Ricardo Gaytan Ruiz
Expediente 1860/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1860/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2018
Partes del expediente
- Ricardo Gaytan Ruiz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la comisión de carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6826/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa con el Secretario Jorge Daniel Ochoa Ruiz, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I)Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Gaytán Ruiz, por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1860/2018-III. DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, de modo que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XI, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Tal consideración se expone, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda.". PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. El quejoso tilda de inconstitucional como acto reclamado: Del Agente del Ministerio Público responsable, reclama la negativa para recibir las periciales en materia de psicología ni las testimoniales ofrecidas dentro de la carpeta NUC/TOL/FVG/VTG/107/146631/18/03, que se recibieran testigos, así como demás pruebas. Del Juez de Control responsable el auto de citación para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa 1109/2018. En consecuencia, respecto del primer acto se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior es así, toda vez que en la investigación realizada por el agente del ministerio público en la carpeta NUC/TOL/FVG/VTG/107/146631/18/03, estimó se contaba con los elementos probatorios suficientes para solicitar en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales audiencia de formulación de imputación; petición que realizó ante el juez de control responsable quién la determinó procedente tan es así que citó al justiciable para su desahogo a las doce horas del trece de diciembre del año en curso, esto es, las consideraciones de la representación social fueron avaladas por una autoridad judicial siendo procedente dicho acto procesal y por ese motivo el acto administrativo que emitió la autoridad investigadora se vio superado por el diverso realizado por el juez de control. Es aplicable la tesis publicada en la página 1373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, con número de registro 166233, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Y la diversa tesis publicada en la página 941 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, con número de registro 182879, cuyo rubro y texto es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia." En relación al segundo acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Se expone tal consideración, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: El auto de citación para la celebración de la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa 1109/2018. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y, por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así las cosas, la citación para la audiencia de formulación de imputación reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación, con los cuales se transgreda en perjuicio del promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." De lo que se obtiene que el último precepto legal transcrito, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales de la parte agraviada, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga un sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un sentencia favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre la base expuesta, debe estimarse que la citación para la audiencia de formulación de imputación sin detenido fijada a las doce horas del trece de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta administrativa 1109/2018, el Código Nacional de Procedimientos Penales; no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, porque el pronunciamiento de mérito, ningún perjuicio irreparable le irrogan, pues la orden de citación constituye el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos, la cual, no se puede considerar como un acto de imposible reparación. A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, determinó que la regulación de la citación a la audiencia, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Ello, debido a que en la misma podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Criterio que derivo en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2018828 de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII y XXIII, está última en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, procede desechar la demanda promovida por Ricardo Gaytán Ruiz. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Juan Carlos Romero Arago, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a Raymundo Serrano López en términos de la última parte del último párrafo del citado numeral por no tener registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso.
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