Ricardo Juan López Hidalgo Preciado
Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/03/2019
Partes del expediente
- Ricardo Juan López Hidalgo Preciado
- Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, mediante el cual acusa recibo del oficio 6360/2019 del índice de este juzgado, con el cual le fueron devueltos los anexos exhibidos en el presente sumario, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Analizado el presente cuaderno se advierte que mediante oficio 3098/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se devolvió el expediente original 909/2017 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, sin que a la fecha la autoridad haya acusado. En consecuencia, se solicita que de no tener inconveniente legal alguno, dentro del plazo de tres días, acuse de recibo a este juzgado.Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno.Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.Dado el sentido de la presente resolución, por permitirlo el estado procesal devuélvanse al Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los documentos que se adjuntaron al rendir informe justificado. Se solicita acuse de recibo correspondiente. Finalmente agréguese al auto de referencia, copia certificada del escrito con sello de recibido con fecha uno de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
citatorio. por este medio de lista se notifica a la tercero interesado ADRIANA GABRIELA GARCIA ORGANISTA el auto que dice:Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.I. Radicación.Téngase por recibido el oficio 343 del secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el cual remite la demanda de amparo promovida por Ricardo Juan López Hidalgo Preciado, contra los actos que atribuye al Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, oficio sin número, los autos originales del juicio ordinario civil 909/2017 del índice del juez responsable; ejecutoria de la que se advierte que el tribunal al que se encuentra adscrito declinó la competencia a un juzgado federal. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo preceptuado en los numerales 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. En razón de que la tercera interesada Adriana Gabriela García Organista ya tiene conocimiento de la presentación y tramitación de la demanda dado que fue emplazada a juicio por la autoridad responsable, tal y como se advierte del juicio de origen, agréguese copia certificada del emplazamiento en referencia a efecto de que obre como constancia en el expediente en que se actúa. II. Creación del expediente.Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 154/2019. III. Se deja sin efectos lo resuelto por la responsable sobre la suspensión solicitada. Toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo y la autoridad responsable, Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, resolvió lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es que quede sin efectos aquella determinación, es decir, la negativa de la medida provisional, puesto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo. Sustenta lo anterior por las razones que lo indican el siguiente criterio: "QUEJA SIN MATERIA. REVISTE ESA CARACTERÍSTICA LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCIÓ DEL AMPARO DIRECTO REMITIÓ LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO POR CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando un Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo directo, porque advierte que deberá conocer de él un Juez de Distrito en la vía indirecta y le remite los autos, tal resolución (aun cuando no decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados) constituye una ejecutoria que deja sin efectos lo actuado incluyendo, desde luego, todo lo relativo a la suspensión solicitada ante la autoridad responsable. Esto es así, pues el Juez Federal competente, al abocarse al conocimiento del asunto, está obligado, en fiel observancia al artículo 122 de la Ley de Amparo, a pronunciarse respecto de la suspensión provisional al contenerse esa petición expresa en la demanda de garantías, con lo que su determinación al respecto, sea cual fuese el sentido, sustituye la tomada por la autoridad responsable ante quien originalmente se le solicitó esa medida cautelar por tramitarse como amparo directo, siendo incuestionable que ambas decisiones no pueden coexistir; luego, si se hizo valer un recurso de queja contra la resolución de la responsable que proveyó respecto de la suspensión en aquella vía directa, es claro que al no existir materia sobre la cual deba pronunciarse el Tribunal Colegiado, así la debe declarar, pues ya no se rige por lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo" IV. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Fijación de la Litis. El acto reclamado lo constituye el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, -no pasa inadvertido que el promovente señale como tal el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, ya que del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, así como del escrito inicial de demanda, se advierte que se asentó dicha fecha en la actuación reclamada por error, criterio que se comparte con la superioridad declinante-, en el que, entre otras cosas, se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el demandado ahora quejoso, contra el diverso de cuatro de julio de ese mismo año, confirmando este último. A su vez, debe decirse que del auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se combate la orden de practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados. 2. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Cabe aclarar que dichos acuerdos, -auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho-, así como el diverso que confirmó, -auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho-, son actos complejos, pues contienen varios acuerdos desligados entre sí. Ilustra lo expuesto, en lo conducente, la tesis siguiente: "AUTOS COMPLEJOS, RECURRIBILIDAD DE LA PARTE DE LOS, QUE SÍ ADMITE MEDIO DE IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- El auto que contiene varios acuerdos desligados entre sí es de los llamados complejos. Luego, si una parte de él se refiere a la admisión de probanzas, en tanto que la otra comprende un apercibimiento de imposición de multas a uno de los testigos, resulta que la primera de dichas partes es irrecurrible por disponerlo así el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mas contra la indicada segunda parte sí procede el recurso de revocación, por ocasionar un perjuicio al deponente; medio de defensa que es el idóneo con base en el artículo 423, en relación con el 639, del ordenamiento citado ". De igual modo, sirve de apoyo la tesis que dispone: "AUTOS COMPLEJOS. ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).- Ahora bien, los agravios vertidos por el quejoso contra la sentencia del Juez de Distrito son fundados en virtud de que éste no aprecia correctamente el acto reclamado, ya que efectivamente el auto de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, contra el que se interpuso la revocación, reviste la característica de complejo, dado que se acuerdan tres circunstancias diversas, como son el desechamiento de un recurso, el tener al quejoso expresando los agravios contra la sentencia del Juez natural, y por último la orden de dar cumplimiento al auto de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y dos, que tuvo al tercero perjudicado por formulando sus agravios. De lo anterior se advierte que efectivamente la promoción del quejoso (interponiendo recurso de revocación), no estuvo enderezada contra el auto que desechó otro recurso del mismo género, y en consecuencia no es aplicable lo dispuesto por el artículo 422 del código adjetivo de la materia, ya que ese recurso se interpuso contra la determinación del Magistrado responsable de tenerlo por expresando en tiempo y forma los agravios contra la sentencia de primera instancia ". Por lo que, tocante al auto que por esta vía se combate -auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho-, se advierte que se acordaron siete circunstancias diversas, como son la recepción de oficios de esta autoridad federal; la aceptación y discernimiento del cargo conferido por el perito auxiliar y se dio vista a la parte actora con los honorarios señalados por éste; se tuvo al diestro rindiendo el dictamen solicitado en autos y se dio vista a las partes con su contenido; se tuvo al abogado patrono de la parte actora designando peritos de su representada respecto de las pruebas periciales en materia de valuación de rentas y de neurología; se tuvo a la parte actora exhibiendo acuses de los oficios ordenados en autos; se tuvo a la abogado patrono de la parte demandada ahora quejoso interponiendo recurso de revocación contra el diverso auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho el cual se resolvió como infundado e inoperante por las consideraciones ahí vertidas, confirmándolo en todos sus términos y, se le tuvo a la parte demandada ahora quejosa exhibiendo el acuse de recibo de los oficios que le fueran ordenados en autos. Sentado lo anterior, una vez analizada minuciosamente la demanda de amparo, únicamente se realizará el estudio de procedencia correspondiente a la presente instancia por lo resuelto acerca del recurso de revocación contra el diverso auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, por ser lo combatido por el disconforme mediante la interposición de la demanda de garantías. Luego, respecto de éste, -auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho-, se itera, también tiene la característica de auto complejo, en el cual se acordaron cinco circunstancias diversas, se proveyó sobre el recurso de revocación interpuesto por el demandado ahora quejoso contra el diverso de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; fijo fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; proveyó respecto de pruebas documentales de la parte actora y demandada; se designaron peritos en valuación de rentas y neurología; se ordenó practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados; se designó como depositaria de esos bienes a la parte actora y se facultó al Secretario adscrito al Juzgado de origen, para que llevara a cabo la diligencia de cambio de depositario (folios 238 a 242 del procedimiento natural). Por lo que, se itera, una vez analizada minuciosamente la demanda de amparo, se advierte que únicamente reclama lo conducente respecto a la orden de practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados, por lo que será éste el acto en estudio en el presente. b) El acto reclamado no puede surtir efecto legal o material. Respecto a la parte del proveído que ordenó practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este sentido, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez de los actos relativos, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, con el fin de restituir al gobernado en el pleno goce de las garantías que le hayan sido violadas por un determinado acto de autoridad, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos que condicionan la procedencia del juicio de garantías, los que la jurisprudencia del más alto tribunal del País ha interpretado, entre ellos a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entonces, entre las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII a que se hizo mención, en la cual el legislador tuvo en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsistan los actos de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, puede existir alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, con la cual jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria respectiva, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquélla, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna susceptible de reparación en la esfera del gobernado o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. A fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se destacan los siguientes antecedentes que se despenden de los autos originales del juicio génesis, -juicio