Ricardo Kú Cabrera
Expediente 1452/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1452/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Kú Cabrera
- Ricardo Kú Cabrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo treinta de enero de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la negativa de la autoridad responsable de dictar acuerdo de inicio en el expediente de segunda instancia, esto con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia con número 101/2015 del Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, del informe de la autoridad de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, se dio inicio al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en la que se declaró penalmente responsable del delito de violación, asimismo, se les concedió a las partes apelantes, el término de diez días para que expresaran sus agravios, lo cual fue notificado al defensor de oficio el dieciséis de enero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el seis de diciembre de dos mil dieciocho. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, se agrega a los presentes autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 855/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, con adscripción al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo o se sobresea en el juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto, sin mayor proveído al respecto, toda vez que el presente asunto se sobreseyó tal y como se advierte de párrafos que anteceden. Finalmente, como lo solicita el representante social de la federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2, expídasele copia certificada de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la negativa de la autoridad responsable de dictar acuerdo de inicio en el expediente de segunda instancia, esto con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia con número 101/2015 del Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, del informe de la autoridad de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, se dio inicio al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en la que se declaró penalmente responsable del delito de violación, asimismo, se les concedió a las partes apelantes, el término de diez días para que expresaran sus agravios, lo cual fue notificado al defensor de oficio el dieciséis de enero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el seis de diciembre de dos mil dieciocho. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, se agrega a los presentes autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 855/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, con adscripción al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo o se sobresea en el juicio y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto, sin mayor proveído al respecto, toda vez que el presente asunto se sobreseyó tal y como se advierte de párrafos que anteceden. Finalmente, como lo solicita el representante social de la federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2, expídasele copia certificada de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a este expediente el memorial suscrito por Ricardo Kú Cabrera, mediante el cual cumple con el requerimiento de veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por tanto, se tiene por ampliada la demanda y con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo y del escrito de ampliación, pídase el informe justificado a la nueva autoridad responsable Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha. Con copia autorizada de la ampliación de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la indicada autoridad que la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diez de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
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