Ricardo Herrera del Mercado
Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Herrera del Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 984/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el trece de ese mismo mes y año en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de 1) Director del Campus Cuernavaca, 2) Director de la Escuela de Derecho Campus Cuernavaca, 3) Coordinación de Servicios Escolares Campus Cuernavaca, 4) Rectoría Institucional, sede Ciudad de México, 5) Dirección de Servicios Escolares de la Vicerrectoría Académica dependiente de la Rectoría Institucional, y 6) Campus Cuernavaca, todos de la ********************). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos reclamados carentes de ejecución material se atribuyen, entre otras, a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de expedir el certificado parcial de estudios correspondiente al primer semestre de la Licenciatura en Derecho, modalidad mixta, cursado del quince de agosto de dos mil veintidós al veinte de enero de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que las autoridades responsables 1) Director del Campus Cuernavaca, 2) Director de la Escuela de Derecho Campus Cuernavaca, 3) Coordinación de Servicios Escolares Campus Cuernavaca, y 4) Campus Cuernavaca todos de la ********************), así lo señalaron en su informe justificado. Por cuanto a las autoridades 5) Rectoría Institucional, sede Ciudad de México, y 6) Dirección de Servicios Escolares de la Vicerrectoría Académica dependiente de la Rectoría Institucional; también de la ******************** Latina (UNILA), se presume cierto el acto reclamado, en virtud de haberse abstenido de rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificados. Lo anterior, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. En este sentido, queda de manifiesto no haberse demostró que con anterioridad a la presentación de la demanda se hubiera expedido el certificado parcial de estudios cuya omisión se combate. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. Estudio del acto reclamado. Al no actualizarse causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Al respecto, por las razones que se expondrán, son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal. a) Antecedentes. Se considera necesario narrar de manera breve los antecedentes del acto reclamado desprendidos de la demanda de amparo: 1. El quejoso cursó el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho en el Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), durante los meses de agosto de dos mil veintidós a enero de dos mil veintitrés. 2. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós se comunicó a los estudiantes inscritos, la decisión del Campus, de cerrar dicha carrera de Licenciatura en Derecho. 3. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, solicitó la expedición de un certificado parcial de estudios, realizando el pago respectivo y se le expidió el recibo respectivo; sin embargo, las responsables han omitido expedir y entregarle dicho documento. b) Marco normativo constitucional y legal sobre el derecho a la educación y sobre algunos deberes tanto de las instituciones públicas y privadas de educación. Conforme al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. De igual forma, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley. A su vez, la Ley General de Educación señala en su artículo 1o que dicho ordenamiento garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. Asimismo, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior, las instituciones particulares podrán otorgar el título profesional, una vez que el estudiante haya cumplido con los requisitos académicos establecidos en los planes educativos y el servicio social, pero para la validez de dicha documentación es necesario que la entidad pública, otorgante de la validez a los planes de estudios del particular, autentifique dicha documentación. De igual forma, los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos expedidos por los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requerirán de autenticación por parte de la autoridad o institución pública que haya concedido la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios. Para tal efecto, podrán utilizar medios digitales y procesos electrónicos. c) Caso concreto. Sostiene el quejoso que la omisión de las responsables trasgrede el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al obstaculizar el derecho a la educación superior reconocido en dicha norma, privándolo de la oportunidad de aprendizaje dentro del sistema educativo nacional, pues sin dicho documento se le ha impedido revalidar las materias cursadas y proseguir sus estudios en distinto centro universitario. Lo anterior, sin existir justificación de parte de las responsables, al haber realizado la solicitud y pago respectivos; y a pesar de estar contemplada la obligación de expedírsele el documento omitido, en la reglamentación del Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), en particular en los artículos 31, 141 y 142 del reglamento expedido por dicho dentro educativo denominado: "Reglamento Escolar para la Licenciatura y Posgrado con Reconocimiento de