Ricardo Humberto Preciado Jimenez
Expediente 1096/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ricardo Humberto Preciado Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente asunto. Por tanto, se instruye a la analista jurídica de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hecho lo anterior devuélvase este expedite al archivo de donde fue extraído. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso formula denuncia de repetición del acto reclamado en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, en tanto que, considera, la resolución de catorce de julio de dos mil veintiuno dictada por la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos. Afirma lo anterior, pues estima que con dicha determinación, con la que se modificó el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte emitido por el entonces Director de Administración y Desarrollo Urbano dentro del procedimiento administrativo ADU/64/2020, se soslayó lo resuelto en la sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho -sin indicar de qué juicio deriva- y la diversa de veintidós de marzo del mismo año dictada por el "Segundo Tribunal Colegiado" en el amparo en revisión 377/2018. Adiciona que la modificación que aquel acuerdo de cinco de noviembre pasado, se evidencia la intención de burlar la calidad de cosa juzgada del fallo con el que concluyó este juicio constitucional, el cual se declaró cumplido el veintiséis de febrero del año que transcurre. Con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 66 de esta última legislación, que autoriza a resolver de plano las incidencias promovidas por las partes, se desecha la denuncia de repetición de que se trata por notoriamente improcedente. En primer término, porque las sentencias de trece de julio y veintidós de marzo de dos mil dieciocho no fueron pronunciadas en este juicio de amparo, inclusive se hace referencia expresa de que la segunda se emitió en el amparo en revisión 377/2018 -que no corresponde a este controvertido-, por lo cual no pueden ser tomadas en consideración como parámetro de comparación al que se debe someter el acto repetitivo denunciado, pues precisamente de lo que se trata es de velar por el debido respeto a la calidad de cosa juzgada de la que reviste la sentencia dictada en este juicio, no en uno diverso. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que para poder confrontar el acto reclamado con aquel que se denuncia como repetitivo, a fin de examinar si entre ellos existe identidad, es esencial que el incidente de repetición se origine en el mismo juicio constitucional en el que se analizó el acto reclamado cuya reiteración se sostiene y que se proponga, precisamente, respecto del acto que fue materia de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en el cual se hace la denuncia. En segundo lugar, con relación al argumento de que el acto denunciado como repetitivo transgrede la cosa juzgada que impera en este juicio de amparo, porque basta la sola lectura de la sentencia constitucional para evidenciar lo improcedente de la denuncia de que se trata. Es así, porque en el fallo de treinta de enero de dos mil veinte, el cual causó ejecutoria el veinte de febrero siguiente, se tuvieron como actos reclamados, los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: 1. La omisión de contestar el escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve. 2. El oficio S.S. 2186/19 emitido el ocho de noviembre de dos mil diecinueve." Respecto del señalado en el punto 1, se decretó el sobreseimiento en el juicio al considerar que en su contra se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que las autoridades acreditaron que se atendió la denuncia administrativa presentada por el quejoso ante ellas, por lo cual se estimó que cesaron los efectos de la omisión alegada. Por cuanto hace al referido en el punto 2, se concedió la tutela federal, al considerar que esa respuesta que la autoridad responsable dio a la denuncia elevada por el accionante del amparo, mediante el oficio S.S. 2186/19 de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, carecía de la debida fundamentación y motivación, además de que incumplía con los principios de exhaustividad y congruencia, atendiendo a que no se hacía mención a lo que realmente denunció el aquí quejoso, ya que si bien se señaló que dicha denuncia resultaba improcedente, también era cierto que no se explicó de manera congruente y exhaustiva, fundada y motivadamente, por qué se consideró que aquélla se encontraba vinculada al juicio de amparo 985/2015 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, promovido por la fiduciaria Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y de qué manera esto impedía darle trámite, aun cuando no se tratara de las mismas personas. Aunado a que la tramitación de la inconformidad que citó en el oficio reclamado, no impedía a la responsable que se pronunciara congruentemente con la