Ricardo Javier Olivera Merlín

Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Javier Olivera Merlín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa y tercera interesada quedaron debidamente notificadas del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que al efecto hubieran interpuesto el recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días a que se contrae el artículo 202 de la Ley de Amparo, es de estimarse que consintieron tácitamente del contenido del citado proveído. Archivo y valoración documental Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de depuración; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. d) Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables al fallo protector, sin que lo hubieran efectuado. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso RICARDO JAVIER OLIVERA MERLÍN, contra actos reclamados a los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los siguientes efectos: ".para el efecto de que los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realicen lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 350/2021 de su índice, únicamente en lo relativo al desahogo oficioso del estudio socioeconómico a practicar en el domicilio del quejoso RICARDO JAVIER OLIVERA MERLIN. Dicte otra, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en la que: Se pronuncie sobre la idoneidad y pertinencia del estudio socioeconómico que ordenó la Juez responsable, así como ponderando el derecho a la privacidad que asiste a la parte quejosa. Concesión que se hace extensiva, en vía de consecuencia, al acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca." En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante oficio número 1197/2022, de treinta de septiembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de treinta de septiembre dos mil veintidós, dictada en el toca familiar número 350/2021, de su índice, de donde se advierte lo siguiente: Se dejó sin efecto la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, en lo relativo al desahogo oficioso de la prueba de estudio socioeconómico. Se realizó pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la prueba de estudio socioeconómico, analizó la licitud, su pertinencia, su utilidad en el proceso, señalo que tiene como objetivo ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social, la cual se efectúa a través de una trabajadora social asignada, mediante el sistema de entrevista y preferentemente por medio de una visita domiciliaria para obtener información exhaustiva sobre el ambiente socio afectivo y económico y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio; indicó que su práctica es una afectación legítima que atiende al derecho de alimentos de la ex cónyuge y al propio derecho del recurrente respecto a la proporcionalidad de la obligación alimentaria. De igual forma, se pronunció respecto a la inviolabilidad del domicilio reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ponderó que ese derecho no es absoluto al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela; que la intromisión domiciliaria debe realizarse bajo un escrutinio estricto partiendo de la base que su ejecución requiere como regla una autorización judicial previa en la que se motiven la necesidad idoneidad y proporcionalidad de la injerencia; que la práctica del estudio socioeconómico es un medio probatorio que persigue un fin legítimo, ya que, en caso de proceder la pensión compensatoria solicitada por la demandada, se fijará conforme a la proporcionalidad de las posibilidades del deudor y de las necesidades del acreedora de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y se determinó que el estudio socioeconómico se realice a ambas partes procesales, ya que es necesaria para llegar al conocimiento de la verdad. Confirmaron el auto apelado, y declararon fundado y motivado el desahogo de la prueba en comento, ponderando el derecho de privacidad de las partes. Por su parte, la Jueza Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante oficio número 2862/2022, informó respecto al cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas, de las que se advierte en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente de divorcio incausado 11/2019, de su índice, ordenó el desahogo del estudio socioeconómico a cada una de las partes procesales dentro de dicho juicio (Ricardo Javier Olivera Merlín y Hermelinda Patricia Navarro Anduaga), a practicar por la trabajadora social adscrita, requirió a ambas partes para comparecer dentro del término de tres días ante ésta para programar fecha y hora para su práctica. Por tanto, se considera que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    previo aviso y citatorio... Número de expediente: 742/2022 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, en relación al cumplimiento que dieron las autoridades responsables al fallo protector, sin que lo hubieran efectuado. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso RICARDO JAVIER OLIVERA MERLÍN, contra actos reclamados a los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los siguientes efectos: ".para el efecto de que los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realicen lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 350/2021 de su índice, únicamente en lo relativo al desahogo oficioso del estudio socioeconómico a practicar en el domicilio del quejoso RICARDO JAVIER OLIVERA MERLIN. Dicte otra, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en la que: Se pronuncie sobre la idoneidad y pertinencia del estudio socioeconómico que ordenó la Juez responsable, así como ponderando el derecho a la privacidad que asiste a la parte quejosa. Concesión que se hace extensiva, en vía de consecuencia, al acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca." En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Magistrada Presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante oficio número 1197/2022, de treinta de septiembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de treinta de septiembre dos mil veintidós, dictada en el toca familiar número 350/2021, de su índice, de donde se advierte lo siguiente: Se dejó sin efecto la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, en lo relativo al desahogo oficioso de la prueba de estudio socioeconómico. Se realizó pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la prueba de estudio socioeconómico, analizó la licitud, su pertinencia, su utilidad en el proceso, señalo que tiene como objetivo ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social, la cual se efectúa a través de una trabajadora social asignada, mediante el sistema de entrevista y preferentemente por medio de una visita domiciliaria para obtener información exhaustiva sobre el ambiente socio afectivo y económico y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio; indicó que su práctica es una afectación legítima que atiende al derecho de alimentos de la ex cónyuge y al propio derecho del recurrente respecto a la proporcionalidad de la obligación alimentaria. De igual forma, se pronunció respecto a la inviolabilidad del domicilio reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ponderó que ese derecho no es absoluto al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela; que la intromisión domiciliaria debe realizarse bajo un escrutinio estricto partiendo de la base que su ejecución requiere como regla una autorización judicial previa en la que se motiven la necesidad idoneidad y proporcionalidad de la injerencia; que la práctica del estudio socioeconómico es un medio probatorio que persigue un fin legítimo, ya que, en caso de proceder la pensión compensatoria solicitada por la demandada, se fijará conforme a la proporcionalidad de las posibilidades del deudor y de las necesidades del acreedora de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y se determinó que el estudio socioeconómico se realice a ambas partes procesales, ya que es necesaria para llegar al conocimiento de la verdad. Confirmaron el auto apelado, y declararon fundado y motivado el desahogo de la prueba en comento, ponderando el derecho de privacidad de las partes. Por su parte, la Jueza Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante oficio número 2862/2022, informó respecto al cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas, de las que se advierte en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente de divorcio incausado 11/2019, de su índice, ordenó el desahogo del estudio socioeconómico a cada una de las partes procesales dentro de dicho juicio (Ricardo Javier Olivera Merlín y Hermelinda Patricia Navarro Anduaga), a practicar por la trabajadora social adscrita, requirió a ambas partes para comparecer dentro del término de tres días ante ésta para programar fecha y hora para su práctica. Por tanto, se considera que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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