la SEP." d) Decisión. El argumento contenido en el concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En el caso, las autoridades responsables han sido omisas en expedir y entregar al peticionario de amparo el certificado parcial de estudios relativo al primer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho, cursado en el Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), habiendo realizado la solicitud y pago respectivo y así haberlo aceptado las autoridades responsables de dicho campus universitario al rendir su informe. Tal actuar de las autoridades universitarias responsables, trasgrede en perjuicio del solicitante del amparo el derecho a la educación, contenido en el artículo 3 de la Constitución Federal. Esto es así, pues tratándose de la educación a nivel superior, como en el caso de licenciatura en derecho cursada en un primer semestre por el aquí quejoso, en la institución educativa responsable y una vez realizada la solicitud y el pago respectivo para la expedición del certificado parcial de estudios, es obligación de la institución educativa expedir el documento con el cual acredite tales estudios, debidamente validado por las autoridades educativas correspondientes, como se prevé en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior. Luego, si bien dicha legislación no señala un plazo o periodo para que las universidades privadas expidan dicho certificado parcial, lo cierto es que, como todo acto de autoridad debe ocurrir dentro un periodo de tiempo razonable. Sin embargo, desde el dieciocho de enero de dos mil veintitrés se realizó la solicitud y el pago para la expedición del certificado parcial de estudios, sin que las autoridades universitarias responsables acreditaran haberlo expedido y entregado al peticionario de amparo, otorgándose valor probatorio al recibo exhibido, de esa misma fecha y expedido por el centro educativo de mérito. Por tanto, constituye un dato de prueba suficiente para demostrar la existencia de la solicitud, la cual no ha sido atendida desde entonces; lo cual se concatena con la propia aceptación en el informe del representante de las autoridades del campus universitario con sede en esta ciudad, quien reconoce la omisión. A dichos medios de prueba se les otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, las responsables no comprobaron haber cumplido cabalmente con la obligación impuesta en los artículos 14 y 16 de la Ley General de Educación Superior, relativa a expedir el certificado parcial de estudios, no obstante haberse cursado las materias respectivas y realizarse la solicitud y el pago correspondiente. Sin ser óbice la mención en el informe justificado rendido, acerca de haberse realizado las gestiones necesarias para que la Secretaría de Educación Pública autorice el proceso de certificación su tramitación, expedición y validación; pues dicha solicitud ante la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, se realizó hasta el siete de junio de dos mil veintitrés, como consta en el acuse de recibo que en copia simple acompañó a su informe y al cual se otorga eficacia probatoria por contener datos que benefician a la contraria de la autoridad oferente, de conformidad con el propio 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, se prueba que trascurrieron casi cinco meses para que las responsables solicitaran la compulsa del plan de estudios de la licenciatura en derecho y pudiera realizarse la expedición del certificado parcial de estudios; por tanto, se hace patente la trasgresión del derecho a la educación protegida constitucionalmente, pues dicha omisión ha perjudicado al estudiante, aquí quejoso, a quien se ha obstaculizado su inscripción en distinto centro educativo, ante el retraso injustificado de las responsables para obtener las validaciones necesarias para estar en aptitud de expedición del certificado señalado, requisito indispensable para la continuación de estudios en el grado correspondiente. En relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho a la educación, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria: De manera inmediata, las responsables en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para expedir el certificado parcial de estudios solicitado. En el entendido de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de estar señaladas o no como responsables, quedan obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia; ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Vistos los autos del juicio de amparo 984/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el trece de ese mismo mes y año en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos de 1) Director del Campus Cuernavaca, 2) Director de la Escuela de Derecho Campus Cuernavaca, 3) Coordinación de Servicios Escolares Campus Cuernavaca, 4) Rectoría Institucional, sede Ciudad de México, 5) Dirección de Servicios Escolares de la Vicerrectoría Académica dependiente de la Rectoría Institucional, y 6) Campus Cuernavaca, todos de la ********************). