Ricardo Heredia Campuzano
Expediente 7/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ricardo Heredia Campuzano
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que se encuentra pendiente de sustanciarse el recurso de queja hecho valer por el tercero interesado ********************contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la prueba de inspección judicial ofrecida de su parte. Lo anterior, pues no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables, Directora de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala y Tesorero Municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, así como del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, del auto de dieciocho de enero de enero de dos mil veintitrés, por el cual se les corrió traslado con el escrito en el que se interpuso dicho medio de impugnación. En mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******* contra actos de la Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 7/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. SE DESECHA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, por ser preferente su estudio, se analizará, de oficio, la procedencia del juicio de amparo, conforme a lo previsto por los artículos 61 y 62, de la propia Ley del Amparo. Tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.76/2004, consultable en la página 262, del tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 181325, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, debe decirse que la parte quejosa reclama: El oficio número TJA/O.I.C.I/328/2022, de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se solicita al quejoso, las facilidades necesarias para llevar a cabo el desahogo de una visita de inspección con efectos de verificación, señalada para el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos en el área de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa; respecto del turno de notificación de la resolución dentro del expediente número 659/2018. El oficio número TJA/O.I.C.I/351/2022, de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se solicita al quejoso, su comparecencia ante la autoridad investigadora el día seis de enero de dos mil veintitrés a las diez horas. Por lo que dichos actos, no tienen tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Ahora bien, el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del primer numeral reproducido se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente, entre otros casos, en los supuestos previstos en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Asimismo, de la segunda porción normativa transcrita se sigue que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que (primer supuesto) se trate de la resolución definitiva o bien, (segundo supuesto) de actos intermedios que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Luego, de una intelección de ambas porciones normativas se obtiene que el juicio de amparo será improcedente en contra de actos que emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tengan las características apuntadas; esto es, que no sean la resolución final o que tratándose de actos intermedios, no sean de imposible reparación. Ahora bien, en relación con el segundo supuesto, esto es, de actos intermedios emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio que importen una afectación a derechos sustantivos, cabe precisar que una nota distintiva que permite advertir qué actuaciones autoritarias ostentan esa cualidad, es si la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una resolución favorable en el procedimiento; pues en sentido contrario, si con el dictado de tal fallo desaparecieran las afectaciones ocasionadas al gobernado, en realidad se estará en presencia de un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y, por tanto, no produce una afectación de imposible reparación. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la que desde luego se comparte y que está visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En particular, importa destacar que la connotación de afectación de forma irreparable para efectos del juicio de amparo, tanto en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como en instancias jurisdiccionales, ha sido clarificada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que, en primer término, se debe tratar de actos que afecten materialmente derechos; esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y en segundo lugar, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, en contraposición a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. El anterior razonamiento quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en: El oficio número TJA/O.I.C.I/328/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se solicita al quejoso, las facilidades necesarias para llevar a cabo el desahogo de una visita de inspección con efectos de verificación, señalada para el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos en el área dentro de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa; respecto del turno de notificación de la resolución dentro del expediente número 659/2018. El oficio número TJA/O.I.C.I/351/2022, de catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se solicita al quejoso, su comparecencia ante la autoridad investigadora el día seis de enero de dos mil veintitrés a las diez horas. En efecto, se observa que los citados actos no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no producen directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, al tratarse de afectaciones procedimentales, en su caso, será hasta el desenlace del procedimiento de origen en el que la parte quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Lo antepuesto, evidencia que los actos combatidos de naturaleza intraprocesal no ocasionan una afectación a derechos sustantivos, pues su alcance solo puede advertirse hasta que concluya el procedimiento de origen, pues de resolverse en su favor, desaparecería los efectos de los actos que ahora se reclaman. Aunado a lo anterior, es oportuno resaltar que respecto del oficio reclamado número TJA/O.I.C.I/328/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se solicita al quejoso, las facilidades necesarias para llevar a cabo el desahogo de una visita de inspección con efectos de verificación, señalada para el día catorce de diciembre de dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos en el área de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa; respecto del turno de notificación de la resolución dentro del expediente número 659/2018, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, ya que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, porque de conformidad con lo narrado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en la fecha señalada para que tuviera verificativo la visita de inspección citada, ésta no se llevó a cabo. En efecto, el numeral antes señalado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..:) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)". De conformidad con el referido precepto, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado; sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización por ya no tener asidero, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consideraciones que fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En la especie, respecto del oficio TJA/O.I.C.I/328/2022 se advierte la concurrencia de la causa de improcedencia en comento, ya que aun cuando subsiste el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en atención a que el día y hora para que tuviera verificativo la visita de inspección ésta no se llevó a cabo En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ricardo Heredia Campuzano, al haberse actualizado las causales de improcedencia analizadas en párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento por parte de la responsable a algún procedimiento o sometimiento a investigación en su contra, sin embargo, no ha lugar a tenerlo como un acto reclamado destacado, en razón de que de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que se formule concepto de violación alguno respecto de dicho acto. DOMICILIO. Por otro lado, toda vez que la quejosa señala como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se fijen en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese; por lista al quejoso.
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