Ricardo Iván Ramos García
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Iván Ramos García
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por el licenciado ******************** en representación de ********************, contra actos del Director General de Tránsito Municipal y Director del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO), con residencia en esta ciudad, de quienes reclama el arresto y los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación, de que dice, es objeto el directamente agraviado. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 505/2019-I. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada,Ahora bien, dada la naturaleza de dicho acto, procede pronunciarse sobre la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues por lo que hace a la incomunicación de que se dice es objeto el amparista, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cese de inmediato tal incomunicación, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Por otra parte, con fundamento en los artículos 15, 125 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y por tratarse de un acto que afecta la libertad personal de la parte quejosa (orden de arresto), atribuida a la autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, sin relación con la comisión de un delito, se concede de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado (orden de arresto), para el efecto de que cese de inmediato, esto es, se deje al quejoso ********************, en inmediata libertad; apercibidas las autoridades que de no hacerlo, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Lo anterior en virtud de que si bien el acto reclamado no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben tomarse las medidas pertinentes para evitar perjuicios a la parte interesada y en su caso, no quede sin materia el juicio de amparo, ello en términos de los numerales 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, página 984, que establece: Asimismo, se hace la aclaración de que la medida suspensional únicamente surtirá efectos si el arresto a que se refiere es inconmutable; porque de no serlo, esta medida no surtirá efecto legal alguno. Por lo que, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, informen a este juzgado federal, respecto al cumplimiento dado a la presente medida suspensional, bajo el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que puedan incurrir. Por otra parte, como de la demanda de amparo se advierte que el directamente agraviado, se encuentra detenido en las instalaciones del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez, Chihuahua, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por ello, se faculta al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que se constituya en dicho centro. Así, una vez que localice a la parte agraviada, dé fe del estado físico que presente a simple vista y mediante notificación personal que se realice al momento de la diligencia con el directo quejoso ********************, haga de su conocimiento que tiene el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, a fin de que se constituya en el local que ocupa este Juzgado con identificación oficial vigente, para que ante la presencia del funcionario judicial correspondiente, manifieste si es su voluntad o no ratificar el escrito de demanda; apercibido que de no hacerlo así, de conformidad con el párrafo tercero del invocado artículo, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial a efecto de que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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