Ricardo Hernández Sánchez

Expediente 901/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
901/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Hernández Sánchez
  • Juez Tercero del Ramo Mercantil de Zacatecas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 6146. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el quejoso Ricardo Hernández Sánchez, por el que solicita la devolución del billete de depósito otorgado para que surtiera sus efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; dígase al promovente que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156, de la Ley de Amparo, y reiterada que sea su petición se acordará lo procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del tres al dieciséis de enero del año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 901/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó y se concedió la suspensión definitiva solicitada por el amparista; asimismo se exhibió un billete de depósito, que amerita proveer su destino; No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Sí existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con una promoción registrada con el folio 1265. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. BILLETE DE DEPÓSITO. Tomando en consideración que el quejoso Ricardo Hernández Sánchez, exhibió el billete de depósito N 817583, por la cantidad de cinco mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que fue otorgada; dígasele que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, estará en posibilidad de solicitar la devolución del mismo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que se presente ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dichos documentos, de lo que se dejará la constancia de recibo correspondiente. Devuélvase al juez Tercero del Ramo Mercantil de la capital, las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 1248/2010, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Finalmente, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del propio nombre, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto enviado a fin de que se emplazara al juicio de amparo al tercero interesado Obed Aréchiga Aréchiga; acúsese el recibo de estilo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Bjm

