Ricardo Joaquín Reyes Gutiérrez
Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ricardo Joaquín Reyes Gutiérrez
Actuaciones
- Incidental
Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que la autoridad responsable tiene su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las nueve horas con cinco minutos del diez de enero de dos mil veinte.
- Incidental
Vista la copia de la demanda de amparo de cuenta, la copia certificada del auto admisorio de la propia fecha y como se ordena en el auto dictado en esta misma data en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1092/2019-III promovido por ****, por el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del poblado de Nicolás Bravo, Quintana Roo y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda, a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Citese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con cinco minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que el quejoso se duele de la orden de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación y actos de molestia en mi persona y domicilio dictada en su contra, así como su ejecución. Calificación del otorgamiento de la suspensión provisional. En ese sentido, dado que el acto reclamado que se combate es la de aprehensión y/o detención y/o comparecencia y/o presentación y actos de molestia en mi persona y domicilio; en virtud de que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, ya que, en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por el agraviado en su escrito inicial de demanda, no se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni mucho menos se le infiere daño alguno, además que de ejecutarse el acto reclamado sería difícil la reparación de los daños y perjuicios. Luego, respecto de la orden de comparecencia y presentación se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se restrinja la libertad deambulatoria del quejoso. Lo anterior, toda vez que si bien la orden de comparecencia y presentación no tiene como propósito lograr su detención, lo cierto es que dado sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el quejoso, se limita temporalmente su derecho a la libertad, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 109/2011, de rubro "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA." Por otra parte, en relación a la orden de aprehensión y/o detención que reclama, con fundamento en el artículo 166, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que: Si la orden de aprehensión y/o detención fue dictada por un delito que tenga prevista prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para la continuación del mismo. En el caso de que la orden de orden aprehensión y/o detención, hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que el quejoso no sea detenido, con motivo de la orden de aprehensión y/o detención reclamada. Condiciones y efectos de la concesión de la suspensión provisional. Ahora cabe señalar que los términos de la medida cautelar no surtirán efectos en favor del agraviado, si se le sorprende en flagrante delito o bien si se trata de cumplimentar una orden de aprehensión y/o detención o alguna análoga dictada por autoridad distinta de las señaladas como responsables por el peticionario de amparo. Por lo tanto, la suspensión otorgada surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Además, la suspensión concedida sólo surtirá efecto en caso de que el acto reclamado haya sido emitido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que lo fue a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, pues de emitirse con posterioridad, no surtirá efectos la suspensión provisional concedida y podrá ejecutarse el acto reclamado. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 136, 139 y 166, fracción II, en relación con el numeral 22, todos de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si el quejoso dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este Juzgado Federal, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante para garantizar su devolución a la autoridad que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1) Nombre del quejoso. 2) Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3) Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4) Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5) Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía, y 6) Fecha de expedición del certificado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de la Materia, cantidad que se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. Sin que por el momento haya lugar a exigir al quejoso que comparezca ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, lo anterior hasta en tanto se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió; de ahí que dicha medida de aseguramiento, no será exigible hasta en tanto la autoridad que emitió el acto reclamado rinda su respectivo informe previo, en el que manifieste si es o no cierto el acto que se le atribuye, cuestión ésta que, en su caso, deberá notificarse personalmente al promovente, a efecto de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral invocado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir efectos.
- Principal
Se admite la demanda de amparo y se señalanlas las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veinte para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional; tramítese el incidente de suspensión solicitado. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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