y por ende, del acto que hoy reclama. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo planteado, en atención a lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En este sentido, debe decirse que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días. Asimismo, el cómputo de dicho término, depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas, como se desprende del artículo 18 de la propia ley, que dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, tal conocimiento del acto reclamado, para efecto del cómputo del término, comenzará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. A lo anterior es ilustrativa, por la identidad de su contenido a la legislación, la tesis visible a fojas 1890, del Tomo XXII, agosto de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia 30/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Expuesto lo anterior, cabe señalar que resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo signada por Ricardo Lira Serrano, en la que reclama la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 426/2016. Para estar en condiciones de sustentar tal afirmación, se reitera que la parte quejosa se hizo sabedora de la existencia del juicio de origen desde el tres de junio de dos mil dieciséis. En este orden, si el quejoso tuvo conocimiento del juicio del que deriva el acto que reclama desde la mencionada fecha; es decir, el tres de junio de dos mil dieciséis, entonces, al haber presentado su demanda constitucional hasta el ocho de agosto de dos mil dieciséis, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, según se desprende del sello fechador que obra en la parte superior de la misma, es patente que transcurrieron con exceso los quince días que indica el numeral 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual el presente juicio de amparo promovido contra tal acto reclamado deviene extemporáneo, pues entre una y otra fecha (tres de junio de dos mil dieciséis y ocho de agosto de dos mil dieciséis), transcurrieron en exceso quince días. En esa virtud, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Decimosegundo de lo Familiar de la Ciudad de México [anteriormente Distrito Federal], por medio del cual informa que, después de realizar una búsqueda en sus registros, no localizó expediente alguno del cual se advierta denuncia o sucesión a bienes de Aquilino Ortega Ortega, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, y en virtud de que a la fecha no se tiene certeza del representante legal de la sucesión a bines de Aquilino Ortega Ortega, para que a éste se le emplace al presente juicio constitucional en calidad de tercero interesado. En tales condiciones, se requiere a la parte quejosa Lorenzo Ramón Ortega Castelán, para que dentro del improrrogable término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, proporcione el nombre y domicilio de los representantes legales de la sucesión a bienes del tercero interesado Aquilino Ortega Ortega, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, en su momento se procederá en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo. En el entendido de que se encuentra en aptitud de realizar directamente la denuncia respectiva o instar al Ministerio Público de la localidad correspondiente para ese mismo efecto, y así estar en condiciones de integrar correctamente la litis constitucional. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el dictamen pericial emitido por Guillermina Ramírez Valderrábano perito nombrada por la quejosa María Teresa Ortiz Domínguez. En consecuencia, requiérase a la mencionada perito por conducto de la quejosa, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presenta auto, comparezca ante este Juzgado de Distrito debidamente identificada en día y horas hábiles a ratificar el contenido del estudio requerido, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, se sujetará al dictamen del perito oficial. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
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