Ricardo Hernández Magaña
Expediente 1075/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ricardo Hernández Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de nueve de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ricardo Hernández Magaña, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Mediante oficios recepcionados el cuatro y veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el fallo protector. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se dio vista a las partes con el precitado informe. Por resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, se declaró no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y se requirió lo conducente a la autoridad responsable. Mediante oficio recepcionado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de las constancias de emplazamiento de los demandados de la controversia de origen. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable realizara la notificación y el emplazamiento de las demandadas Polietilenos del Sureste, sociedad anónima de capital variable, así como de Felipe Nadal del Río, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, y de ser necesario señalara nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo indicado en el artículo 873 de la Ley en cita. Al respecto, con las constancias remitidas, la responsable demostró que en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, señaló las once horas del diecisiete de agosto del mismo año, para la celebración de la audiencia precitada. Asimismo, se advierte que el dos de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo el aludido emplazamiento. No obstante, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ordenó regularizar el procedimiento e instruyó que se realizara nuevamente el emplazamiento de los referidos demandados, señalando las nueve horas del siete de septiembre próximo, para el desahogo de la citada audiencia. Sin embargo, en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, declaró firme el aludido emplazamiento, aduciendo que en el proveído precitado erróneamente se había regularizado al respecto, y señaló las diez horas del veintisiete de octubre próximo para la audiencia de referencia. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual remite copia certificada de las constancias de emplazamiento de los demandados en la controversia laboral 4769/2019 de su índice, así como el proveído de cinco de los actuales. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecinueve de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ricardo Hernández Magaña, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Mediante oficios recepcionados el cuatro y veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el fallo protector. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se dio vista a las partes con el precitado informe. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable realizara la notificación y el emplazamiento de las demandadas Polietilenos del Sureste, sociedad anónima de capital variable, así como de Felipe Nadal del Río, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, y de ser necesario señalara nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo indicado en el artículo 873 de la Ley en cita. Al respecto, con las constancias remitidas, la responsable demostró que en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, señaló las once horas del diecisiete de agosto del mismo año, para la celebración de la audiencia precitada, Asimismo, se advierte que el dos de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo el aludido emplazamiento. No obstante, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ordenó regularizar el procedimiento e instruyó que se realizara nuevamente el emplazamiento de los referidos demandados, señalando las nueve horas del siete de septiembre próximo, para el desahogo de la citada audiencia. CONCLUSIÓN En consecuencia, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído: Remita copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento realizados a los demandados Polietilenos del Sureste, sociedad anónima de capital variable y Felipe Nadal del Río, en el juicio laboral 4769/2019 de su índice. Apercibiéndose a Ruth del Carmen Jerónimo Bautista que, de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Notifíquese.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro de julio posterior, Ricardo Hernández Magaña solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "a) El acuerdo de fecha 22 de junio de 2022 donde la autoridad responsable me señala fecha lejana de audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el 16 de noviembre de 2022, así como la OMISIÓN de emplazar a juicio a las demandadas POLIETILENOS DEL SURESTO S.A. DE C.V., EL C. FELIPE NADA DEL RIO, en el expediente principal 4769/2019 (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco 2 Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1075/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes justificados; dada la naturaleza del acto que reclama, no se tuvo a la parte demandada en el juicio natural como parte tercera interesada; no se ordenó tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente por la quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: Acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 4769/2019 del índice de la Junta responsable, por medio del cual señaló las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. La omisión de notificar y emplazar a juicio a los demandados en el juicio laboral de origen. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado en representación de dicha Junta y el actuario adscrito, negó la existencia de los actos reclamados sintetizados en el considerando precedente. No obstante, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones vertidas en el informe junto con las constancias que adjuntó al mismo, relativas al expediente laboral 4769/2019 de su índice, se advierte que mediante auto de doce de julio de dos mil veintidós regularizó el proceso y señaló nueve fecha y hora de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, indicando una fecha próxima para su celebración, esto en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo; cuyo retraso constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional; además, no se advierte constancia alguna con la que se acredite la notificación y emplazamiento de las demandadas. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Es fundado el concepto de violación, respecto a que la Junta responsable transgrede en perjuicio de la quejosa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se traduce en una violación al derecho fundamental consistente en la impartición de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fija la ley de la materia. En efecto, de acuerdo a los lineamientos preceptuados por el dispositivo constitucional en comento y las reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, se aprecia lo fundado de la transgresión al citado numeral de la Carta Magna, pues al estar probada la existencia del acto reclamado también se demuestra su inconstitucionalidad al ser un acto de naturaleza omisiva. Luego, el numeral constitucional en análisis encierra diversas prerrogativas individuales, pero teniendo en cuenta las características propias del caso, nuestro estudio sólo lo enfocaremos a la de impartición de justicia dentro de los plazos legales. Ahora bien, para demostrar la conclusión anunciada es menester transcribir el contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Del artículo transcrito se desprende que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitadas por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran la prerrogativa constitucional de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de realizar las diligencias y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público En ese contexto, se satisface el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal cuando se realizan los emplazamientos y se cita a las partes a las audiencias dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, así como que se emita la resolución dentro de los mismos términos en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados; resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese orden de ideas, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligado a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la parte quejosa en esta vía, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables. Por su parte, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con el numeral 8, fracción II, de esta última, establecen lo siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". De lo transcrito, se advierte que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. En esa medida, se desprende que no se cumplió con lo establecido en las disposiciones transcritas, por lo que es evidente que se transgredió el numeral constitucional analizado. En efecto, se advierte que la autoridad responsable si bien señalo las once horas del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 4769/2019, de su índice, mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, dicha determinación no ha sido notificada a las partes, tal y como se estableció en el citado acuerdo, sin que se encuentre justificada en autos esa omisión. En consecuencia, atendiendo a la prerrogativa denominada derecho a la jurisdicción, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional, lo procedente es, de conformidad con los numerales 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: De inmediato, lleve a cabo la notificación y el emplazamiento de las demandadas POLIETILENOS DEL SURESTE, sociedad anónima de capital variable, así como a FELIPE NADAL DEL RÍO, dentro de los términos establecidos en el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, y de ser necesario señale nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo indicado en el artículo 873 de la Ley en cita. Lo cual implica que deberá efectuar tales llamamientos con diez días de anticipación a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de conformidad con lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19). SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto reclamado a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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