Ricardo Julio da Silva

Expediente 971/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
971/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Julio da Silva
  • Fernando Lopes Pereira
  • Jose Guedes Pereira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales., publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    hago constar que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista fijada en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el contenido del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, a los quejosos Fernando Lopes Pereira, Jose Guedes Pereira, Ricardo Julio Da Silva y Valzimar Couto Ribeiro, como esta ordenado en autos. Proveído que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosa. Fernando Lopes Pereira (SÍ RATIFICÓ). Jose Guedes Pereira (SÍ RATIFICÓ). Ricardo Julio Da Silva (SÍ RATIFICÓ). Valzimar Couto Ribeiro (SÍ RATIFICÓ). Autoridades responsables. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California Acto(s) reclamado(s). La deportación de los quejosos sin regularizar su situación migratoria. El traslado a diversa estación migratoria. La detención de los quejosos en la estación migratoria de esta ciudad. La incomunicación. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En ese sentido, de las constancias justificativas exhibidas por la autoridad responsable, así como de la razón actuarial que antecede, se aprecia que los quejosos ya no se encuentra alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, dado que se les otorgó la condición de estancia de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas dentro del país. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de deportación, traslado a diversa estación migratoria, privación de la libertad e incomunicación, a la autoridad del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de las constancias que obran en autos se desprende que los quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, fueron puestos en libertad y se les otorgó el permiso de estancia, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causa de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que los quejosos fueron puestos en libertad, notifíquese por lista el presente proveído.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable; en atención al contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado solicitado. Con el contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las documentales, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción de notificar la sentencia de treinta y uno de julio del año en curso, al tercero interesado Gabriel José Cruz Sesma, por los motivos expuestos. En consecuencia, se ordena notificar la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, así como todas aquellas subsecuentes actuaciones que en el presente asunto se provean por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo.

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