Ricardo Jovany Orozco Carmona
Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Jovany Orozco Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14 y 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de CD. Por otra parte, en atención a que resulta innecesario conservar la documental en formato digital "CD" que remitió el juez responsable, se ordena su devolución, desglósese de los autos, y en su lugar se deje la certificación correspondiente; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Agréguese únicamente para que conste el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual formula alegatos. Ello, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a la fiscal adscrita copias simples del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso; previo recibo que se deje en autos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones de la autoridad responsable. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, a través del cual, medularmente informa la situación jurídica que guarda el quejoso Ricardo Jovany Orozco Carmona, dentro de la causa penal de origen 363/2022, en esencia que se le determinó vinculación a proceso. Al respecto, no se estima necesario realizar mayor pronunciamiento; toda vez, que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se tuvo por recibida dicha información y se determinó sobreseer fuera de audiencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Intégrese a los autos la documental en formato digital "CD" que adjunta la autoridad responsable a su oficio de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento; y, una vez que se encuentre firme el auto de veinticuatro de mayo actual, devuélvase el citado disco compacto a la autoridad responsable. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autoridad responsable cumple requerimiento. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, a través del cual, cumple con el requerimiento formulado mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso, para lo cual informa que: ". en audiencia de fecha 29 de abril del presente año, en la causa penal citado al rubro, instruida a Ricardo Jovany Orozco Carmona, por el hecho que la ley señala como delito usurpación de identidad y fraude específico, cometido el primero en agravio de Marco Julio Galeana Tumalan y el segundo en detrimento de la persona moral ofendida Caja Morelia Valladolid S.A. de A.P.D.R.L. de C.V., se resolvió lo siguiente: Como se justificaron todos los requisitos previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 12:03 horas de este día, se vinculó a proceso a Ricardo Jovany Orozco Carmona, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delitos de usurpación de identidad, previsto y sancionado por el artículo 301-BIS, en relación con los numerales 19 fracción y 20 fracción I, todos del Código Penal del Estado, en agravio de Marco Julio Galeana Tumalan, y fraude especifico, previsto y sancionado por el numeral 218 fracción XVII, en relación con el artículo 217 fracción IV, estos vinculados con los arábigos 19 fracción y 20 fracción I, todos del Código Penal del Estado, en detrimento de Caja Morelia Valladolid S.C de A.P. de R.L. de C.V. Se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado es el siguiente: ".la orden de aprehensión y/o detención que hayan dictado en su contra." De ahí, que con el informe rendido por la autoridad responsable, se determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Precisado lo anterior, es conveniente tener presente que, por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren lo siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que después de haberse presentado la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica que prevalecía en el quejoso; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; e) Que por el cambio de situación jurídica resulten consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se obtiene de la tesis aislada 2a. CXI/96 observable en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1996, Novena Época, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. De dicho precepto, se advierte que en el sistema de justicia penal acusatorio existen tres etapas (investigación, intermedia y de juicio). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la formulación imputación, el juez de control tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado en los términos y condiciones previstos en el numeral 19, párrafo primero de la Constitución Federal y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Expuesto lo anterior, tal como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracciones XVII de la Ley de Amparo, en relación con la orden de aprehensión reclamada, ya que de las pruebas remitidas se advierte que a las doce horas con tres minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la causa penal de origen 363/2022, se determinó la vinculación a proceso a Ricardo Jovany Orozco Carmona, por el hecho que la ley señala como delito usurpación de identidad y fraude específico, cometido el primero en agravio de Marco Julio Galeana Tumalan y el segundo en detrimento de la persona moral ofendida Caja Morelia Valladolid S.A. de A.P.D.R.L. de C.V.; por ello, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar y emitir un pronunciamiento sobre la orden de aprehensión del quejoso en el presente juicio de amparo. Dicho de otra manera, las posibles violaciones acaecidas en la orden de aprehensión se consumaron irreparablemente; en ese sentido, no puede ser jurídicamente susceptible de estudiarse lo relativo a la orden de captura, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que impera en la causa penal 363/2022 y que en ese sentido lo es el auto de vinculación a proceso que le fue decretado el veintinueve de abril del año en curso; es decir, no es factible emitir un pronunciamiento respecto del acto reclamado sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad. Como apoyo a lo anterior, se cita por identidad jurídica la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Se reitera, la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso, no puede ser analizada en esta instancia, pues respecto de ese acto del que se pretendía el análisis constitucional, operó un cambio de situación jurídica, con motivo del auto de vinculación a proceso; esto es, fue sustituido procesalmente por la determinación dada por el juez de control señalado como autoridad responsable. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Informe con justificación. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez de Control Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar a dar vista con su contenido, al tomar en consideración lo resuelto en líneas precedentes. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, así como al quejoso en el Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", con sede en esta ciudad (lugar donde se encuentra recluido), a través del uso de "videoconferencia". Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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