Ricardo Gonzalez Cebal

Expediente 718/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
718/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Gonzalez Cebal

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual informa que esa Superioridad confirmó la resolución de incompetencia emitida por este órgano de control constitucional, el ocho de octubre de dos mil veinte, por lo que admitió la competencia declinada. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso j), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se declaró la incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el acto reclamado por el quejoso Ricardo González Acebal, lo es la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal; y su ejecución por parte del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Al efecto, una vez analizada la demanda de amparo que nos atañe, en su integridad, así como los informes justificados y anexos remitidos por las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. Se considera lo anterior, cuenta habida que, tal y como se reseñó con antelación, el peticionario de amparo reclama la sentencia definitiva de segunda instancia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal. Por tanto, al reclamarse la ejecutoria que modificó la interlocutoria que determinó lo relativo a la pensión alimenticia, la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal, entonces, dicho acto reclamado, es materia de amparo directo y competencia de un Tribunal Colegiado. En efecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior, se observa que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, se insiste, el acto reclamado lo constituye la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal; y su ejecución por parte del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino; entonces, dicha determinación encuadra en lo establecido en el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que decidió el juicio en lo principal, resolviendo el fondo del asunto; por tanto, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página 4837, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DETERMINACIÓN QUE RESUELVA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL CONVENIO ADQUIERE LA CALIDAD DE SENTENCIA, CONTRA LA CUAL PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA QUE RECAIGA A ÉSTE ES DEFINITIVA RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De conformidad con las jurisprudencias 1a./J. 111/2012 (10a.), 1a./J. 116/2012 (10a.), 1a./J. 120/2012 (10a.), 1a./J. 137/2012 (10a.) y las tesis aisladas 1a. CCLXII/2012 (10a.) y 1a. CCLXIII/2012 (10a.), de aplicación analógica, en el juicio de divorcio sin expresión de causa previsto en las disposiciones relativas de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tamaulipas, la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial pero no resuelve todas las cuestiones inherentes a la terminación de ese vínculo, sino que deja expedito el derecho de las partes para que ventilen, incidentalmente, de manera exclusiva, lo relativo a los requisitos establecidos en el artículo 249 del Código Civil citado, sobre lo que no hubo acuerdo entre los contendientes, es un mero auto definitivo, pues no resuelve todos los aspectos inherentes a la disolución del matrimonio, que son prestaciones principales del juicio de divorcio. En esta hipótesis, deberá continuarse con el procedimiento para resolver las prestaciones principales que quedaron pendientes, conforme a las reglas de los incidentes; y la determinación que resuelva sobre la totalidad de los puntos del convenio previsto en el artículo 249 invocado, adquiere la calidad de sentencia, no de interlocutoria, contra la cual procede el recurso de apelación y la sentencia que recaiga a éste es definitiva reclamable en el amparo directo." Así como la diversa jurisprudencia visible en la página 597, del Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, así como los anexos respectivos, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente; y, en atención a lo antes ponderado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el acto reclamado por el quejoso Ricardo González Acebal, lo es la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal; y su ejecución por parte del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Al efecto, una vez analizada la demanda de amparo que nos atañe, en su integridad, así como los informes justificados y anexos remitidos por las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. Se considera lo anterior, cuenta habida que, tal y como se reseñó con antelación, el peticionario de amparo reclama la sentencia definitiva de segunda instancia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal. Por tanto, al reclamarse la ejecutoria que modificó la interlocutoria que determinó lo relativo a la pensión alimenticia, la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal, entonces, dicho acto reclamado, es materia de amparo directo y competencia de un Tribunal Colegiado. En efecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior, se observa que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, se insiste, el acto reclamado lo constituye la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 1250/2019, que modificó la parte considerativa y el resolutivo cuarto de la interlocutoria de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 922/2015, relativo a dos procedimientos de divorcio sin causales acumulados, en la que se resolvió en definitiva lo atinente a la pensión alimenticia a favor de la cónyuge Laura Minieto Fernández, así como la garantía, la compensación y la liquidación de la sociedad conyugal; y su ejecución por parte del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino; entonces, dicha determinación encuadra en lo establecido en el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que decidió el juicio en lo principal, resolviendo el fondo del asunto; por tanto, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página 4837, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DETERMINACIÓN QUE RESUELVA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DEL CONVENIO ADQUIERE LA CALIDAD DE SENTENCIA, CONTRA LA CUAL PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA QUE RECAIGA A ÉSTE ES DEFINITIVA RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De conformidad con las jurisprudencias 1a./J. 111/2012 (10a.), 1a./J. 116/2012 (10a.), 1a./J. 120/2012 (10a.), 1a./J. 137/2012 (10a.) y las tesis aisladas 1a. CCLXII/2012 (10a.) y 1a. CCLXIII/2012 (10a.), de aplicación analógica, en el juicio de divorcio sin expresión de causa previsto en las disposiciones relativas de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tamaulipas, la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial pero no resuelve todas las cuestiones inherentes a la terminación de ese vínculo, sino que deja expedito el derecho de las partes para que ventilen, incidentalmente, de manera exclusiva, lo relativo a los requisitos establecidos en el artículo 249 del Código Civil citado, sobre lo que no hubo acuerdo entre los contendientes, es un mero auto definitivo, pues no resuelve todos los aspectos inherentes a la disolución del matrimonio, que son prestaciones principales del juicio de divorcio. En esta hipótesis, deberá continuarse con el procedimiento para resolver las prestaciones principales que quedaron pendientes, conforme a las reglas de los incidentes; y la determinación que resuelva sobre la totalidad de los puntos del convenio previsto en el artículo 249 invocado, adquiere la calidad de sentencia, no de interlocutoria, contra la cual procede el recurso de apelación y la sentencia que recaiga a éste es definitiva reclamable en el amparo directo." Así como la diversa jurisprudencia visible en la página 597, del Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, así como los anexos respectivos, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente; y, en atención a lo antes ponderado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a la tercero interesada Laura Minieto Fernández, en auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se ordenó su emplazamiento al presente juicio de amparo y le fueron puestos a la vista los informes justificados rendidos por las responsables; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relaciónese el mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, y atento a lo solicitado, expídasele copia certificada de la sentencia que se emita en el presente juicio de amparo, una vez que la misma sea dictada. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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