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos reclamados carentes de ejecución material se atribuyen, entre otras, a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de expedir el certificado parcial de estudios correspondiente al primer semestre de la Licenciatura en Derecho, modalidad mixta, cursado del quince de agosto de dos mil veintidós al veinte de enero de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que las autoridades responsables 1) Director del Campus Cuernavaca, 2) Director de la Escuela de Derecho Campus Cuernavaca, 3) Coordinación de Servicios Escolares Campus Cuernavaca, y 4) Campus Cuernavaca todos de la ********************), así lo señalaron en su informe justificado. Por cuanto a las autoridades 5) Rectoría Institucional, sede Ciudad de México, y 6) Dirección de Servicios Escolares de la Vicerrectoría Académica dependiente de la Rectoría Institucional; también de la ******************** Latina (UNILA), se presume cierto el acto reclamado, en virtud de haberse abstenido de rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificados. Lo anterior, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. En este sentido, queda de manifiesto no haberse demostró que con anterioridad a la presentación de la demanda se hubiera expedido el certificado parcial de estudios cuya omisión se combate. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. Estudio del acto reclamado. Al no actualizarse causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Al respecto, por las razones que se expondrán, son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal. a) Antecedentes. Se considera necesario narrar de manera breve los antecedentes del acto reclamado desprendidos de la demanda de amparo: 1. El quejoso cursó el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho en el Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), durante los meses de agosto de dos mil veintidós a enero de dos mil veintitrés. 2. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós se comunicó a los estudiantes inscritos, la decisión del Campus, de cerrar dicha carrera de Licenciatura en Derecho. 3. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, solicitó la expedición de un certificado parcial de estudios, realizando el pago respectivo y se le expidió el recibo respectivo; sin embargo, las responsables han omitido expedir y entregarle dicho documento. b) Marco normativo constitucional y legal sobre el derecho a la educación y sobre algunos deberes tanto de las instituciones públicas y privadas de educación. Conforme al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. De igual forma, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley. A su vez, la Ley General de Educación señala en su artículo 1o que dicho ordenamiento garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. Asimismo, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior, las instituciones particulares podrán otorgar el título profesional, una vez que el estudiante haya cumplido con los requisitos académicos establecidos en los planes educativos y el servicio social, pero para la validez de dicha documentación es necesario que la entidad pública, otorgante de la validez a los planes de estudios del particular, autentifique dicha documentación. De igual forma, los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos expedidos por los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requerirán de autenticación por parte de la autoridad o institución pública que haya concedido la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios. Para tal efecto, podrán utilizar medios digitales y procesos electrónicos. c) Caso concreto. Sostiene el quejoso que la omisión de las responsables trasgrede el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al obstaculizar el derecho a la educación superior reconocido en dicha norma, privándolo de la oportunidad de aprendizaje dentro del sistema educativo nacional, pues sin dicho documento se le ha impedido revalidar las materias cursadas y proseguir sus estudios en distinto centro universitario. Lo anterior, sin existir justificación de parte de las responsables, al haber realizado la solicitud y pago respectivos; y a pesar de estar contemplada la obligación de expedírsele el documento omitido, en la reglamentación del Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), en particular en los artículos 31, 141 y 142 del reglamento expedido por dicho dentro educativo denominado: "Reglamento Escolar para la Licenciatura y Posgrado con Reconocimiento de la SEP." d) Decisión. El argumento contenido en el concepto de violación es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En el caso, las autoridades responsables han sido omisas en expedir y entregar al peticionario de amparo el certificado parcial de estudios relativo al primer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho, cursado en el Campus Cuernavaca de la ******************** Latina (UNILA), habiendo realizado la solicitud y pago respectivo y así haberlo aceptado las autoridades responsables de dicho campus universitario al rendir su informe. Tal actuar de las autoridades universitarias responsables, trasgrede en perjuicio del solicitante del amparo el derecho a la educación, contenido en el artículo 3 de la Constitución Federal. Esto es así, pues tratándose de la educación a nivel superior, como en el caso de