Ricardo Leandro Contreras González

Expediente 809/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
809/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Leandro Contreras González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, catorce de diciembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de la[s] documental[es] que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la[s] misma[s], previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el [los] citado[s] documento[s], dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha[s] constancia[s] será[n] destruida[s]. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Leandro Contreras González, contra actos de la Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Uno en Altamira, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la emisión del citatorio, dictado en contra de Ricardo Leandro Contreras González, de ochenta y cinco años de edad, para acudir a las oficinas de la autoridad emisora. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: Ley de Amparo [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, del artículo 5º de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: Instancia de parte. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará sólo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa, lo que implica la existencia de dos presupuestos, a saber: La titularidad de un derecho subjetivo; y, Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Consecuentemente, por interés se debe entender, la aspiración legítima de orden pecuniario, moral o, en algunos casos jurídicos, que representa para una persona la satisfacción o la realización de una determinada conducta y la relación entre las necesidades de una persona o de un grupo de personas de las cualidades de un bien o con las consecuencias que se deriven de la existencia de una cierta situación o de una determinada conducta, en cuanto pueden ser aptas para satisfacer aquellas necesidades. El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones: Un interés exclusivo, actual y directo. Reconocido y tutelado por la ley. Esta protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Sirve de sustento, la tesis 2a. LXXX/2013, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Énfasis añadido. De igual manera, ilustra lo antes expuesto, la tesis 104, que dice: INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección puede hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente. Énfasis añadido. En esa tesitura, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, respecto el citatorio de once de noviembre de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación 516/2020, del índice de la Unidad General de Investigación Número Uno de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en Altamira, Tamaulipas, resulta improcedente el juicio de amparo Ello es así, en virtud de que esa citación, por sí sola, no trasgrede derecho alguno de la parte quejosa al tratarse de una simple comunicación del órgano investigador en el sentido de que se requiere su presencia en calidad de testigo para el desarrollo de una diligencia de carácter ministerial, aunado a que no se le apercibe con la imposición de medida de apremio alguna. En esa tesitura, el mero acto de comunicación, como tal, no incide en algún derecho de la parte citada, de ahí que es improcedente el juicio de amparo indirecto. Cabe precisar que la citación de la parte quejosa ante la autoridad ministerial, constituye un presupuesto adjetivo necesario para cumplir con la encomienda que le estipula el artículo 21 Constitucional, y para la adecuada integración de la carpeta de investigación puesta a su consideración Al efecto resulta aplicable, en lo conducente, lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 62, enero de 2019, tomo III, página 1341, con número de registro 2019052 que dice: ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. Así como, por analogía en el presente caso, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 (registro 2018828), cuyo rubro y texto son los siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior es así, en razón de que en el referido citatorio de once de noviembre de dos mil veinte, la Unidad General de Investigación Número Uno de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral en Altamira, Tamaulipas, únicamente lo cita a efectos de rendir su declaración ministerial en calidad de testigo respecto de los hechos que motivaron la carpeta de investigación 516/2020, lo que no le depara ningún perjuicio puesto que no se advierte que la autoridad responsable haya realizado apercibimiento alguno en el caso de incomparecencia de la parte quejosa a esa citación; en otras palabras, dicho actuar no se traduce en un detrimento a la vulneración de su esfera jurídica pues ante tal circunstancia es potestativo su cumplimiento (puede o no acudir), sin que genere consecuencia jurídica alguna en su perjuicio. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de rubro y texto: CITATORIO PARA ACUDIR ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A UNA DILIGENCIA RELACIONADA CON LOS HECHOS INVESTIGADOS EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI SE IMPUGNA EN AMPARO INDIRECTO, Y NO SE ADVIERTE QUE CONTENGA APERCIBIMIENTO O MEDIDA DE APREMIO ALGUNO, DE NO COMPARECER, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si el acto reclamado se hizo consistir en el citatorio que se giró en relación con los hechos investigados en una averiguación previa, emitido por el agente del Ministerio Público Federal, y en éste no se advierte apercibimiento o medida de apremio alguno, en caso de no comparecer para el esclarecimiento de los hechos, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no afecta su interés jurídico, pues se encuentra en libertad de acudir o no al llamado, por lo que si no lo hace, ello no causa efecto alguno. Conforme a lo expuesto, atendiendo a que el juicio de amparo sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, es innegable que el acto reclamado no le deparan perjuicio alguno, pues al no contener el citatorio reclamado apercibimiento o medida de apremio alguno, no le causan ninguna afectación real y directa en su esfera jurídica de derechos. Sustenta lo anterior la tesis remitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO LO OTORGA UN SIMPLE CITATORIO PARA EFECTUAR ACLARACIONES. Debe sobreseerse el juicio de garantías cuando el acto reclamado se hace consistir en un citatorio administrativo para hacer saber al quejoso simples anomalías en relación con una licencia administrativa, sin que del citatorio se desprenda imposición de sanción alguna, pues tal llamado no le causa perjuicio ni afecta sus intereses jurídicos; antes bien, por medio del mismo, se da al quejoso la oportunidad de ser oído. En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Leandro Contreras González. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Adrián Soto Badillo y María del Carmen Muñiza Medina. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Designación de datos de contacto En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los o´rganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado el virus COVID-19, se tiene a la promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico y número de teléfono que indica, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, se solicita el acceso al expediente electrónico; por tanto, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar e forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano