Ricardo Juan Herrera Perez
Expediente 182/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Juan Herrera Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de ocho de abril del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que se sobreseyó y se encuentra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en el presente proveído, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de la autoridad responsable, pues éste no le causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a la responsable, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que el cuatro del mes y año en curso, se notificó a la parte quejosa el proveído de uno de abril del año en curso, así como el oficio y anexos que remitió la autoridad responsable, consistentes en la resolución ***, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente ***, en la que se emitió el título de concesión ***, en respuesta a la solicitud de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho -omisión reclamada por el aquí impetrante-. Por tanto, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia. Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Apoya a lo anterior las tesis siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque, si bien la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, por resolución ***, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente ***, emitió el título de concesión ***, en respuesta a la solicitud ingresada por el aquí quejoso el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; esto es, con antelación a que fuese presentada la demanda de amparo en que se actúa (cinco de marzo de dos mil diecinueve). Sin embargo, fue hasta el cuatro de abril pasado (foja 34), que se notificó al impetrante por conducto del actuario adscrito a este Juzgado la citada resolución, cesando así la aludida violación a su derecho de petición consagrada por el artículo 8 Constitucional, data donde inclusive se hizo saber a la parte quejosa lo inherente a su registro de tal solicitud favorable. Por ende, es evidente que la omisión de emitir respuesta a su solicitud que tilda de inconstitucional cesó sus efectos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de veintiuno de marzo del año en curso, fijada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, quien firma en suplencia del Director de dicho organismo, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, con el cual se ordena dar vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad oficiante adjuntó a su informe de ley, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Se tiene como delegados de la referida autoridad en términos de lo indicado en el artículo 9 de la Nueva Ley de Amparo, a los profesionistas que para tal efecto indica, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia. Ahora bien, del análisis del informe con justificación de referencia, se desprende que la autoridad responsable informa que al momento en que fue emplazada al presente juicio de amparo, ya se había emitido la resolución GUA121987/18, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente GUA-L-3147-29-10-18, en la que se emitió el título de concesión *** ello en respuesta a la solicitud ingresada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho -omisión reclamada- por el aquí quejoso, título que quedo inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua el veintinueve de noviembre pasado. Documentos antes referidos que se encuentran pendientes de notificación. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena notificar a la parte quejosa el contenido del oficio y anexos de cuenta.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene haciendo manifestaciones en vía de alegatos, las que podrán ser tomadas en consideración al resolver el presente asunto. En cuanto a la petición que formula en el sentido de que se conceda el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que en su momento procesal oportuno se resolverá lo que en derecho proceda. Por último, una vez que se dicte sentencia en el presente asunto, expídanse al representante social de este adscripción copia certificada de la misma, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo.
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