Ricardo Lara Portela

Expediente 1777/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1777/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Lara Portela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 3. VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la par te quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 3.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, en atención a su contenido, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexó. Ahora bien, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, anexó al oficio que se provee, en lo que aquí interesa, copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que el quejoso Ricardo Lara Portela, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción de veintiuno de junio y cuatro de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, en los cuales solicita se señale fecha y hora para el desahogo de la pericial médica de las empresas demandadas, en el expediente laboral 226/2017; en ese sentido, de la constancia remitida por la autoridad responsable, se aprecia que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, acordó los aludidos escritos, señalando las doce horas del diecisiete de enero de dos mil veinte, para que tenga lugar la celebración de la referida pericial; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó al impetrante de mérito en el goce de sus derechos fundamentales. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 21). No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la Junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de veintiséis de noviembre del año en curso, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado acuerdo a la parte quejosa, y le corra traslado con copia simple de éste para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto dicen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber acordado la Junta responsable, los escritos de veintiuno de junio y cuatro de septiembre, ambos del dos mil diecinueve, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.

  3. Principal

    MESA 3. Villahermosa, Tabasco, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista; la certificación que antecede, se advierte que mediante oficios 2775/2019-A-I, 2501, 2509, 2523, 2534, 2541, 2539, 2548 y 2559, recepcionados ante este órgano de control constitucional el cuatro, once, doce, trece, catorce, quince, diecinueve, veinte y veintiuno del presente mes y año, el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, informó la suspensión de labores de la Junta a su cargo los días 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, por oficio 36759/2019, de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado, mismo que fue recibido el veinticinco siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 16 de autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las trece horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia suscrita por el fedatario de este juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo el operador de mensajería del Servicio Postal Mexicano, para entregar el oficio 26925/2019, dirigido a la autoridad responsable Jefe de la Oficina de lo Contencioso de la División de Asuntos Jurídicos, Oficina Encargada de la Defensa Jurídica de la Unidad Médica de Alta Espacialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, toda vez que de la pieza postal relativa se advierte la leyenda: "No se encontró en horas de reparto, se dejó aviso". Por tanto, para evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se sirva entregar el referido oficio 26925/2019, dirigido a la autoridad responsable Jefe de la Oficina de lo Contencioso de la División de Asuntos Jurídicos, Oficina Encargada de la Defensa Jurídica de la Unidad Médica de Alta Espacialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, que contiene el auto de doce de agosto del presente año, emitido en la presente incidencia, el cual se anexa para tal efecto; y una vez que sea diligenciado el exhorto que se le remite, se sirva devolverlo por la misma vía a este juzgado, a la brevedad posible, con la diligencia practicada al efecto.

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