licenciatura en derecho cursada en un primer semestre por el aquí quejoso, en la institución educativa responsable y una vez realizada la solicitud y el pago respectivo para la expedición del certificado parcial de estudios, es obligación de la institución educativa expedir el documento con el cual acredite tales estudios, debidamente validado por las autoridades educativas correspondientes, como se prevé en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Educación Superior. Luego, si bien dicha legislación no señala un plazo o periodo para que las universidades privadas expidan dicho certificado parcial, lo cierto es que, como todo acto de autoridad debe ocurrir dentro un periodo de tiempo razonable. Sin embargo, desde el dieciocho de enero de dos mil veintitrés se realizó la solicitud y el pago para la expedición del certificado parcial de estudios, sin que las autoridades universitarias responsables acreditaran haberlo expedido y entregado al peticionario de amparo, otorgándose valor probatorio al recibo exhibido, de esa misma fecha y expedido por el centro educativo de mérito. Por tanto, constituye un dato de prueba suficiente para demostrar la existencia de la solicitud, la cual no ha sido atendida desde entonces; lo cual se concatena con la propia aceptación en el informe del representante de las autoridades del campus universitario con sede en esta ciudad, quien reconoce la omisión. A dichos medios de prueba se les otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, las responsables no comprobaron haber cumplido cabalmente con la obligación impuesta en los artículos 14 y 16 de la Ley General de Educación Superior, relativa a expedir el certificado parcial de estudios, no obstante haberse cursado las materias respectivas y realizarse la solicitud y el pago correspondiente. Sin ser óbice la mención en el informe justificado rendido, acerca de haberse realizado las gestiones necesarias para que la Secretaría de Educación Pública autorice el proceso de certificación su tramitación, expedición y validación; pues dicha solicitud ante la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, se realizó hasta el siete de junio de dos mil veintitrés, como consta en el acuse de recibo que en copia simple acompañó a su informe y al cual se otorga eficacia probatoria por contener datos que benefician a la contraria de la autoridad oferente, de conformidad con el propio 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, se prueba que trascurrieron casi cinco meses para que las responsables solicitaran la compulsa del plan de estudios de la licenciatura en derecho y pudiera realizarse la expedición del certificado parcial de estudios; por tanto, se hace patente la trasgresión del derecho a la educación protegida constitucionalmente, pues dicha omisión ha perjudicado al estudiante, aquí quejoso, a quien se ha obstaculizado su inscripción en distinto centro educativo, ante el retraso injustificado de las responsables para obtener las validaciones necesarias para estar en aptitud de expedición del certificado señalado, requisito indispensable para la continuación de estudios en el grado correspondiente. En relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho a la educación, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria: De manera inmediata, las responsables en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para expedir el certificado parcial de estudios solicitado. En el entendido de que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de estar señaladas o no como responsables, quedan obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia; ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente establece: Vistos los autos del juicio de amparo 984/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el doce de julio de dos mil veintitrés, Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autor
- Principal
Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos (Firma electrónica) Jadilson Alonso Navarro Secretario (Firma electrónica) En términos de lo dispuesto por el artículo 26 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, el Secretario Jadilson Alonso Navarro hace constar: que materialmente el cierre de la presente audiencia tuvo verificativo en la hora y fecha fijados, sin embargo ello no coincide con la hora de la evidencia criptográfica pues esto último se realizó una vez que las labores de este órgano judicial lo permitieron. Conste.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que se señalaron las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, se declaró inhábil dicha data. Por tanto, en su lugar se fijan las trece horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés para su desahogo, lo que se asienta para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Ricardo Gonzalez Jimenez1502/2015
- Ricardo González Jiménez1567/2014
- Ricardo Gonzalez Roman988/2020
- Ricardo Gonzalez Román325/2018
- Ricardo Gonzalez Roman1151/2023
- Ricardo González Román1509/2019
- Ricardo Isaac Zapata Mendoza1012/2020
- Ricardo Isaac Zapata Mendoza1608/2022
- Ricardo Jaray Salgado679/2018
- Ricardo Jaray Salgado185/2017
- Ricardo Jaray Salgado989/2017
- Ricardo Jimenez Najera1671/2017