Ricardo Guadalupe Renteria Jimenez

Expediente 561/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
561/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Guadalupe Renteria Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de once de septiembre del año en curso (fojas 180 a 185), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa contra la determinación emitida el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en la causa penal 65/2015, que se atribuyó a la juez Sexagésimo Penal de la Ciudad de México, a efecto de que (una vez que causara ejecutoria dicho fallo, y subsistieran el sentido y efectos del mismo), realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y 2. Emitiera otra con plena libertad de decisión, que podía ser en el mismo sentido, o en diverso, pero en ambos casos, debía subsanar la violación que se tuvo por actualizada, para lo cual, debía fundar y motivar adecuadamente su determinación. En concreto, la violación destacada consistió en lo siguiente: ".de la lectura de la determinación reclamada se advierte que en el aspecto descrito no se encuentra fundada y motivada de manera adecuada, en tanto que la norma aplicable al caso en estudio, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, porque de acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. Así, de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento; en el entendido de que esos "procedimientos" se refiere única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por tanto, si esta última se encuentra vigente, resulta inadecuado establecer, como lo hizo la responsable, que la autorización del traslado que se solicita, se rige por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad". Así, por auto de primero de octubre siguiente causó ejecutoria el fallo protector (foja 195), y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien el ocho de ese mismo mes informó sobre el particular, y remitió copia certificada de la resolución de cuatro anterior (fojas 206 a 216), en que dejó insubsistente el acto reclamado, y con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, autorizó el traslado del quejoso al Centro de Seguridad Penitenciaria II de esta ciudad, lo cual implica el abandono de sus consideraciones relativas a que en el caso resultaba aplicable diverso ordenamiento de ejecución de sanciones, las cuales integraban su pronunciamiento inmerso en el acto reclamado. Por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplido el fallo protector. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral. Por último, en atención a las manifestaciones expuestas por el demandante del amparo en la razón actuarial de cuenta, en desahogo del requerimiento formulado el once de este mes y año, dígasele que derivado de la concesión del amparo en su favor en los términos que fueron expuestos al inicio de este proveído, sólo implicaba que, como también se describió en párrafos precedentes, la responsable debía subsanar la inadecuada fundamentación y motivación de la autorización de traslado que reclamó, por lo que estaba en condiciones de emitir un nuevo pronunciamiento en el mismo sentido, como finalmente así aconteció, pero ahora en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin que en el caso en particular, el amparo y protección que de la Justicia Federal se le concedió, tuviera como consecuencia su ingreso a diverso centro de reclusión al en que actualmente se encuentra.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (foja 195). Por tanto, con el comunicado y anexo de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido de que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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