civil ordinario 909/2017 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los cuales fueron remitidos por la autoridad responsable a guisa de informe: a) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, Adriana Gabriela García Organista, por propio derecho y en representación de su menor hijo R.L.H.G., promovió juicio civil ordinario en contra de Ricardo Juan López Hidalgo García (folios 1 a 46 del cuaderno de pruebas). b) En la misma data, se admitió la demanda a trámite, ordenando el emplazamiento a juicio y el requerimiento de pago de la pensión provisional demandada, en caso de no cumplimentarla, se llevara a cabo el embargo de bienes suficientes a garantizarla (folios 4 a 53 ídem). c) El dos de junio de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento al auto con efectos de mandamiento y se llevó a cabo el embargo de una camioneta tipo Highlander 2010, Sport Premium, con número de serie 5TDXK3EH8AS019774, motor 2GRD636871, en color blanco perla con placas número JHX-74-94; una camioneta tipo JEEP COMMANDER, XKTP74-25H, modelo 2007, LTD Prem 4 x 2 color gris ártico, transmisión automática hecho en USA, con número de serie 1J8HH58227C608201, así como una camioneta Lincoln, unidad MKX AWD, tipo SUV, 5 pasajeros modelo 2013, color plata con número de serie 2LMDJ8K4DBL39622 (folio 55 ídem). d) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la contraparte con lo solicitado por el demandado ahora quejoso, respecto a la dispensa de publicación de edictos y se ordenara la venta de los bienes muebles embargados por medio de comisionista o de casa de comercio que expenda objetos o mercancías similares (folios 202 a 203 ídem). e) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, una vez desahogada la vista citada con antelación, con la finalidad de sacar a la venta los bienes embargados o en su defecto dichos bienes le fueran adjudicados a la parte actora (a elección de ésta), se ordenó practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados (folio 238 a 242 ídem). e) El catorce de noviembre del año próximo pasado en cumplimiento al fallo protector dictado por esta autoridad judicial en el diverso juicio de amparo 646/2017, se dejó sin efectos el auto de cuatro de mayo dos mil diecisiete, únicamente en lo tocante a la fijación de alimentos provisionales solicitados por su contraparte y, en consecuencia, se dejó sin efectos también el requerimiento y embargo realizado al demandado ahora quejoso y se fijó nueva condena por concepto de alimentos provisionales (folios 415 a 420 ídem). f) El diez de diciembre del año próximo pasado sin necesidad de requerimiento previo, tuvo a la parte actora, de nueva cuenta señalando los vehículos descritos en el inciso c de este apartado, para embargo y garantizar los alimentos provisionales demandados, designándola como depositaria de éstos y ordenando al demandado ahora quejoso la entrega de uno de los vehículos sobre el cual tiene la posesión, reiterando que la parte actora ya detenta la posesión de los dos restantes (folio 476 a 478 ídem). De lo expuesto, se advierte la actualización de la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en razón de que aun cuando no exista alguna declaratoria que deje insubsistente la orden de practicar avalúo comercial sobre los bienes embargados contenida en el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, no puede surtir efecto legal o material alguno, dado que ya se dictó un acuerdo en el que se dejó sin efectos el embargo practicado el dos de junio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad" Lo anterior sin perjuicio de que por auto de diez de diciembre del año próximo pasado se hayan embargado los multicitados vehículos, y que tal actuación tenga aparejada ciertos efectos materiales y jurídicos que deban concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado; sin embargo, ese acto que no forma parte de la Litis en este juicio de garantías. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y con apoyo en el precepto 113 antes trascrito, se desecha la demanda de amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: Ricardo Juan López Hidalgo Preciado. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Jaime Nicolás García Castro al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a María Lizette Aviña Arellano, por carecer de dicho registro, así como a la diversa persona que indica, por así haberlo solicitado expresamente. 2. Tercero interesado. a. Designación. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la referida norma, se tiene con el carácter de parte tercera interesada a: i. Adriana Gabriela García Organista. Como se señaló, la tercera interesada ya fue emplazada al juicio de amparo por conducto de la autoridad responsable, por ello, ya está incorporada a este sumario; en tal virtud, únicamente hágase de su conocimiento la radicación del presente juicio. b. Forma de notificación. i. Por conducto del actuario. En razón de que el domicilio proporcionado para tal efecto, se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en éste a fin de notificarle la presente determinación, en el entendido que deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 297, fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley en cita, los requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale de su parte domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, hasta en tanto se señale domicilio para tales efectos. En la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar, por cualesquier medio, el domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenidos los datos respectivos, lo anterior en términos de los artículos 24, 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), del cuerpo legal invocado. VI. Formación cuaderno de pruebas. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable a guisa de informe, para mejor manejo de éstas y del presente sumario, fórmese el cuaderno de pruebas correspondiente. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe. EEVP/HHOA/plm*
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