Ricardo Gomez Radilla

Expediente 131/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
131/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Gomez Radilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no hizo manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en sentencia de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 112 a 117), este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen ****, únicamente en la parte en la que determinó improcedente aplicar a la demandada, la medida de apremio consistente en una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente. 2. Dicte un nuevo acuerdo en el que con base en lo expuesto en esta sentencia, atienda la petición hecha por ****, en escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete." Determinación que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 131 a 133). 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Atento a lo anterior, al encontrarse en el supuesto del capítulo tercero, punto décimo primero, capitulo quinto, punto vigésimo y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre del mismo año, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO. Por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 131 a 133), para lo cual remite copia certificada del auto de dos de agosto del año en curso, dictado dentro de los autos del juicio laboral 265/2005, en cumplimiento a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la ley en mención, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen 265/2005, únicamente en la parte en la que determinó improcedente aplicar a la demandada, la medida de apremio consistente en una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente. Dicte un nuevo acuerdo en el que con base en lo expuesto en la sentencia de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, atienda la petición hecha por Ricardo Gómez Radilla, en escrito de dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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