Ricardo Gómez Reyes y Otros.

Expediente 1897/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1897/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2015

Partes del expediente

  • Rafael Arturo Dicante Rosales y Otros.
  • Ricardo Gómez Reyes y Otros.
  • Rafael Arturo Dicante Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se colige que no se encuentra pendiente de acordar promoción alguna respecto del trámite del juicio en que se actúa, por tanto, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, realícese el trámite para su DEPURACIÓN, remitiéndolo al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, Estado de México.

  2. Principal

    No obstante los referido en las constancias de notificación de tres de enero del año en curso, los solicitantes de amparo no cumplen con la totalidad de requerimientos realizados; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó y con fundamento en el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    Se reserva proveer lo conducente cuando los quejosos cumplan los requerimientos realizados o cuando fenezca el plazo otorgado. Respecto a que se les notifique personalmente, no se provee de conformidad, ya que el treinta y uno de diciembre último, este órgano jurisdicional tuvo como representente común de los quejoso a ***.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven ***, todos por propio derecho, contra actos que le atribuyen al Comisionado de Centro Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades; que los hacen consistir en la orden de traslado a diverso centro Federal, así como su ejecución. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. y, fórmese expediente bajo el número que le corresponda. Ahora, resulta ser un hecho notorio que en los juicios de amparo 604/2011-IV, 101/2014-IV, 1746/2014 y 1588/2014 del índice de este juzgado de Distrito, fueron promovidos entre otros, respectivamente por "*** en el cual obran las constancias de notificación efectuadas a éstos el veinticinco de mayo de dos mil once, veintinueve de enero de dos mil catorce, tres de diciembre de dos mil catorce y cuatro de noviembre del año en curso, respectivamente. Circunstancia que se corrobora al tener a la vista los autos de los referidos sumarios, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que estatuyen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, dado que las rúbricas que calzan el escrito de demanda de cuenta, difieren notablemente con las que obran en las constancias de notificación supracitadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I y 114 fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a los referidos quejosos, para que en la propia diligencia de notificación o dentro del plazo de cinco días, indiquen el porqué de las firmas discrepantes o, en su caso, en el propio acto, las ratifiquen o manifiesten lo que a su interés legal convenga, en virtud de que este juzgado Federal presume que las rúbricas que calzan la demanda que se provee, con las que se da cuenta, no corresponden a las personas que aparecen como promoventes, y dado que ésta constituye la manifestación de su voluntad para accionar al órgano jurisdiccional, es inusual que discrepen en forma tan evidente. Todo lo anterior, en atención a que, de proveer lo conducente en relación a la demanda de cuenta, sin antes aclarar tal situación, es decir, sin tener la certeza que las personas que la promueven efectivamente manifestaron su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del Estado. En esa virtud, agréguese para que obre como legalmente corresponda, copia certificada de las constancias de notificación que se encuentran glosadas en el juicio de amparo 604/2011-IV, 101/2014-IV, 1746/2014 y 1588/2014, aludidas en líneas anteriores, para debida constancia legal. Por otra parte, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que corresponda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, VI y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase a la totalidad de los amparistas para que dentro del precitado plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad, satisfagan los requisitos que establece el numeral 108 de la legislación de la materia, es decir, indiquen los preceptos que conforme al artículo 1º de la ley de materia, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación reclaman; asimismo, amplíen y narren de manera sucinta y cronológica, los antecedentes del acto que por esta vía impugnen y que dieron origen. En el mismo tenor, también deberá: 1. Referir si dentro de una temporalidad reciente han promovido diverso o diversos juicios de garantías, en contra de los mismos actos, o similares al que impugnan a través del presente; 2. En su caso, indiquen los números de juicios con los cuales fueron registrados y ante qué órgano jurisdiccional se llevó su trámite; y, 3. Indiquen cuáles fueron los efectos de la suspensión que, de actualizarse tal supuesto, se hubiere decretado para ello. Lo anterior en razón de que como está planteada la demanda pueden tener al alcance mayores datos de los que fueron proporcionados por la parte agraviada, con el fin de conocer provisionalmente los actos que tilda de inconstitucionales. Se les