Ricardo Juarez Ramirez

Expediente 822/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Juarez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diez de julio de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de junio último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones del caso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacan, a veintisiete de junio de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, y en cuanto -, y anexos que acompaña, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-822/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: El acuerdo dictado el uno de junio en curso, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo VII-913/2022, de su índice, en el que determinó imponerle una multa de cien unidades de medida de actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por no proporcionar la información solicitada en dicho juicio. De tal forma, este Tribunal estima que procede desechar la presenta demanda de garantías, por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al Suscrito, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa al respecto, la Tesis I.4º.A.269 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro 196322, publicada en la página 1008, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la fracción invocada, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias, esto es, que la actuación del Juez de Distrito, como Juez de jurisdicción constitucional, se da en todo momento y determinación que emita; por tanto, en contra de la multa impuesta en el trámite de un juicio constitucional, con independencia de que se hayan impuesto antes de que se hubiera emplazado a la autoridad o ésta no haya sido llamada a juicio como parte, como es en el particular, por el solo hecho de no desahogar un requerimiento judicial, no procede su acción en esta instancia. Al caso es aplicable, la Tesis aislada, I.6o.A.13 A (10a.), Undécima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5044, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 2023253, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS POR LOS JUECES DE AMPARO, AUN CUANDO EL MULTADO NO HAYA SIDO EMPLAZADO O SIDO PARTE EN EL JUICIO. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Motivo de improcedencia que, atendiendo a su objeto y sistematicidad, debe entenderse como referido, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias; además no se encuentra supeditado a que se haya admitido la demanda ni podrá estarlo tampoco a que no hubiese concluido el juicio o la ejecución de la sentencia, ni a si se multó al promovente del amparo como autoridad o como particular, pues la actuación del Juez de Distrito, como Juez de jurisdicción constitucional, se da en todo momento y determinación que emita; por tanto, en contra de la multa impuesta en el trámite de un juicio constitucional, con independencia de que se hayan impuesto antes de que se hubiera emplazado a la autoridad o ésta no haya sido llamada a juicio como parte, por el solo hecho de no desahogar un requerimiento judicial, debe considerarse improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que lo anterior signifique que los actos de los Jueces de amparo no puedan someterse a revisión, pues en todo caso, legal y jurisprudencialmente se regulan recursos intraprocesales a través de los cuales pueden combatirse las determinaciones de los Jueces de amparo." Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento del promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, el que precisa en su libelo constitucional, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a -, toda vez que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a -, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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