Ricardo Hernández Farías

Expediente 812/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
812/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
02/01/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Hernández Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, con apoyo en los numerales 354, 355 Y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, se concedió en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expedien1te es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. e) Por ya no ser necesario, devuélvanse a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Colima, Colima, dos de enero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original y considerando que fue concedida la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante el período de vacaciones del Juez, en cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial, en la sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/7676/2016, de la misma fecha, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe. JAAA/esm

  3. Principal

    Colima, Colima, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, y realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de abril de dos mil dieciséis emitido contra Ricardo Hernández Farías en la causa penal 209/2015. 2. En su lugar, dictara otro en el que atento a las consideraciones expuestas en el fallo: a) Realizara el desglose de cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo; b) Efectuara una adecuada valoración de cada una de las pruebas que tomó en consideración para tener por acreditados los elementos del cuerpo del ilícito de referencia, especificando cuáles son los hechos que se extraen de ellas al analizarlas de manera individual y luego, en su conjunto con los demás medios probatorios, así como la relación que guardan con la descripción típica del ilícito, acatando las reglas que para ello establece la codificación adjetiva punitiva aplicable. c) Hecho lo anterior, resolviera en igualdad de condición, tomando en cuenta las probanzas que obran en autos, lo que conforme a derecho corresponda respecto a la probable responsabilidad del encausado Ricardo Hernández Farías en la comisión del antisocial que se le atribuye, indicando los medios de convicción que para tal efecto sirvan de sustento, su valor y alcance demostrativo en forma individual y conjunta; ya que sólo así, podrá dictar, si no encuentra irreprochables motivos legales para dejar de hacerlo, una determinación como la aquí reclamada. El veinte de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio número 2156, la autoridad responsable informó el cumplimiento del fallo protector y remitió constancias con las que acreditó tal circunstancia. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en la causa penal 209/2015 y, en cumplimiento a la ejecutoria emitió diversa resolución en la que resolvió decretar auto de libertad con las reservas de ley a favor de Ricardo Hernández Farías. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado y, en su lugar emitir otro, en la que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria, al realizar el estudio correspondiente, resolvió decretar auto de libertad con reservas legales a favor del quejoso Ricardo Hernández Farías, atendió lo lineamientos de la ejecutoria y por ello se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a), licenciado(a) Liliana Anguiano Casillas, quien autoriza y da fe. VHVR/LAC

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, y realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de abril de dos mil dieciséis emitido contra Ricardo Hernández Farías en la causa penal 209/2015. 2. En su lugar, dictara otro en el que atento a las consideraciones expuestas en el fallo: a) Realizara el desglose de cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo; b) Efectuara una adecuada valoración de cada una de las pruebas que tomó en consideración para tener por acreditados los elementos del cuerpo del ilícito de referencia, especificando cuáles son los hechos que se extraen de ellas al analizarlas de manera individual y luego, en su conjunto con los demás medios probatorios, así como la relación que guardan con la descripción típica del ilícito, acatando las reglas que para ello establece la codificación adjetiva punitiva aplicable. c) Hecho lo anterior, resolviera en igualdad de condición, tomando en cuenta las probanzas que obran en autos, lo que conforme a derecho corresponda respecto a la probable responsabilidad del encausado Ricardo Hernández Farías en la comisión del antisocial que se le atribuye, indicando los medios de convicción que para tal efecto sirvan de sustento, su valor y alcance demostrativo en forma individual y conjunta; ya que sólo así, podrá dictar, si no encuentra irreprochables motivos legales para dejar de hacerlo, una determinación como la aquí reclamada. El veinte de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio número 2156, la autoridad responsable informó el cumplimiento del fallo protector y remitió constancias con las que acreditó tal circunstancia. Debe decirse que los documentos descritos, merecen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo ordena el artículo 2o. de este último ordenamiento, al ser copia certificada de una de las actuaciones que conforman el juicio de origen. Corrobora lo expresado, por el espíritu que la informa, el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVIII, página quinientos cincuenta y ocho, que dice: "CERTIFICACIONES JUDICIALES.- Las copias expedidas por las autoridades, tienen el carácter de documentos públicos, y, como tales, hacen prueba plena". Del contenido de estas constancias, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de Tecomán, Colima dejó sin efecto jurídico la resolución reclamada dictada en la causa penal 209/2015 y, en cumplimiento a la ejecutoria emitió diversa resolución en la que resolvió decretar auto de libertad con las reservas de ley a favor de Ricardo Hernández Farías. Se afirma que dichas actuaciones satisfacen los alcances del fallo protector, por lo siguiente: En principio, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Amparo precisa los alcances de la sentencia que concede la protección constitucional, precepto que en su parte conducente, a la letra dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." Como se advierte de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en el presente caso, los efectos del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que se actualizara la violación. Bajo las anteriores premisas, se estiman ajustadas a las directrices de la ejecutoria de amparo, el acto verificado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo siguiente, porque al nulificar el auto de formal prisión reclamado y, en su lugar emitir otro, en la que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria, al realizar el estudio correspondiente, resolvió decretar auto de libertad con reservas legales a favor del quejoso Ricardo Hernández Farías, atendió lo lineamientos de la ejecutoria y por ello se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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