Ricardo Huitrón Romero
Expediente 58/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Huitrón Romero
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA:
- Principal
Vistas las demandas de amparo promovidas por.................. contra actos que reclaman del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades, de las que se advierte como acto reclamado la orden de traslado a diverso centro penitenciario; por lo tanto en atención a la identidad de autoridades responsables y actos reclamados, se ordena su acumulación de oficio, a fin de que sean resueltos en una sola determinación y evitar resoluciones contradictorias. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Ahora, en el caso a estudio, los promoventes de amparo afirman encontrarse recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango, Estado de México, y hacen consistir el acto reclamado en la orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. Ahora, toda vez que en el presente juicio los quejosos reclaman la posible orden de traslado a diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentran recluidos, así como su ejecución, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los hoy quejosos, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, deben probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, en donde los quejosos manifiestan lo siguiente: Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuyen a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado los promoventes del juicio de amparo, que con el acto reclamado se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse a los quejosos las notificaciones de carácter personal en el lugar donde se encuentran actualmente recluidos. Se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto...MESA 8
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