Ricardo Gómez Gómez
Expediente 583/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ricardo Gómez Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que en treinta de octubre de dos mil diecisiete (foja 23), se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se hizo el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece como fecha para su destrucción a partir del uno de mayo de dos mil dieciocho.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta enviado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que informa que aceptó la competencia declinada a su favor el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 9 a 13 del cuaderno de antecedentes). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este cuaderno de antecedentes, y archívese como asunto totalmente concluido; por tanto, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece como fecha para su destrucción el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Por último, se hace constar que el presente cuaderno no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes.
- Principal
........procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Ricardo Gómez Gómez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de once de octubre de dos mil diecisiete....Vista la demanda de amparo presentada por Ricardo Gómez Gómez, con la cual promueve juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 583/2017-2. -Análisis de demanda - Del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- Señalo como Autoridad Ordenadora al C. JUEZ PROVISIONAL DEL JUZGADO ÚNICO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, con domicilio en calle sur s/n, Col. Bella Vista de esta Ciudad. B).- Al DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PENA Y MEDIDAS JUDICIALES, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en Avenida de los Héroes y Calle de la Libertad s/n, del Centro Cívico de esta Capital. C).- Como Ejecutara al C. DIRECTOR DE CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE EL HONGO I, con domicilio en Carretera Libre Tecate Mexicali km 94, Ejido Baja California en Tecate Baja California" IV. LA OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- La omisión por parte de las Autoridades responsables al no haber dado seguimiento a mi solicitud del Beneficio de Libertad Condicionada y/o Anticipada que se le solicito vía incidente no especificado. La primera al NO resolver dentro del término de 15 días que establece el artículo 161 Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, mi petición promovida vía incidental. De la segunda No ordenar se me realizaran dentro del término de 60 días, los estudios Técnicos, Clínicos, Criminológicos, Psicológicos correspondientes por parte del personal Especializado cada cual en su ramo, y así mismo estos emitieran un Dictamen por escrito, para que así el Juez Ejecución resuelva conforme al termino establecido por el citado articulo 161 Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Judiciales para el Estado de Baja California, y que conforme a derecho proceda resolver mi petición incidental. Y la Tercera al NO realizarme los estudios antes mencionados, lo que ha ocasionado que se viole en todo momento por parte de las responsables mi garantia a recibir justicia pronta y expedita tal y como lo estable nuestra Carta Magna." Al respecto, debe establecerse como premisa de partida que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el amparo, por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Ello fue así interpretado en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." *Énfasis añadido. El precepto constitucional trascrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En concordancia con el precepto constitucional indicado, el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal, derivan las siguientes reglas de competencia que rigen en materia de amparo: a) Por regla general la competencia se determina con base en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutar en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, el quejoso se duele concretamente de la omisión por parte de las autoridades responsables de dar seguimiento a la solicitud del Beneficio de Libertad Condicionada y/o Anticipada, así como la omisión de realizar los estudios técnicos, clínicos, criminológicos y psicológicos respectivos; por ello se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya citado, toda vez que al momento de la presentación de la demanda dicho acto se está ejecutando en la ciudad de Tecate, Baja California, toda vez que se encuentra interno el quejoso en el Centro de Readaptación Social el Hongo I, de dicha ciudad al diverso con residencia en Tecate, Baja California. Si bien es cierto, que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de responder a la solicitud de obtener algún beneficio, es un acto de inactividad que por regla general no trae aparejada ejecución material alguna; sin embargo, tal inactividad ocasiona que el quejoso continúe privado de su libertad personal en el lugar de su reclusión, lo que se traduce en un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; por tanto, al continuar la situación de privación de libertad del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentra recluido y, por lo mismo, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por ello, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, los que ejercen jurisdicción en aquella ciudad. De igual forma, tiene aplicación la Jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 48/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, junio de dos mil cinco, página cinco, de la Novena Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En estas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado habrá de tener ejecución en Tecate, Baja California; por lo que de conformidad con el acuerdo general 3/2013 modificado por el diverso 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tendrán ejecución dentro del ámbito de competencia del órgano de control constitucional en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado en turno, que tenga jurisdicción en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; consecuentemente, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, el juez de distrito en turno con sede en dicha ciudad. Además, que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. A las consideraciones anteriores, es aplicable la Tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 03/2013, apartado cuarto fracción XV, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo pues considera que le corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana; por tanto infórmese de dicha determinación al citado Juez, para que, en términos del precepto legal mencionado en primer lugar, tenga a bien comunicar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en su favor, en la inteligencia que deberá enviarse el original de la demanda interpuesta y copias de traslado, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a efecto de que se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Martín Estrada Gómez y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Huberto Estrada Gómez, por no haber acreditado ante esta autoridad su calidad profesional. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 17628.
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