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 901/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con un pedimento ministerial registrado con el folio 17134. A lo que el juez acuerda: agréguese a los autos el pedimento de cuenta y relaciónese en la etapa procesal respectiva; asimismo, como lo solicita la representación social, una vez que se dicte la sentencia, expídansele las copias respectivas, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Enseguida, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por el Juez Tercero del Ramo Mercantil (foja 23) y el Jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la capital (foja 25), ambos con sede en esta ciudad; de igual forma se tienen emplazados a juicio en su calidad de terceros interesados a Carlos Alberto Hurtado Ramírez (tercero excluyente en el juicio natural), Miriam Berenice del Carmen Carlos Sánchez, como endosataria de Roberto Juaregui Torres, Alejandro Arechiga Flores, en su carácter de acreedor de la demandada Verónica Sánchez Mier, y apersonado a Obed Aréchiga Arechiga, por auto de veintisiete de octubre del año en curso (fojas 19, 22, 36 y 28, respectivamente), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental exhibida por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 7 y 8); así como con las allegadas por el juez responsable, consistentes en nueve legajos de copias certificadas deducidas del juicio mercantil ejecutivo 1248/2010. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la representación social de la adscripción en el pedimento de cuenta. El juez acuerda: Ténganse formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para tal efecto. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 901/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ricardo Hernández Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Ejecutora: Jefe de la Central de Actuarios adscrito al juzgado citado. Acto reclamado: La orden de desposesión o desalojo ordenada en el juicio mercantil ejecutivo 1248/2010, respecto del inmueble que arrienda y en donde habita el quejoso ubicado en calle Valencia número doscientos seis (206), fraccionamiento Tahona, de esta ciudad; y su ejecución. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 9-12), se registró el juicio con el expediente 901/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, emplazar a los terceros interesados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: Del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad: La orden de desposesión o desalojo ordenada en el juicio mercantil ejecutivo 1248/2010, respecto del inmueble que arrenda y en donde habita el quejoso ubicado en calle Valencia número doscientos seis (206), fraccionamiento Tahona, de esta ciudad, del cual el quejoso se ostenta tercero extraño. Del Jefe de la Central de Actuarios adscrito al juzgado citado La ejecución material de la orden de desposesión o desalojo ordenada en el juicio mercantil ejecutivo 1248/2010. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 23). Asimismo, a su informe de ley, el juez responsable acompañó las constancias relativas a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1248/2010, así como de las diversas actuaciones derivadas del mismo consistentes en ocho legajos (todos guardados por separado); documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Jefe de la Central de Actuarios adscrito al juzgado citado aceptó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen (foja 25). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor exposición del asunto, es menester destacar que de las constancias que integran el expediente de origen, se advierten los antecedentes siguientes: 1.- Por escrito presentado el diecinueve de dos mil diez (fojas 1-3 del cuaderno principal de pruebas), ante la oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, Roberto Jauregui Torres, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió juicio mercantil ejecutivo, en contra de Verónica Sánchez Mier. 2.-En auto de veinte de octubre del dos mil diez (foja 4 del referido tomo de pruebas), se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 1248/2010 y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3.- El dieciséis de febrero del año dos mil once (fojas 12 y 13), se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en el que el actor señaló una finca urbana marcada con el número 206, de la calle Valencia construida sobre el lote 17 de la manzana 19 del fraccionamiento Thaona, de esta ciudad, procediendo el actuario a trabar real, formal y jurídico embargo sobre el referido bien inmueble. 4.- En proveído de cuatro de marzo del dos mil once (foja 20 del citado cuaderno de pruebas), se tuvo por no contestada la demanda, en virtud de que la misma se presentó de forma extemporánea. 5.- El veinticuatro de enero de dos mil doce (fojas 44-48 del referido tomo de pruebas), el juez responsable dictó la sentencia correspondiente, en la que condenó a la parte demandada a pagar la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100), los intereses moratorios, los gastos y costas, asimismo ordenó el remate del bien inmueble embargado. La resolución de mérito causó ejecutoria el veinticuatro de febrero de la misma fecha (foja 57 del cuaderno de pruebas). 6.-Posteriormente, el once de octubre de dos mil trece (fojas 163-168 del citado cuaderno de pruebas), se llevó a cabo la diligencia de remate en primera almoneda, respecto del inmueble materia de los actos reclamados, fincándose en favor de Obed Aréchiga Aréchiga. 7.- Por resolución de veintiocho de abril de dos mil catorce (fojas 209-212), el juez responsable aprobó la diligencia de remate y ordenó la adjudicación del bien inmueble en favor de Obed Aréchiga Aréchiga. 8.- Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 407), se ordenó remitir el expediente al notario público número nueve del estado a fin de que realizara la protocolización de las constancias judiciales del expediente 1248/2010 y se expidiera la escritura de propiedad. 9.- En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 484), se requirió a la parte demandada para que voluntariamente entregara el bien inmueble adjudicado, apercibiéndola que de no hacerlo se procedería por la vía forzosa. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita que cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4º de la Ley de Amparo, que se interpreta en la tesis, con los numerales 5, fracción I, en lo conducente, y 6º de la Ley de Amparo vigente, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal. En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la propiedad y posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esa línea, para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo es necesario que sea de fecha cierta. Lo anterior, puesto que con dicha característica se tiene certeza de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. La fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se da alguno de los supuestos jurídicos siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un registro público de la propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio. III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior es así, ya que el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen en éste y por ello, en sí mismo no puede crear la convicción de la certeza de la fecha del documento, por lo que, para que ello ocurra, se hace necesario que acontezca cualquiera de las eventualidades señaladas, pues así surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de que necesariamente orienta esa conclusión. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre 1999, Novena Época, página setenta y ocho, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Por tanto, la fecha cierta de un documento proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en él, por lo que tiene eficacia probatoria para efectos del juicio de amparo. En esta instancia, el quejoso se ostenta persona extraña al juicio natural, en virtud de que, a su juicio, cuenta con la posesión del inmueble objeto del juicio natural, derivada de un contrato de arrendamiento. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de posesión que aduce tener el quejoso respecto del inmueble de referencia, por ser legítimo arrendatario de éste. Para acreditar tal legitimación, el quejoso exhibió el original del contrato de arrendamiento celebrado el uno de enero de dos mil quince (fojas 7 y 8). Sin embargo, el documento anterior carece de fecha cierta para acreditar el interés jurídico en la presente instancia constitucional, pues se trata de un contrato privado de arrendamiento, es decir, únicamente fue suscrito por los intervinientes. Por tanto, no existe un elemento objetivo que corrobore la fecha en que tal acto jurídico fue celebrado, al no haberse pasado ante un fedatario público, inscrito en el Registro Público de la Propiedad ni haberse acreditado el fallecimiento de alguno de los intervinientes. De ahí que dicho documento resulte ineficaz para acreditar el momento exacto en que se adquirió tal prerrogativa, a efecto de estar en posibilidad de analizar si fue con anterioridad o con posterioridad a la emisión del acto reclamado; por lo que es insuficiente para acreditar el interés jurídico en la presente instancia constitucional, al no ser fehaciente el derecho base del perjuicio reclamado. En consecuencia, no está acreditada la causa jurídica de la posesión defendida, por lo que no es patente que el quejoso cuente con interés jurídico para combatir los actos reclamados. Sirve de criterio orientador, por analogía, la tesis 1a./J. 24/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 11, con número de registro 169963 del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito". Máxime que tampoco el quejoso acreditó que cuenta con la detentación de hecho del inmueble cuya posesión defiende, pues al tratarse de una cuestión de tracto sucesivo, tal circunstancia no puede derivar fehacientemente sólo de una documental. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad responsable ejecutora, por no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Hernández Sánchez contra el acto que reclamó del juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, y jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la capital, consistente en la orden de desposesión o desalojo ordenada en el juicio mercantil ejecutivo 1248/2010 y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Vicky

  4. Principal

    El once de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: a) Que se encuentran señaladas las nueve horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. b) Que en veinticuatro de octubre del año en curso, se emplazó al presente juicio de derechos a Carlos Alberto Hurtado Ramírez. c) En la misma fecha se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. d) Que el término de tres días, concedido al tercero interesado Carlos Alberto Hurtado Ramírez, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintiséis al treinta de dicho mes y año. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos de los que se advierte que el veinticuatro de octubre del año en curso, se emplazó al tercero interesado Carlos Alberto Hurtado Ramírez, en esa propia fecha se tuvieron por recibidos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables juez Tercero del Ramo Mercantil y jefe de la Central de Actuarios, ambos del Distrito Judicial de la capital, sin embargo, no obstante que con ellos se dio vista a las partes, el citado tercero interesado no tuvo conocimiento de dicha actuación virtud a lo precisado con anterioridad; por tanto, con el contenido de dichos informes se ordena dar vista al antes mencionado, a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, toda vez que del veintiséis al treinta de octubre del año en curso, transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado Carlos Alberto Hurtado Ramírez, sin que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones como al efecto se le previno por auto de dieciocho de octubre último; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que la notificación del presente proveído, así como las posteriores que tengan el carácter de personales practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia 28542 y 28543

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