denuncia del aquí demandante, atendiendo a que dicha inconformidad sólo resolvería sobre si debía tenerse por cumplida la sentencia del mencionado juicio de amparo o si existió exceso o defecto; pero, si como lo informó la responsable, en el aludido juicio se emitió sentencia, la cual fue recurrida ante el Tribunal Colegiado de mérito y éste revocó el fallo de primera instancia y concedió el amparo a la ahí quejosa, era claro que dicha concesión se encontraba firme, es decir, se trataba de cosa juzgada; lo que no sería modificado por el mencionado recurso de inconformidad, de ahí que no podía considerarse que el amparo en cuestión se encontraba sub júdice. Protección constitucional que se concedió para el efecto de que: I. La autoridad responsable Segundo Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dejara insubsistente la determinación de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, contenida en el oficio S.S. 2188/19, y II. Con libertad de jurisdicción, emitiera otra en la que subsanara las omisiones destacadas, dando contestación fundada, motivada, congruente y exhaustivamente a la denuncia del quejoso presentada el treinta de agosto de dos mil diecinueve y se la notificara personalmente. Con lo anterior, como se dijo, se pone en evidencia lo improcedente la denuncia de que se trata, ya que, en primer término, la sentencia de amparo se ocupó únicamente del oficio S.S. 2186/19 de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que se emitió con el fin de atender la denuncia administrativa presentada por el quejoso. Y en segundo lugar, en aquélla no se hizo pronunciamiento alguno respecto al fondo de la cuestión planteada, es decir, si debía darse trámite o no a la mencionada denuncia, sino que la concesión se motivó por meras violaciones formales (insuficiente fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad) y, por ende, se dejó libertad de jurisdicción a la responsable para que determinara si daba inicio o no al procedimiento relativo a aquella denuncia, esto es, no se le constriñó para que forzosamente actuara en determinado sentido. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso indique que las autoridades soslayaron lo expuesto por esta juzgadora en el sentido de que "si con motivo de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 377/2018 se dejaron insubsistentes las precitadas licencias, esto implica que carecen de toda validez legal y deben considerarse como si nunca hubiesen existido, lo que innegablemente conlleva a estimar que todo acto posterior, cuya emisión se hubiese basado en estas licencias, también corre la misma suerte, pues sería un contrasentido pensar que los actos posteriores pueden quedar incólumes". Se afirma lo anterior, toda vez que dicho pronunciamiento no se realizó en la sentencia dictada en este juicio, sino en el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, durante la etapa de ejecución y al examinar lo relativo al cumplimiento de aquélla; sin embargo, de ninguna manera puede servir de parámetro para confrontar el acto denunciado como repetitivo. En primer lugar, porque, como se dijo, no se hizo en la sentencia de amparo. Y en segundo, porque no se originó con motivo del oficio S.S. 2186/19 de ocho de noviembre de dos mil diecinueve sino de los actos posteriores a éste que se emitieron por la responsable para cumplir con el fallo constitucional, por lo cual no podría considerarse como repetitivo. De tal manera que éste debe ser examinado en un nuevo juicio de amparo, con el fin de obtener un pronunciamiento definitivo con la calidad de cosa juzgada. Por consiguiente, ante las relatadas condiciones, se desecha la incidencia de que se trata en términos de los artículos 66 y 199 de la Ley de Amparo, en relación con el 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, sin necesidad de sustanciación alguna, pues basta la lectura de la sentencia constitucional y del escrito de cuenta para evidenciar aquélla. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Ténganse por recibidos los autos de este juicio de amparo, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el citado tribunal en el recurso de inconformidad 11/2021. Acúsese recibo, agréguense únicamente las actuaciones originales que contiene el cuaderno de antecedentes y destrúyanse las copias certificadas que obran glosadas en el mismo, por ser innecesarias; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de inconformidad, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otro lado, se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, el cual fue registrado con el expediente 11/2021. En otro aspecto, mediante diversa comunicación oficial que al efecto se gire, remítase a la superioridad la constancia que requiere, la cual fue obtenida del expediente electrónico relativo a este asunto y que se encuentra debidamente integrada a aquél. Notifíquese.
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