RICARDO IKER ESPINOSA LUNA y Otros.
Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- RICARDO IKER ESPINOSA LUNA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción al haber tenido por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable, sin que las partes realizaran manifestación alguna; por tanto, corresponde a este órgano de control constitucional pronunciarse al respecto con base en los elementos que obran en el juicio, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Por resolución con engrose de uno de diciembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en cuyos puntos resolutivos se estableció: *** Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, para lo cual se requirió su cumplimiento al Juez de Control de la Región Judicial Centro. Cabe precisar que la protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LA QUEJOSA BEATRIZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, dictado el dieciséis de febrero de dos mil veinte, celebrada en la carpeta judicial administrativa 313/2020/PUEBLA, y emitir un auto donde reponga el procedimiento de la audiencia inicial llevada a cabo en la data mencionada, específicamente a partir del momento en que cerró el debate de la partes, justo antes de pronunciarse sobre la vinculación a proceso solicitada; dejando insubsistente todo lo actuado en forma posterior a ello. Además en ese auto deberá citar a las partes para la celebración de esa audiencia de reposición del procedimiento, girando los oficios pertinentes y acordando para ello todo lo necesario, a fin de que tal audiencia se celebre dentro de los tres días naturales siguientes a la emisión de ese auto. En la fecha y hora señalada para la reposición del procedimiento, a partir del momento en que cerró el debate de la partes, justo antes de pronunciarse sobre la vinculación a proceso solicitada por la fiscalía para la ahora quejosa, dicte una nueva resolución, en la que pondere los aspectos que fueron objeto de estudio en la presente determinación, y con los mismos datos de prueba aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada lleve a cabo la reubicación de los hechos respecto al delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro que se le atribuye a la quejosa, al mismo delito, pero en la diversa variante de posesión simple prevista y sancionada en el artículo 477 de ese ordenamiento. Una vez realizado lo anterior, deberá interrogar a la Representante Social para efecto de que manifieste si es su deseo solicitar alguna medida cautelar contra la aquí quejosa, y de ser así, abrir debate al respecto y determinar con libertad de jurisdicción lo pertinente. Al respecto, mediante oficio 6239/2021/JC de veintiocho de febrero del año en curso, el Juez de Control de la Región Judicial Centro, remitió disco compacto (DVD), mismo que contiene la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, desahogada en la carpeta de investigación 0313/2020/PUEBLA, al que por ser documento público, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. De la referida comunicación, se advierte que el juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de BEATRÍZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico conocido como marihuana y cocaína, previsto y sancionado en los artículos 473, 474, 477 y 479 de la Ley General de Salud en relación con los diversos 9 y 13 fracción I del Código Penal Federa" cometido en agravio de la Sociedad. Asimismo, le impuso como medidas cautelares a la quejosa, las consistentes en la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares de manera quincenal; así como la exhibición de garantía económica por la cantidad de $1500.00 un mil quinientos pesos moneda nacional, las cuales serían por todo el tiempo que dure el proceso. Lo anterior, se corrobora con la reproducción del disco óptico de la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se observó lo siguiente: *** Posteriormente, dictó una nueva resolución, en la que ponderó los aspectos que fueron objeto de estudio en la sentencia de amparo, y con los mismos datos de prueba aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada llevó a cabo la reubicación de los hechos respecto al delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro que se le atribuye a la quejosa, al mismo delito, pero en la diversa variante de posesión simple prevista y sancionada en el artículo 477 de la Ley General de Salud. Por otra parte, el Juez responsable resolvió con libertad de jurisdicción, respecto de las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público, consistentes en la firma periódica, así como garantía económica. En consecuencia, se considera que la citada autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, tomando en consideración que: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso, única y exclusivamente respecto de la quejosa ***, dictado el dieciséis de febrero de dos mil veinte, en la carpeta judicial administrativa ***, y emitió un auto donde repuso el procedimiento de la audiencia inicial llevada a cabo en la fecha mencionada, al momento en que cerró el debate de la partes, justo antes de pronunciarse sobre la vinculación a proceso solicitada. Dictó una nueva resolución, en la que ponderó los aspectos que fueron objeto de estudio en dicha determinación, y con los mismos datos de prueba aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada llevó a cabo la reubicación de los hechos respecto al delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro que se le atribuye a la quejosa, al mismo delito, pero en la diversa variante de posesión simple prevista y sancionada en el artículo 477 de ese ordenamiento. Interrogó a la Representante Social a efecto de que manifestara si era su deseo solicitar alguna medida cautelar contra la aquí quejosa, abrió debate al respecto y determinó con libertad de jurisdicción lo pertinente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haberse satisfecho los efectos del fallo protector, por lo que ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.
- Principal
ÚNICO. LA JUSTICIA DE UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por su propio derecho, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último esta sentencia constitucional.
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