Ricardo Gómez Medina
Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Gómez Medina
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual remite un testimonio de la ejecutoria dictada en el expediente Q.C. 59/2023 de su índice, que declaró infundado dicho medio de impugnación que se interpuso contra el auto que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de mayo de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a la quejosa que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, atento a la certificación de cuenta, como la parte quejosa no exhibió documentos en original, notifíquese por medio de lista el presente proveído, asimismo hágasele de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recogerlos documentos exhibidos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, será destruido por el Centro de Documentación y Análisis. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la quejosa, y por oficio al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
- Principal
México, Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto en contra del auto que desecho la demanda de amparo, del que deriva el presente cuaderno e informa que admitió dicho medio de impugnación, el que registró con número R.Q. 59/2023. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que fueran remitidas en cumplimiento a lo ordenado en autos. Por otra parte, visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 100 y 101 de la ley de amparo en vigor, certifíquese todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo para integrar el recurso y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el escrito de expresión de agravios, y en vía de informe justificado, dígase a la autoridad que conozca del citado recurso, que es cierto el acto que se reclama el cual fue dictado ajustado a las disposiciones legales de la Ley de Amparo aplicable. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, y por lista a la parte quejosa
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el expediente D.C. 10/2023, que contiene la demanda de amparo promovida por *****, con cinco copias del escrito inicial de demanda y dos tomos de constancias, toda vez que por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se declaró carente de competencia para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; en consecuencia, acúsese recibo, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase al Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias remitidas, requiriéndole para que en el término de tres días acuse el recibo respectivo; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a diez días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con base en lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. ...REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 49/2023-IV. ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es extemporáneo y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días, partiéndose de la premisa de que la promovente es parte en el juicio. Ahora bien, al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia de los diversos juicios de amparo 1254/2016 y 549/2022-IV del índice de este juzgado, en el que el aquí quejoso, así como Antonio Gómez Bailón y Sara Medina Vélez de Gómez, reclamaron la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario 176/2016, de la que transcribieron los puntos resolutivos, lo que constituye que tenían conocimiento del juicio del que emanan los actos reclamados, puesto que señalaron que no fueron emplazamiento a dicho procedimiento. En auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1254/2016, este órgano jurisdiccional previno a los impetrantes de amparo para que satisficieran diversos requisitos; posteriormente, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por no presentada la demanda, al no desahogar la prevención aludida, proveído que adquirió firmeza el diecisiete de marzo siguiente. Así también, en proveído de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 549/2022-IV, se desechó la demanda de amparo por ser extemporánea, en la que inconforme el quejoso interpuso recurso de queja contra dicho auto, mismo que resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del expediente Q.C. 292/2022, en el que declaró infundado dicho medio de impugnación y ordenándose el archivo de dicho asunto el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós. De lo anterior, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por el ahora quejoso, al menos a la fecha de la presentación de las demandas de amparo que dieron origen a los expedientes 1254/2016 y 549/2022-IV, del índice de este juzgado, lo que hace prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda. De igual forma, robustece a lo anterior, la jurisprudencia número XXII.J/12, registro 199531, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 295, del Tomo V, enero 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se advierte que el quejoso desde el VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, y del DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que ingresó su escrito inicial de demanda de los diversos juicios de amparo 1254/2016 y 549/2022-IV, tuvo conocimiento de la inconsistencias u omisiones del juicio de origen de las que se duele en la presente instancia constitucional. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos del juicio de origen desde los diversos juicios de amparo 1254/2016 y 549/2022-IV; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió en exceso, ya que se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, ha sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PROMOVENTE Sin que haya lugar a tener señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, toda vez que los mismos no son propiamente un domicilio procesal para tal efecto, no obstante lo anterior, se ordena notificarle el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizada a la persona que refiere, únicamente, para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio al Juez Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México, así como al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por medio de lista a la parte quejosa.
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