Ricardo Hernández Ibarra

Expediente 1026/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1026/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Hernández Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de tres de julio último (fojas 18 a 21), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar en Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1026/2018-IV. Ahora, el impetrante señala como acto reclamado la ilegal notificación y emplazamiento en el procedimiento especial sobre divorcio voluntario número 285/2018 del índice del Juzgado Segundo Familiar en Toluca, Estado de México. Analizado el acto se advierte actualizado el supuesto previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano. El aludido numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal de los quejosos, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que el quejoso es el demandado en el juicio de divorcio voluntario número 285/2018 del índice del Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México; máxime que el Código Adjetivo Civil prevé en el artículo 1.187 el medio impugnación que procede. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa) son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, el peticionario del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este contexto, como en el caso a estudio, el quejoso reclamó en este juicio de amparo la ilegal notificación y emplazamiento en el procedimiento especial sobre divorcio voluntario número 285/2018 del índice del Juzgado Segundo Familiar en Toluca, Estado de México, en el que resulta ser el demandado, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) A través de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Por otra parte, se advierte que contra el acto reclamado, consistente en la ilegal notificación y emplazamiento en el procedimiento especial sobre divorcio voluntario número 285/2018 del índice del Juzgado Segundo Familiar en Toluca, Estado de México; procede el incidente de nulidad de notificaciones respectivamente, previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Así, del análisis del precepto legal antes transcrito, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido y ejecutado, por el Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, y por el Notificador adscrito, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (incidente de nulidad de notificaciones), previo a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio civil subyacente (parte actora). Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Ricardo Hernández Ibarra, contra actos del Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Notifíquese.

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