Ricardo Hervey Ramírez Castro
Expediente 71/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 1 actuación registrada, la última del 4 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ricardo Hervey Ramírez Castro
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Hervey Ramírez Castro, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia interlocutoria de fecha 12 de Enero de 2015". Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: Antes de exponer las razones por las que se actualiza la causal de improcedencia en comento, debe precisarse que la información que asentó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo y las documentales que adjuntó a ella, relativas al juicio ejecutivo mercantil 100/2011, se desprende lo siguiente: 1.- En dos mil once, ante el Juzgado de Primera instancia en Materia Civil de la Ciudad de Sabinas, Coahuila, el tercero interesado Jorge Ruiz Ruiz, promovió demanda de juicio ejecutivo mercantil en contra del quejoso, que se le asignó el número estadística 100/2011. 2.- Seguido el juicio por todas y cada una de las etapas procesales el cuatro de mayo de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva, que fue adversa al quejoso y causó ejecutoria el trece de junio de dos mil doce. 3.- La parte actora, en virtud de que en el plazo legal de cinco días que se concedió al quejoso para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia y no lo hizo, solicitó se sacara a remate el bien de la propiedad embargado. 4. - Se autorizó por la autoridad señalada como responsable el remate del bien inmueble embargado, exigiéndosele a la parte actora que publicara los edictos correspondientes. 5.- En doce de julio de dos mil catorce, la parte quejosa solicitó la cancelación del remate del bien inmueble objeto de aquel procedimiento mercantil. 6.- A esa promoción recayó el auto de diecisiete de julio de dos mil catorce, mediante el cual se dio vista a la parte contraria para que dentro del término de tres días manifestara lo que su interés conviniera 7.- Luego, en tres de septiembre de dos mil catorce, el quejoso solicitó a la autoridad responsable, se pronunciara sobre su promoción de doce de julio de dos mil catorce (cancelar remate). 8.- En nueve de septiembre del año pasado, el juzgado responsable negó cancelar remate solicitado por la parte quejosa. 9.- Contra dicha decisión el quejoso promovió recurso de revocación, que se resolvió el doce de enero de dos mil quince, en la que declaró improcedente el mencionado recurso. La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Constituyendo lo reseñado, los antecedentes jurídicos del juicio del que se hace derivar el acto que ahora se reclama, y que destacan para la solución del examen de trato. Establecido lo anterior y analizadas las constancias de autos, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así es, en virtud que la resolución reclamada fue emitida dentro del procedimiento de remate seguido en la ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil de origen, y no constituye la última resolución en dicho procedimiento. En efecto, los mencionados preceptos disponen: Del segundo precepto en cita se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra la "última resolución" dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas durante el mismo. Ahora, por lo que hace al caso específico del procedimiento de remate, la indicada disposición normativa de forma expresa y clara define que la "última resolución" en el mismo es la que en forma definitiva ordena: a) el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y b) la entrega de los bienes rematados. Y será en el amparo que se promueva contra este tipo de actos que podrán hacerse valer las violaciones cometidas a la largo del procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido en definitiva ambas órdenes (otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados); sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. En esa guisa, de la relación del artículo 61, fracción XXIII, con la aplicación a contrario sensu del diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame un acto dictado en el procedimiento de remate y que no constituya la "última resolución" de éste. Hipótesis de improcedencia que en la especie se actualiza. Es así, toda vez que se desprende que el cuatro de mayo de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 100/2011, promovido ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en contra del promovente; causando ejecutoria el trece de junio de dos mil doce. Posteriormente, la parte actora solicitó el remate del bien de la propiedad embargada del promovente, al no dar cumplimiento voluntario a la sentencia; autorizándolo el Juez Civil y exigiéndole la publicación de los edictos correspondientes. Luego, el doce de julio de dos mil catorce, el aquí quejoso solicitó la cancelación del remate del bien inmueble rústico objeto del juicio mercantil, lo que le fue negado el nueve de septiembre de dos mil catorce, por lo que, el quince de septiembre siguiente, el promovente interpuso recurso de revocación, dictándose la sentencia interlocutoria, el doce de enero de dos mil quince, en la cual se declaró improcedente el medio de impugnación interpuesto, respecto de la cancelación del remate planteado por el promovente Ricardo Hervey Ramírez Castro, aquí quejoso, por tanto, dicha determinación fue dictada durante el procedimiento de remate, es inconcuso que no constituye la "última resolución" dictada en dicho procedimiento en los términos en que lo establece el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo aplicable, pues no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Por ende, resulta incontrovertible que al tratarse de una resolución intermedia será hasta que se emita la "última resolución" en el procedimiento de remate cuando podrá impugnarse a través del amparo indirecto el acto reclamado junto con esa resolución. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cinco de septiembre de dos mil catorce, Décima Época, registro 2007355, que a la letra dice: Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo reclamado, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de la subsistencia del embargo del inmueble materia de remate. Igualmente, se considera que el acto reclamado tampoco constituye una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa y otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes; sino como se dijo, el quejoso, parte demandada en el juicio de origen, pretende cancelar el embargo materia de remate. Es aplicable, por lo que se informa, con apoyo en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la tesis aislada XVII.1º.C. T. 6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, correspondiente al mes de Mayo de 2013, página 1705, registro 2003470, cuyo rubro y texto señalan: Por tanto, al estar en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113 del citado ordenamiento legal. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ramiro Magdaleno Hernández Bermea y Ricardo Livas Hernández, atento que tienen registrada su cédula profesional respectiva, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Para mejor proveer en el presente juicio de garantías, quedan facultados los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Por último, conforme al numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación en dos de abril de dos mil cuatro, se hace saber a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la presente determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite; así también, se les informa que pueden ejercer el derecho que les asiste para manifestar su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.
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