Ricardo Herrera Villarreal
Expediente 960/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ricardo Herrera Villarreal
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta; téngase por recibido el escrito de demanda signado por Patricia Estrada Adame; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 960/2020-5, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: "LA PERTURBACIÓN Y AMENZADAS DE DESALOJO Y DEMOLICIÓN DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE RÍO ALAMO NÚMERO 110 CON ENTRE CALLES RAYÓN Y LIBERTAD DE LA COLONIA LONGORIA CON CÓDIGO POSTAL 88620 DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, POR PARTE DEL C. RICARDO HERRERA VILLARREAL EN CONJUNTO CON LA C. ERUDINA ARREDONDO GARCÍA .", señalando como autoridades responsables a Ricardo Herrera Villarreal y Erudina Arredondo García. Acto sobre el cual se actualiza una causa notoria y manifiesta causa de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, interpretado éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Al efecto, los referidos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y acorde con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten sus derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, Ricardo Herrera Villarreal y Erudina Arredondo García, no son parte de un órgano del Estado, ni obra en autos prueba alguna que nos lleve a concluir que los actos reclamados provengan en virtud del mandato o autorización de la autoridad; sino que provino de unas personas particulares, cuya actividad no es unilateral ni obligatoria, y su función no se encuentra determinada por una norma general, que pudiera afectar de esa manera la esfera jurídica del gobernado. Lo señalado, en atención a que el artículo 5° fracción II de la Ley de la Materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Apoya lo dicho, la tesis III.4o.C.10 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1828, del Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación (registro 2008197), que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En ese tenor, como ya se apuntó, en el presente asunto se reclama la perturbación y amenazas de desalojo y demolición de un predio ubicado en calle Río Álamo 110, entre calles Rayón y Libertad de la colonia Longoria de esta ciudad, por lo que es irrebatible que el juicio de amparo promovido contra Ricardo Herrera Villarreal y Erudina Arredondo García, resulta improcedente, dado que su actuar no es unilateral, pues no puede inferirse lógicamente que su actuación esté determinada por una norma general, por lo que tampoco puede estimarse sea equivalente al de una autoridad, atendiendo a las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. e) Que las anteriores características puedan reunirse en actos de particulares, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 161133), que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Bajo esas condiciones, es dable concluir que la relación entre Ricardo Herrera Villarreal y Erudina Arredondo García, con la parte quejosa, no es de aquéllas de supra a subordinación, sino de coordinación. En efecto, esa relación (de supra o subordinación) se originan entre gobernantes y gobernados, regulándose por el derecho público, que establece los procedimientos para dirimir los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado; mientras que las relaciones de coordinación implican un plano de igualdad, en el que las partes (por lo general particulares) se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. Por ende, Ricardo Herrera Villarreal y Erudina Arredondo García, no tienen, en el caso que se plantea, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que se le reclama la perturbación y amenazas de desalojo y demolición de un predio. Entonces, en este caso el acto reclamado queda comprendido en un plano de igualdad, debido a que la posición de la parte quejosa (actora en el juicio natural), frente a los citados particulares señalado como responsable, no equivale a actos de autoridad, sino de particulares, que no encuadran en los que son materia de amparo; por lo que, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, éstos a contrario sensu, del propio ordenamiento legal. En tales condiciones, es evidente que este asunto resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por Patricia Estrada Adame. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, los mencionados en el ocurso de demanda. Con fundamento en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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