apercibe a los peticionarios de garantías, que para el caso de no desahogar el primer requerimiento formulado, dentro del término que se les concedió, se acordará lo que en derecho corresponda; en cuanto a los diversos requerimientos efectuados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Finalmente, se les apercibe que para el caso de desahogar los requerimientos de mérito, pero manifiesten hechos falsos u omita los que les consten, en el momento procesal oportuno se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de algún delito. En otro aspecto, debe decirse que a pesar de que los peticionarios de garantías no solicitan de este juzgado Federal el pronunciamiento acerca de la suspensión de plano del acto que tilda de inconstitucional; lo cierto es, que citan el artículo 22 Constitucional, lo que obliga a este órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre la suspensión oficiosa o de plano que establece el diverso numeral 126 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se procede a proveer en los siguientes términos: No se estima procedente conceder la suspensión de oficio y de plano. Convicción a la que se arriba, ya que el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis que prevén lo citados numerales; es decir, de aquellos que ameritan la inmediata intervención de este juzgador, para proveer respecto de éste. El último precepto, regula la procedencia de la suspensión de plano aplicable (según los hechos narrados en la demanda) y, como se aprecia, los actos que ahí se prevén, tienen como característica la pronta e inmediata necesidad -debido a su naturaleza- de actuar para detener su ejecución, con el objeto de evitar la consumación de un perjuicio al impetrante, pero que tengan la singularidad de ser un menoscabo grave y de notoria lesión al bien jurídico tutelado por la norma, pues de lo contrario, el análisis relativo a si pueden ser suspendidos, será materia de estudio en otro momento procesal, no en este auto. Para emprender el análisis en cuestión, es menester hacer referencia a los diferentes supuestos relacionados con el acto que se reclama, a saber: a) Los que ponen en peligro la vida; (.) d) Los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. (.) Ahora, con relación a dichos actos, no obliga al juez de Distrito a suspenderlo de plano, en virtud de que para ello, debe decirse que si bien el acto que refiere los numerales citados con antelación abarcan un parámetro muy vasto, no por esa circunstancia se debe considerar, en automático, inmerso dentro de dicho parámetro a cualquier acto, sólo por el hecho de que así lo califique el solicitante de amparo en su demanda; sino que, en todo caso, es labor del juzgador ponderar si en verdad la ejecución de dichos actos son equivalentes a un riesgo fundado para la vida de los quejosos. Si así fuera, es decir, catalogarlos como de ese tipo (urgentes) nada más atendiendo a las manifestaciones de quien promueve, perdería sentido entonces la tarea conferida al juez de Distrito en los numerales 109 en relación con el 114 de la Ley de Amparo, que no solo faculta, sino que obliga al juzgador a examinar todas y cada una de las demandas que son sometidas a su consideración, para luego, entre otras cosas, prevenir al solicitante, admitir o desechar la demanda. Lo anterior, ya que de la lectura integra de la demanda, hasta el momento no se aprecia que el acto reclamado constituya alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional ya que no se está en presencia de la imposición de penas inusitadas (aquellas que han sido abolidas por inhumanas, infamantes, crueles o excesivas); penas trascendentales (aquellas que afecta de modo directo a las personas allegadas a los sentenciados); así como los demás previstos en el numeral 15 de la ley de la materia (incomunicación e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Estimar lo contrario, es decir, suspender los actos con la manifestación del promovente, causaría un perjuicio con notoria lesión a los intereses de la sociedad y a las disposiciones de orden público; por una parte, porque estas últimas dejan de cumplirse y pierde razón de ser su establecimiento dentro del sistema jurídico mexicano; y por otra, en virtud de que la sociedad está interesada en que las leyes se cumplan, pero sobre todo, en que los centros de reclusión de máxima seguridad, como el de nuestra atención, cuiden celosamente las medidas de seguridad (reduciendo al mínimo los conatos de motín, evasión, fuga de internos, etcétera), bajo los estrictos controles de vigilancia que son requeridos, a fin de que no sea burlada la norma legal aplicable. De acuerdo a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes para que al momento de ser notificados del presente, designen representante común de entre ellos; apercibidos que de incumplir este requerimiento, sin necesidad de previo acuerdo este órgano jurisdiccional federal tendrá con ese carácter a ***. En términos de lo dispuesto en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el indicado. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo señalado en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.

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