Ricardo Gutiérrez Velasco

Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Gutiérrez Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado. Asimismo, en razón de que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero, párrafo último, del acuerdo en cita, dígase que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" ubicado en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", a efecto de comparecer a recogerlos.

  2. Principal

    VII... Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo ..., por conducto de su apoderado Fernando ..., personalidad que se le reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, al haber exhibido carta poder; contra actos del Primer Tribunal Laboral de la Región judicial de Tlalnepantla y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 730/2022-VII. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que da lugar a su desechamiento, dado que el acto reclamado consiste en: La audiencia de uno de junio de dos mil veintidós en la que el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, determinó desechar las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda y las ofrecidas en el escrito de réplica, objeciones y pruebas consistentes en, pericial en lenguaje, estilo y redacción, psicología, inspección ocular e informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente 17/2022.... Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En ese orden de ideas, del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado es la audiencia de uno de junio de dos mil veintidós en la que el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, determinó desechar las pruebas ofrecidas en el escrito inicial de demanda y las ofrecidas en el escrito de réplica, objeciones y pruebas consistentes en, pericial en lenguaje, estilo y redacción, psicología, inspección ocular e informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente 17/2022. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dichos actos no revisten el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, las determinaciones reclamadas no dejan sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. Además, la intención del legislador fue la de priorizar el principio de economía procesal para evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones estimen se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro del procedimiento y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados para que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO QUEJOSO Ahora, la parte quejosa señala como domicilio los estrados de este juzgado, pero como éstos no constituyen propiamente un domicilio, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en este juzgado.... TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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