Ricardo Ivan Santillan Trejo
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 35 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ricardo Ivan Santillan Trejo
- Coordinador General de Centros Federales del Organo Administrativo Desconcentrado prevención y readaptación social dependiente del secretario de seguridad y protección
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previsto en el artículo 15 del referido Acuerdo General 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hicieran manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previsto en el artículo 15 del referido Acuerdo General 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 5. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, las copias certificadas del SM 158/2019 y del SIPE 195/2018, en un tomo cada una al tratarse de un asunto concluido, y solicítese el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora, en virtud que, el quejoso ***, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social CPS Chiapas 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que le notifique personalmente el presente proveído. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a su defensor; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Por lo anterior expuesto y fundado, con base en lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por ***, en contra de las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que el acto reclamado en esta instancia por el quejoso ***se hace consistir en: La negativa de otorgar el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS CHIAPAS al diverso Centro Federal de Readaptación Psicosocial CEFEREPSI, con sede en Ciudad Ayala, Morelos. Acto que se lo atribuye a las siguientes autoridades responsables: 1.- Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. 2.- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. 3.- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-Chiapas, en Villa Comaltitlán. 4.- Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. Luego, en acuerdo de veintisiete de mayo del presente año se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, por conducto de su Secretario, mediante el cual aceptó la existencia del acto reclamado, indicando que el once de marzo de dos mil veintiuno emitió resolución en la solicitud SM 158/2019, en la determinó negar el traslado del aquí quejoso ***, del Centro Federal de Readaptación Social Quince CPS-Chiapas, en Villa Comaltitlán, Chiapas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI, en Ayala Morelos. Asimismo, que una vez notificado de dicha resolución, el referido impetrante de amparo, interpuso recurso de apelación en contra de la misma, teniéndose por interpuesto el ocho de abril de esta anualidad y remitiéndose al Tribunal de Alzada correspondiente el veintiséis de mayo del año que transcurre Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de los expedientes SM 158/2019 y SIPE 195/2018 del índice del juez responsable, mismas que remitió en apoyo a su informe justificado; las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo e informe justificado en comento, este Juzgador estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.. La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables. Entre esas causas de improcedencia se encuentra la prevista en la disposición legal transcrita, en la cual, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso hace valer recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley, que se estén tramitando en forma simultánea o paralela al mismo, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el aludido juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción contemplados en la Ley de Amparo, cuando se hayan interpuesto recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial; esto es, por su aludida naturaleza, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar o revocar el acto que vaya a reclamarse; pero no lo es cuando dicho medio ordinario se esté tramitando en forma simultánea con el amparo; como en el caso sucede. Lo anterior es así, ya que como lo refiere el Juez de Ejecución, mediante resolución de once de marzo de dos mil veintiuno negó el traslado del aquí quejoso Ricardo Iván Santillán Trejo, del Centro Federal de Readaptación Social Quince CPS-Chiapas, en Villa Comaltitlán, Chiapas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI, en Ayala Morelos. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación contra la resolución precisada en el párrafo que antecede, mismo que se tuvo por interpuesto el ocho de abril del año en curso, corriéndose traslado a las partes para ejercer su derecho de adhesión ente el tribunal de alzada correspondiente. Medio de impugnación que el veintiséis de mayo del año en curso, fue remitido al Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, con residencia en la Ciudad de México. Así las cosas, mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de esta anualidad, dicho recurso de apelación fue radicado con el número 113/2021, del índice del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, residente en la Ciudad de México, lo que comunicó al Juzgado responsable mediante oficio 780, según se aprecia de las constancias remitidas por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. De ahí que el asunto se encuentra en estudio, pendiente de que el tribunal de apelación dicte la decisión judicial correspondiente. Por ende, al haber apelado la parte quejosa dicha resolución, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud de que el aludido medio de impugnación tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, el recurso de apelación es un medio ordinario que puede provocar la confirmación, modificación o revocación de los actos reclamados y constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio de amparo (la negativa de otorgar el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS CHIAPAS al diverso Centro Federal de Readaptación Psicosocial CEFEREPSI, con sede en Ciudad Ayala, Morelos) de conformidad con los artículos 131, 132, en relación al 134 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese tenor, resulta claro que el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, emitida en la solicitud SM 158/2019 en la que se negó el traslado del aquí quejoso ***, del Centro Federal de Readaptación Social Quince CPS-Chiapas, en Villa Comaltitlán, Chiapas al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI, en Ayala Morelos, es el medio idóneo para lograr, en su caso, la insubsistencia legal de los actos reclamados. Máxime, el espíritu del legislador federal al estatuir la causa en comento, quiso evitar que dos medios de defensa el ordinario del recurso y el extraordinario del amparo culminaran, por vías separadas, con determinaciones que podrían en la práctica resultar contradictorias. Apoya lo anterior, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada el 04 de junio de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Así como la diversa Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada el 07 de mayo de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento.". Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 que establece: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, 1 Época Novena, Registro 1002338, Instancia Pleno, Tipo de Tesis Jurisprudencia, Fuente Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Tesis 273 y Página 295. únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Debe decirse que el criterio citado, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley, pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Ante tal circunstancia, al encontrarse pendiente resolver el recurso de apelación hecho valer por el quejoso en el expediente de origen, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, por resultar notoriamente improcedente. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del uno de julio de dos mil veintiuno. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso Ricardo Iván Santillán Trejo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas documentales. Al efecto, en atención a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones y dígasele que deberá estarse a lo ordenado en párrafos que preceden. Ahora, en virtud que, el quejoso ***, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social CPS Chiapas 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que le notifique personalmente el presente proveído. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 138, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y al licenciado ***, defensor público del quejoso.
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